Prudencia, heterodoxia, utilización de herramientas de política arancelaria para manejar las balanzas comerciales, regulación del sistema financiero, seguimiento del tipo de cambio con Brasil, responsabilidad en el gasto.
    Esas son las palabras que, por estas horas, suenan en el seno del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para hacer frente a los coletazos de la crisis financiera internacional que, ineludiblemente, llegarán a estas tierras.
    Es que los efectos del terremoto derivado del "Efecto Jazz", como lo bautizó Cristina en Nueva York, golpearán, ineludiblemente, al país. Por más que se jure y perjure que la Argentina está al margen de la crisis como si fuera una "isla" en el contexto de las naciones, blindada ante los embates de las crisis foráneas.
    La realidad, sin embargo, da señales de alarma que ya son tenidas en cuenta en los pasillos oficiales.
    Por lo pronto, los precios de los commodities sufren una baja importante: La soja cayó de 600 a 360 dólares; el petróleo de más de 140 a 90; mermas similares evidenciaron el trigo y el maíz. Las autopartistas comenzaron a suspender personal. El índice de riesgo país que superó los mil puntos causó también su efecto negativo, más psicológico que real. Pero es otra señal de que el viento de cola está amainando.
    La fuente de financiamiento basada en los impuestos a las exportaciones de cereales y petróleo, pilar del modelo económico actual, se verá, seguramente, afectada.
    "La crisis internacional te pone en un contexto en el que hay que ser prudente con todo. En este contexto vamos a ser reflexivos y prudentes. Desde todos los sectores deberán ser prudentes", se confiesa ante DyN un estrecho colaborador de la Presidenta.
    Quizás esa "prudencia" es la que llevó a frenar el otorgamiento de los 500 pesos como suma fija que reclamaban los gremios como paliativo a la inflación.
    Es que más allá de los discursos públicos, en el gobierno son concientes de que la situación para los próximos meses y el año próximo se perfila delicada.
    "Algunas medidas vamos a tomar. Como por ejemplo regular el sistema financiero y el seguimiento del tipo de cambio con Brasil para garantizar competitividad y evitar especulación", confiesan.
    En ese marco, reconocen que "el gobierno hará uso de un máximo nivel de heterodoxia. Cuando tenga que salir a seducir al mercado de capitales lo hará y cuando tenga que denunciar cartelización del mercado interno, también".
    Algunos de las medidas que la administración K tendrá en cuenta son las siguientes:
    - Seguir atentamente la evolución de la balanza comercial.
    - Utilización de herramientas de política arancelaria para corregir asimetrías.
    - Prestar atención a los sectores automotriz y de commodities.
    - Responsabilidad en no gastar de más pero no aplicar recortes.
    - Mantener el canje con los holdouts.
    En el gobierno dicen no ver "problemas fiscales en el corto plazo, pero sí una retracción en el consumo internacional que puede quitarnos mercados".
    También confían en que los precios de los cereales se estabilicen no mucho más abajo de los actuales, ya que, creen, "la demanda internacional seguirá igual".
    Todo esto apunta a que el 2009 no se complique desde el punto de vista fiscal y, en ese marco, es que desde la administración nacional se ratificó la continuidad del canje para los tenedores de bonos que quedaron afuera de la reestructuración del 2005.
    Con la deuda del Club de París, sin embargo, se produciría un cambio en las formas.
    Cristina anunció en Casa de Gobierno el pago total de la deuda, en una decisión que pareció haberse tomado un poco a las apuradas.
    Ahora, se habla de un pago a "un ritmo más tranquilo". En el plano local, la relación con el campo volvió a provocar dolores de cabeza para la Casa Rosada.
    Luego del golpe más duro que recibió Cristina con la anulación de la resolución 125 por parte del Congreso, el conflicto con el campo había entrado en un impasse.
    Con los precios de los cereales a la baja y la falta de un diálogo entre las partes, los representantes del campo retomaron las protestas. Esta vez con un paro que implica la no comercialización de sus productos, sin cortes de ruta.
    Pero en este caso el gobierno está confiado en que no será igual que antes.
    Dicen tener encuestas en las que el 65 por ciento de la población está en contra de la protesta y que la "mayoría de la gente no sabe qué reclaman ahora".
    Es más, envía un mensaje a los productores contra sus dirigentes al afirmar que si a hoy estuviera vigente la 125, con los precios actuales de los cereales, el 80 por ciento pagaría menos del 35 por ciento de retenciones.
    Frente a los micrófonos invitan al diálogo —lo hizo la propia Presidenta—, pero en privado apuestan al desgaste.
    Lo que no pueden frenar son los misiles que se lanzan desde Miami con el caso de la valija de Antonini Wilson.
    Es que el caso golpea al corazón del equipo que rodea a Cristina.
    Cada declaración de Antonini, María Luján Telpuk y, ahora, también del vicepresidente Julio Cobos, apuntan a Claudio Uberti, ex titular del OCCOVI, y al ministro de Planificación Julio De Vido.
    Y hablar de De Vido es hablar de Néstor Kirchner.
    Las derivaciones del escándalo lejos están de llegar a su fin. Es, sin dudas, el frente más delicado que afecta al gobierno.
    Y a un año de las elecciones legislativas, la oposición aprovechará cada instancia para utilizarlo políticamente.
    De hecho, ya pidieron el juicio político contra De Vido, a quien califican como "el ministro más corrupto que ha tenido el kirchnerismo".
    Más de cinco años de gestión y casos irresueltos como Skanska, LAFSA-Southern Winds, Aerolíneas Argentinas y los subsidios al transporte son una pesada mochila.
    Sin embargo, Cristina y Néstor no son personas que suelten la mano de los funcionarios cuestionados fácilmente.
    Tal el caso del polémico Guillermo Moreno, quien reapareció junto a la Presidenta en la Casa Rosada para anunciar otro incumplible acuerdo de precios.
    La propia Cristina reconoció que es "un poco reduccionista" pensar que Moreno es el responsable de sus actos de gobierno. O sea, es "reduccionista" pensar que Moreno es culpable de la situación en el INDEC o de las apretadas a los empresarios o de la aplicación de acuerdos de precios inexistentes.
    "Yo creo que un secretario de Comercio, el rol que ocupa en un gobierno, me parece que no define cambios per sé, en todo caso me parece un análisis un poco reduccionista o tal vez un análisis demasiado periodístico en términos de la Argentina en donde normalmente siempre se tiende a ubicar en tal o cual persona el causante de tal o cual problema. Me parece que lo importante de cada funcionario, sea un secretario de Comercio o cualquier otro, es ver si se desempeña honestamente, laboriosamente, eficazmente de acuerdo a las instrucciones que emanan de la Presidencia, que, en definitiva, es la última responsable de la conducta de todos y cada uno de los funcionarios y la que decide su permanencia o no".
    Estas fueron las palabras de Cristina en la conferencia de prensa que brindó el 3 de agosto en la residencia de Olivos. Con ellas reconoce, como la lógica indica, que no son Moreno ni De Vido los que deciden cómo actuar, sino que cumplen instrucciones del Poder Ejecutivo. Ese Poder que es encabezado por Cristina Fernández de Kirchner.

Ernesto Behrensen