El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger acaba de dar una primicia conocida. No, no: no es una contradicción en términos. El ministro simplemente dio a conocer un episodio puntual de una de las tantas maniobras de corrupción del kirchnerismo en definitiva para quedarse con “vueltos”, porque nadie podría creer que los montos que hay en las cajas que atienden a los discapacitados siquiera se acercan a las cantidades de dinero robadas por esa banda hurgando en botines muchos más dulces que el de esas minucias. Pero, después de todo, ¿cuál podría ser la sorpresa luego de haber sabido que estos personajes hasta truchaban las facturas de los hoteles de cadenas importantes (que utilizaban en sus giras oficiales) para darle apariencia de legalidad al robo de unos cuantos desayunos?

Sturzenegger contó que al llegar al gobierno, en dependencias que hoy están a cargo del ministerio de capital humano, encontraron pilas de expedientes por los que se concedían pensiones por discapacidad a cientos de personas. Eran las sobras de resoluciones correspondientes a lugares a los que no habían hecho a tiempo a llegar antes de que terminara la campaña presidencial. Otros cientos sí habían llegado a manos de sus beneficiarios que las habían recibido en medio de actos políticos de campaña en todo el país.

Sandra Petovello inició una auditoría por la cual se supo que de cada 100 beneficiarios de pensiones concedidas, 78 nunca respondieron a la notificación que les pedía presentarse para justificar su discapacidad bajo apercibimiento de dar por caducado el beneficio. De los 22 restantes, solo 8 pudieron probar que eran discapacitados de verdad.

Pero lo peor es que el otro 14% se presentó asombrado por haberse “enterado” por ese medio de que “cobraban” una pensión por discapacidad, es decir, eran personas cuyos nombres habían sido utilizados para regalarle la plata a otros, seguramente militantes privilegiados con regalos del Estado que pagaba toda la sociedad.

Este era el gobierno del pueblo, nacional y popular.

En Chubut, la Justicia acaba de condenar a tres años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a Cecilia Torres Otarola, ex ministra de Desarrollo Humano y Familia del gobierno peronista de Mariano Arcioni. Según informó la prensa local, a Torres Otarola se la encontró autora penalmente responsable de cuatro hechos delictivos contra la administración pública y tres en perjuicio de particulares.

La investigación había surgido de una denuncia realizada por el contador Martín Sandoval, quien aseguró que la ex titular del ministerio le había pedido parte de los sueldos tanto a él como a dos asesores que habían sido designados por ella, Erica Paludi y Alexis Gangas. Según el Ministerio Público Fiscal de Chubut, las pruebas presentadas habían sido suficientes para acreditar las exacciones ilegales que pesaron en contra de Torres Otarola.

Es decir, la señora contrataba ñoquis a los que luego les sacaba parte de su ingreso ya de por sí irregular. Esos ñoquis también fueron condenados en esta causa conocida como “Ñoquis calientes”. Se trata de Silvana Cañumil, Mara Lorena Rodera, Facundo Solari Rodera y Miguel Ángel Reto Trelles que recibieron una condena de dos años de prisión en suspenso y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación a la administración pública como partícipes necesarios en diversos hechos.

Las irregularidades eran de tal magnitud, que se comprobó que Cañumil, quien percibía un sueldo como empleada de la Legislatura de Chubut, en realidad se desempeñaba como empleada doméstica y niñera en la casa de Torres Otarola, quien de esa manera se ahorraba pagar un sueldo y, además, se quedaba con una parte del mismo. En el mismo sentido, Reto Telles, también con un cargo en el Estado, no era más que el jardinero de la ex funcionaria del gobierno de Arcioni.

Otro ejemplo del gobierno nacional y popular.

En el caso del Estado nacional y en el de la provincia de Chubut (en este caso), la mentira de la banda que robaba con la demagogia del “pueblo” parece haber terminado (al menos por ahora), pero en la provincia de Buenos Aires -que aporta el 40% del caudal electoral de la Argentina- todavía sigue parapetada como quien lo hace en un último refugio al que toma como guarida.

Por supuesto, las prácticas son las mismas. Por ejemplo, frente al drama de inseguridad que padecen los ciudadanos, especialmente del conurbano bonaerense (ese drama humano, demográfico y social creado por el peronismo para explotarlo electoralmente) un tercio de la fuerza policial de la provincia está bajo el estatus conocido como “carpeta médica”.

En Mar del Plata, por ejemplo -una ciudad que debería ser la Niza de la Argentina y que está azotada por el delito- el resultado es que hoy en esa ciudad la reducción de personal ronda el tercio del total de los policías. Eso incluye toda licencia médica, más el personal que regresa No Operativo. Para tener una noción del impacto en el recurso, solo en el Comando de Patrullas hay 120 efectivos con licencia médica sobre un total de 600. Eso deja en 160 el recurso humano por turno, a lo que debe descontarse francos, vacaciones y otros tipos de licencia. Para cubrir los 60 patrulleros se necesitan 120 y en muchas ocasiones no se puede, incrementando el esfuerzo de los que sí trabajan y que, por estrés, tiempo después terminan sacando una carpeta médica, según informó el Diario La Capital que agrega “las licencias médicas en el Estado son un problema para quienes deben gestionar recursos. Y en la policía esto parece estar agravado lo suficiente como para que muchos hablen de “epidemia”… Sin perder de vista que muchos policías realmente necesitan tratamiento médico, hay un aprovechamiento total de esta herramienta. Aquel comisario que diga que nunca tuvo que “negociar” con un policía para que no renueve la licencia y trabaje bajo sus condiciones de carga horaria, miente. De esa manera, se erosiona el sentido de autoridad, algo que parece caer en picada dentro de la fuerza”.

Además, cuando un policía regresa no siempre recibe el uniforme y su arma. Es más, muchos pasan a ser “TNO”, es decir Tarea No Operativa. No hay dependencias sin TNO, lo que significa que no figuran estadísticamente con licencia, pero no se los puede usar más que para tareas administrativas. En realidad, es un recurso perdido.

Repetimos: todo este aquelarre se produce en un distrito desbordado por el accionar del hampa, lo que casi juega como confirmación de los que creen que la izquierda no solo no considera a los delincuentes como tales sino que, al contrario, los hace parte de su plan, en este caso casi como arietes de la “revolución contra la burguesía”.

El pequeño problema es que la “burguesía” son en su mayoría trabajadores pobres a los que matan y roban impunemente por la calle todos los días: pequeñas delicias del gobierno popular, en este caso no nacional sino provincial.

Mientras esta manga de mentirosos no termine como Torres Otarola, condenados e impedidos de presentarse a representar al verdadero pueblo solo estaremos frente a la posibilidad de que en la Argentina no reine la democracia sino la cleptocracia, el gobierno de los ladrones.