Es un hecho: el juez federal Ariel Lijo es el candidato del Gobierno nacional para ocupar la vacante en la Corte Suprema de Justicia que dejó, hace dos años, la jurista Elena Highton de Nolasco. Es un magistrado con largo historial debido a la trascendencia de las causas que investigó. Es uno de los “doce” de los tribunales de Comodoro Py.

Lijo fue designado en 2004, luego de ocupar el cargo de secretario de la Cámara Federal, en pleno gobierno de Néstor Kirchner, y rápidamente su nombre empezó a sonar en casos políticamente sensibles cuando tuvo a cargo la investigación por supuestas irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA por la cual envió a juicio al expresidente Carlos Menem; al extitular de la SIDE Hugo Anzorreguy y al exjuez Juan José Galeano.

Además, le tocó intervenir en las causas por violación a los derechos humanos durante la última dictadura militar y llevó adelante los casos cometidos en jurisdicción del Batallón 601 del Ejército por desapariciones y aplicación de tormentos.

Otro caso polémico fue el asesinato del entonces secretario de la Confederación General del Trabajo (CGT) José Rucci el cual él investigó pese a considerar que no fue un caso de lesa humanidad.

Mientras investigaba esos expedientes sensibles, Lijo a nivel personal contrajo matrimonio con la hermana del camarista federal, Gabriel Cavallo: Silvia Cavallo, fiscal federal de Quilmes.

Luego le fueron tocando casos sensibles y fue el turno de investigarlo al entonces vicepresidente Amado Boudou, en pleno ejercicio del cargo, por el caso Ciccone,  al considerar que aquel se interesó por la venta de la empresa. Boudou terminó yendo a juicio oral y resultó preso por el caso.

Como desprendimento, Lijo investigó también por un supuesto entramado previo al banquero Jorge Brito, al entonces titular de la AFIP Ricardo Echegaray y al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán.  Y también investigó a exfuncionarios y empresarios por supuesto lavado de dinero por medio de aportes de campaña para el proceso electoral que consagró a Cristina Kirchner como presidenta de la Nación en 2007.

El nombre de Ariel también se vio salpicado por el accionar de su hermano Alfredo Lijo, abogado que trabajó en la Auditoría General de la Nación (AGN) junto a Javier Fernández, sindicado operador judicial en Comodoro Py.

Fue por ello también objeto de críticas y denuncias muy fuertes por parte de la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió, quien lo acusó de integrar una asociación ilícita junto a su hermano y el exministro de Planificación Julio de Vido, para evitar el avance en determinadas causas por corrupción. “Uno, Alfredo, opera con los abogados; y el otro, Ariel, opera con los jueces”, dijo a elDiarioAR un abogado que suele pasillar Comodoro Py.

Pero mientras las balas picaban cerca, el juez Lijo logró blindarse tanto hacia afuera como adentro gozando de la cercanía a su colega de años en los tribunales, la jueza María Servini; y también con un estrecho vínculo con el actual integrante de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti, quien tuvo durante años la presidencia del cuerpo.