Luciano Benjamín Menéndez, el ex general de 81 años que comandó la represión ilegal en Córdoba y otras nueve provincias en la última dictadura militar y antes de la sentencia defendió sus acciones enfáticamente y sin muestras de arrepentimiento, fue condenado hoy a cumplir la pena de prisión perpetua en una cárcel común por ser "coautor mediato" de los crímenes de militantes políticos secuestrados en 1977.
    Antes del fallo, emitido por el Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba, Menéndez, alias "Cachorro", había revindicado la dictadura al señalar a la Argentina como el "primer país que juzga a sus soldados victoriosos" y denunció que "los guerrilleros de los '70 están hoy en el poder".
    Junto a Menéndez, otros ex militares —Luis Manzanelli, Carlos Díaz y Oreste Padován— y un ex agente civil de inteligencia —Ricardo Lardone— también fueron sentenciados a prisión perpetua, mientras tres acusados recibieron penas inferiores: Hermes Rodríguez y Jorge Acosta, 22 años, y Carlos Vega, 18 años.
Todos los condenados deberán cumplir la pena en cárceles comunes del Servicio Penitenciario cordobés, según dispuso el TOF 1.
    Aunque las defensas apelarán ante la Cámara Nacional de Casación Penal, manifestantes y familiares de víctimas que se agolparon en el centro de Córdoba celebraron el final del juicio como un triunfo histórico.
    "Por fin, paz y justicia", gritó una mujer con la foto de su hijo desaparecido entre las manos, mientras otra mujer estalló en llanto diciendo "al final este asesino hijo de puta se va a pudrir en la cárcel por los crímenes que cometió".
    Es que los manifestantes no sólo festejaron la condena en sí en especial contra Menéndez, símbolo del terrorismo de Estado, sino que también estallaron en gritos y loas por la decisión del Tribunal Oral Federal 1 de enviar al ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército y al resto de los acusados a una cárcel común de la provincia de Córdoba, sin privilegios o beneficios por su edad o grado militar.
    Mezclados con los deudos que escucharon la sentencia dentro del recinto estaban el gobernador cordobés, Juan Schiaretti; el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde; la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, y miembros de Madres de Plaza de Mayo, entre otros. Antes de la sentencia Menéndez había redoblado su postura en favor de su accionar represivo: le dijo al tribunal que "los guerrilleros de los '70 están hoy en el poder" y acusó a la Argentina de tener "el dudoso mérito en ser el primer país que juzga a sus soldados victoriosos". El resto, salvo Acosta que eligió el silencio, se declararon inocentes.
    Las palabras de Menéndez fueron el corolario de un juicio oral que se había iniciado el 27 de mayo pasado, para esclarecer los secuestros, torturas y asesinatos de los que fueron víctimas Hilda Flora Palacios, Humberto Brandalisis, Carlos Lajas y Raúl Cardozo, miembros del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), que fueron capturados entre el 6 y el 8 de noviembre de 1977 y asesinados el 15 de diciembre de 1977.
    Los acusados intentaron hacer pasar el asesinato como un enfrentamiento en la esquina de Sagrada Familia y Colón, del barrio Quebrada de las Rosas, y hasta ahora sólo se pudieron recuperar los restos de Hilda Palacios.
    Durante las audiencias, familiares de las otras víctimas pidieron a los acusados que les digan dónde fueron ocultados los restos de sus parientes, pero nunca hubo respuesta.
    Menéndez, Manzanelli, Díaz, Padován y Lardone fueron responsabilizados por tres privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos agravados y homicidios calificados en perjuicio de Palacios, Brandalisis y Lajas, a fines de 1977.
    A Rodríguez, Acosta y Vega, en cambio, no se les adjudican los homicidios cometidos el 15 de diciembre del '77, puesto que según sus legajos los dos primeros habían sido trasladados, mientras el tercero estaba de licencia.
    Hoy, a la hora del veredicto, los jueces Jaime Díaz Gavier (presidente del TOF), Carlos Otero Alvarez y José Vicente Muscará rechazaron los planteos de inconstitucionalidad, nulidad y prescripción y luego dictaron condenas en sintonía con los que había solicitado la Fiscalía.
    Rodríguez, ex segundo jefe del Batallón de Inteligencia 141, del que dependía el grupo que manejaba "La Perla", dijo que las fuerzas militares actuaron "en legítima defensa de la Nación", según el Código Militar, y que su accionar dependió de su superior, el fallecido teniente coronel César Anadón.
    En sintonía con Manzanelli, Rodríguez dijo que no conocía a las víctimas, mientras que Carlos Vega, ex administrador del centro clandestino de detención, dijo: "No soy un asesino, yo nunca maté en mi vida, no he torturado ni tampoco hice maltrato a persona alguna".
    Carlos Díaz y Oreste Padován negaron los hechos, y Ricardo Lardone se jactó de que ninguno de los testigos consiguió vincularlo con los delitos sufridos por las otras víctimas.
    Ahora, Menéndez y el resto de los represores deberán enfrentar otros juicios en Córdoba. Y en el caso del ex jefe del Tercer Cuerpo, tendrá que viajar a otras provincias para responder por otros crímenes de lesa humanidad cometidos bajo su mando. La próxima cita para Menéndez en el banquillo es Tucumán, el 5 de agosto, por la desaparición del senador peronista Guillermo Vargas Aignasse.
    Menéndez, hoy de 81 años, condujo el poderoso Tercer Cuerpo de Ejército y estaba a cargo de la represión en esta provincia y en Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.
    Tenía bajo su mando al Destacamento de Inteligencia 141 'General Iribarren', a cargo del centro clandestino "La Perla", camino a Villa Carlos Paz, considerado con la Escuela de Mecánica de la Armada de Capital Federal dos de las cárceles irregulares emblemáticas de la dictadura.
    También dependía de su jurisdicción el Grupo de Operaciones Especiales (OP3) que perpetraba secuestros y asesinatos.

Mario Poliak