Muchos políticos incapaces de abrir su mente a formas comprensivas y armónicas de convivencia suelen recurrir a la justicia atrincherados defensivamente frente a cualquier asunto que no “cuadre” a sus intereses personales.

Disconformes con una realidad que les disgusta, tratan de dilatar así disposiciones que dicen los perjudicarían “gravemente” (sic), enfurecidos por no lograr imponer condiciones respecto de ciertos asuntos en pugna, reclamando derechos de una enorme fragilidad conceptual que convierten los desacuerdos en pujas que terminan en auténticas pesadillas kafkianas.

En muchos de ellos se percibe que no hay deseo de verdad, sino un manifiesto desinterés por asumir la realidad y ciertas evidencias de la naturaleza de algunos asuntos, creyéndose imbuidos de una supuesta superioridad moral y abusando de instrumentos que terminan deformando un mínimo espíritu de convivencia.

El servicio de justicia se abarrota así por la multiplicación de pleitos que podrían ser resueltos mediante acuerdos transaccionales (no necesariamente “consensos” en los que no creemos), donde cada uno de los disconformes cediera su posición irreductible, en busca de alguna forma amigable que lograse satisfacer ciertos egos discordantes.

Estos políticos pretenden imponer así una estructura conceptual que responde a su sentimiento de superioridad respecto de los demás, como si se tratasen de aristócratas que sienten que el derecho “natural” debe estar a su favor, sintiéndose al mismo tiempo como individuos “enciclopédicos” que niegan el valor de cualquier alternativa que se oponga a sus intereses personalísimos.

La estrechez de su campo visual –por decirlo de algún modo-, desaloja de tal modo todo lo que no “entre” en la angosta base de un saber que consideran casi infinito, y les otorga supuestos derechos para imponer la soberbia de sus caprichos.

El servicio de justicia ha quedado así totalmente desacreditado, no solamente por la dilación de las sentencias finales sobre los casos recurridos ante ella, sino por la morosidad del curso de la misma por el abarrotamiento ya mencionado, que convierten las controversias en un festival de impugnaciones maliciosas de litigantes que se sienten imbuidos de un “especialismo conceptual” y se comportan respecto de todas las cuestiones que ignoran con la petulancia de un árbitro inapelable de sus propias razones.

No es el principal abuso de individuos que componen una casta oligárquica. Hay otros. Pero en el caso que analizamos contribuye en grado sumo a la morosidad con que se tramitan asuntos que la mar de veces necesitan resolución urgente en pos del bien común.

Con el tiempo, esta conducta abusiva ha terminado por extenderse a casi todos los diferendos que van surgiendo en el escenario nacional, convirtiendo el “hacer” cotidiano en una verdadera parafernalia que contribuye a mantenernos paralizados desde hace años respecto de lo “esencial”: nadie está dispuesto a aceptar razones, aunque las mismas sean más que evidentes a la luz del sentido común. Un escenario que ha retardado casi “sine die” cualquier esfuerzo de reunificación nacional que permita alejarnos del primitivismo conceptual imperante.

A buen entendedor, pocas palabras.