Se discute denodadamente si se debe o no
bajar la edad de imputabilidad de los menores y no es para menos que se de el
debate en una sociedad donde los delitos más alevosos vienen de la mano de
“chicos” de 15, 16 o 17 años en muchos de los casos, con algunos que miden 1,80
mts y matan a las personas con la frialdad de un sicario colombiano.
Los garantistas de estos “niños” se paran de manos ante la
sola idea de que un juez pueda encarcelar a esos menores que solo guardan su
condición en la edad cronológica, porque en capacidad, fuerza y posibilidad de
dañar a otros con su criminalidad, están por encima de muchos mayores.
Los garantistas también sacan a relucir las condiciones
sociales en la que se desenvuelven los chicos e intentan repartir las culpas
entre todos para mitigar las propias, generalmente como producto de políticas
sociales defectuosas, prebendarias, clientelistas, donde se ha propulsado la
marginalidad, se ha favorecido el tráfico de drogas, el robo y el tráfico de
armas.
De todo esto son culpables inexcusables los sucesivos
gobiernos que tienen nombre y apellido, por lo tanto no es compatible con las
responsabilidades que les caben a los presidentes y a los gobernadores, el
reparto de la culpa entre la gente con el fin de no hacerse cargo de lo que les
corresponde.
Si un gobierno como el actual, donde primero fue Kirchner,
después su esposa los que distribuyeron la política, que llevan seis años de
administración, siguen arrastrando la misma problemática sociales que en el 2003
(o peor), deberían mirarse más el ombligo a la hora de señalar a la “sociedad”
como culpable de que existan marginados y un crecimiento exponencial de la
delincuencia.
Por otro lado el discurso facilista del oficialismo y
los analistas aburguesados en oficinas que constituyen todo su mundo, es
precisamente echar las culpas a la pobreza como si por propiedad transitiva
todos los pobres fueran delincuentes, cuando todos sabemos que quienes
delinquen (aunque el índice vaya en aumento) son extrema minoría y no siempre
está ello vinculado a la clase social.
Ahora bien, también sabemos que las bandas utilizan
jovencitos para hacer tropelías, robos, ajustes de cuentas, crímenes por encargo
etc. Si a eso no le anteponemos un marco legal que implique sancionar como
corresponde la criminalidad de una persona, vamos a quedar a merced de jóvenes
homicidas que matarán y violarán a las familias con total impunidad porque la
edad los exime de la responsabilidad de sus actos aunque sean atroces.
No es por nada que en los países más avanzados los menores
son tratados de acuerdo al grado del delito que cometen, porque en definitiva
son sujetos de derecho y más allá de los largos debates filosóficos que no
terminan en nada sobre si corresponde o no y las difusas “causas sociales” que
se analizan, pasan los años y el delito va adecuando sus formas a medida que
encuentra vacíos legales, la sociedad está siendo matada sin descaro por
delincuentes cada vez más jóvenes y la Justicia sigue mirando el DNI del
criminal, en vez de justipreciar sus actos.
Rubén Lasagno
OPI Santa Cruz