Tal como fuera anticipado por Tribuna de Periodistas, el conflicto por la quema de pastizales va demostrando ser una verdadera farsa, organizada desde el seno del propio kirchnerismo. Por caso, en las últimas horas trascendió que uno de los prófugos por la quema de pastizales es José Antonio Pazzaglia, testaferro del intendente de Baradero Aldo Carossi, no casualmente perteneciente al Frente para la Victoria.

   Pazzaglia, por si cabe alguna duda, sería el causante de casi la mitad de los focos de incendio producidos en las últimas semanas.

    Tan es así, que un abogado llamado Fernando Enrique Bogado, perteneciente a la Coalición Cívica ha efectuado una denuncia contra él por su cercanía con Carossi. Por tal motivo, la Justicia decidió allanar la Municipalidad de Baradero y las oficinas del estudio que Carossi posee en la Capital Federal. De hecho, el propio jefe comunal habría permanecido demorado por el término de una hora en la comisaría local.

    Para acrecentar las sospechas, según averiguaciones efectuadas por la agencia de noticias Nova, existen propiedades en el Delta del Paraná que fueron adquiridas por Carossi de modo “poco claro”, cuando éste ejercía su profesión de abogado, y a través de diversas maniobras legales se habría quedado con esos terrenos que anteriormente pertenecían a peones que trabajaban la tierra.

    Amén de esta posible relación con Carossi, diversos vecinos de Baradero hablan del “estrecho vínculo” que ligaría a Pazzaglia con Ricardo Montesanti, ex jefe comunal local y actual diputado bonaerense, antes del PJ, hoy del FPV.

    "Un dato importante es que a Carossi siempre se lo sindicó como hombre de 'fuertes vínculos' con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien a raíz de estos terribles incidentes y a sabiendas del daño provocado por la quema de pastizales, le habría 'soltado la mano', como habitualmente se menciona el hecho de dejar librada su suerte a las decisiones, en este caso, de la Justicia ordinaria", finaliza Nova.


Apretar el gatillo

    En las últimas horas, el fiscal Guillermo Marijuan denunció al dirigente de la Federación Agraria Argentina, Alfredo de Angeli por la presunta comisión de los delitos de "acopio de armas" e "incitación a la violencia" por haber dicho a un matutino que en el corte de rutas de Gualeguaychú durante el paro del campo había armas. No es casual que esos dichos hubieran aparecido en el diario Crítica de la Argentina, de Jorge Lanata, tan proclive —como ha demostrado sobradamente este sitio— a operar a favor del kirchnerismo en el tema del campo (1).

    La desmentida de De Angeli no tardó en llegar: "No tengo ni un cuchillo para comer asado”, aseguró del ruralista, al tiempo que exigió escuchar la grabación exacta de la frase que se le atribuye en torno a que había gente armada para resistir el corte de rutas.

    Llama la atención la rapidez con la que se ha movido la Justicia a la hora de perseguir al ruralista. Sobre todo cuando se compara con la falta de respuesta oficial frente a los agravios de Luis D'elía contra los "blancos" (¿Qué pasó con el INADI que aún no ha tomado cartas en el asunto?) y la golpiza propinada por sus huestes en plena Plaza de Mayo.

    Es sabido que el D'elía y sus muchachos poseen armas —algunas autorizadas por el Renar, la mayoría no— y nadie hace nada al respecto. Ni Marijuán ni ningún otro fiscal se ha animado a tomar cartas en este asunto, aún cuando hace pocos años el ex piquetero tomó una comisaría de manera violenta y con esas mismas armas.

    Son postales de un país que pondera el doble discurso y no sabe reconocer sus propias contradicciones.

Carlos Forte

(1) Ver https://periodicotribuna.com.ar/Articulo.asp?Articulo=3648