La entonces designación de María José Lubertino Beltrán como presidente del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) constituye la expresión cabal del sometimiento ideológico, político y cultural del actual gobierno nacional y su subordinación a los proyectos de reingeniería social diseñados por la plutocracia mundial imperante en el mundo, pero impulsados por pseudo organizaciones no gubernamentales de carácter progresista, democrático y derechohumanitario, enfrentadas en apariencia a dicha plutocracia pero financiadas incesantemente por ésta última. En este sentido, la realeza británica y el verdadero (y oculto) poder político estadounidense constituyen las fuentes de las que se nutren y se sirven ambas instancias —la corporativa depredadora y su oposición contestataria (pero funcional a aquella)— para imponer su dominio imperialista sobre la totalidad del planeta.
    La neo-funcionaria kirchnerista es presidente del Instituto Social y Político de la Mujer (ISPM) y de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH). Este último organismo es prolongación del primero y su complemento, tal como lo ha afirmado en un reciente pronunciamiento. Si bien ambas organizaciones proclaman ser «no gubernamentales», esta definición es en realidad una verdad a medias, es decir, una afirmación mendaz encubierta, ya que son subsidiadas por organismos públicos, nacionales y extranjeros, o por representaciones de gobiernos extranjeros. En el caso de ISPM, su labor es la de «influir sobre los políticos/as, los legisladores/as, autoridades de los gobiernos municipal, provincial y nacional, periodistas, sindicalistas y mujeres de otras organizaciones sociales y ONGs», «con el objetivo de introducir la perspectiva de género en los medios de comunicación, en la legislación, en las políticas públicas y en todos los ámbitos de construcción de la ciudadanía» (1), para lo cual cuenta con el apoyo de, entre otros, la CEPAL, The Global Fund for Women, Mama Cash, Friedrich Ebert Foundation, Center for Women´s Global Leadership, Ford Foundation, British Council, y  (2). En el caso de ACDH, para promover en forma integral los derechos humanos y los nuevos derechos (¿?), cuenta con el apoyo financiero («colaboraciones») del Ministerio de Salud de la Nación, del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, del British Council, de la Embajada de Canadá, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de las Universidades Nacional de Quilmes y de la Universidad de Buenos Aires, etc. Evidentemente, en ambos casos se trata de organismos formalmente no-gubernamentales, pero que en rigor de verdad operan como arietes o dispositivos de determinadas instancias gubernamentales, nacionales y extranjeras, y cuya mayor fuente de ingresos lo constituyen aportes financieros extranjeros.
    La presencia «financiera o subsidiaria» del British Council muestra a las claras que las entidades presididas por María José Lubertino no son otra cosa que organismos que, consciente o inconscientemente, trabajan al servicio de una potencia extranjera que es nuestra enemiga histórica ancestral. Cabe preguntarse entonces: ¿la Presidente del INADI fue nombrada en virtud de su colaboración institucional con un organismo que depende en última instancia de la realeza británica? ¿el Presidente argentino promueve las relaciones carnales con Gran Bretaña? (3). En este sentido, sería importante conocer en forma fehaciente bajo qué condiciones el ISPM y la ACDH están vinculados al British Council, y cuáles son los compromisos concretos asumidos, firmados y homologados con un poder político cultural extranjero, creado y controlado por el enemigo histórico de nuestro Pueblo y de nuestra Patria.
    1. El British Council es un organismo británico público-privado peculiar, que si bien opera independientemente del gobierno es, al mismo tiempo, controlado por los ministros de éste último. Como todo organismo público nacional no departamental, tiene un departamento gubernamental al que está integralmente vinculado. En última instancia, el BC se rige por una Carta Real (4) y promueve un auténtico y genuino imperialismo cultural anglosajón, por cuanto tiene como objetivos prioritarios «edificar relaciones mutuamente beneficiosas entre las personas que viven en el Reino Unido con las de otros países, e incrementar el aprecio de las ideas creativas y los logros del Reino Unido» (es decir, busca promover e imponer los valores anglosajones británicos en el mundo). En este sentido, el British Council es en esencia un dispositivo cultural al servicio de la política exterior oficial del Reino Unido y de Su Majestad la Reina de Inglaterra, por cuanto es controlado y monitoreado por la Oficina de Asuntos Exteriores y del Reino Unido. Además, dos de los miembros de la Junta Directiva son elegidos por el Secretario de Estado para Asuntos Exteriores y del Reino Unido. El principal aportante de fondos para este organismo «cultural» es el Departamento de Asuntos Extranjeros y del Reino Unido. Significa entonces que, en forma indirecta, los organismo presididos por María José Lubertino, funcionaria del Estado argentino, reciben financiamiento o subsidios de un gobierno extranjero. Cabe preguntarse entonces, en razón del vínculo forjado con el BC, cuyo contenido y alcance desconocemos prácticamente todos los argentinos: ¿a quién responde la neo-funcionaria: a la Reina de Inglaterra o al gobierno argentino, si sus vinculaciones institucionales son con un organismo que reconoce «a la Reina Isabel II como su patrona y al Príncipe de Gales como su vice-patrón? ¿La neo-funcionaria ha hecho algún juramento de lealtad a la Reina de Inglaterra o ha inicialado algún compromiso formal con la Corona Británica?
    Que existe algún compromiso es evidente, por cuanto la promoción de la despenalización del aborto y su financiamiento e imposición en los países pobres del mundo es política oficial de la corona y del gobierno británicos, como lo prueba el siguiente hecho reciente: el 6 de febrero de 2006, la International Planned Parenthood Federation (IPPF – Federación Internacional de Paternidad Planificada, la red abortiva más grande del mundo, fundada en 1952 en Londres, donde actualmente está radicada su casa matriz, presidida desde el año 2002 por Steven Sinding, ex miembro de la Fundación Rockefeller) lanzó un programa abortivo a escala mundial: Safe Abortion Action Fund (Fondo de acción para el Aborto seguro), con un aporte inicial del gobierno británico de 3 millones de libras esterlinas, a través del Departamento para el Desarrollo Internacional (5). En este sentido, la neo-presidente del INADI ha acompañado hasta ahora el plan oficial criminal de despenalización y legalización del aborto promovido y financiado por el Reino Unido.

    2. Por otra parte, el British Council en nuestro país está íntimamente vinculado a la Embajada Británica en Buenos Aires. Evidentemente, se trata de la representación oficial de un organismo extranjero, con sus intereses políticos y estratégicos históricamente en conflicto con los intereses de la Nación. Esto no es para nada criticable, es un dato de la realidad. Lo que sí es criticable y sospechoso es que haya organismos e instituciones «argentinos» que sean subsidiados o financiados por este poder extranjero, para promover y trasponer valores y criterios muy valiosos para los británicos, pero que no responden a nuestra idiosincrasia y a nuestro destino histórico. Por otra parte, suponer que la diplomacia inglesa es garante de los derechos humanos, de la sustentabilidad de la democracia y baluarte del desarrollo y de la paz regional y mundial es una estupidez criminal de primera magnitud. Si financian a «argentinos», es para su beneficio, no para el de nuestra Patria, ya que los objetivos de la Embajada británica son los de «representar los intereses británicos y del Reino Unido».
    Entre los organismos «argentinos» financiados por la diplomacia británica en nuestra Patria se cuentan, por un lado, la Fundación de Estudios e Investigación de la Mujer (FEIM - fundada y presidida por la Dra. Mabel Bianco) (6), y por otro lado, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, presidido por Horacio Verbitsky) (7). También para ambos organismos vale la pregunta: ¿bajo qué condiciones reciben subsidios de un gobierno extranjero, cuando este mismo ha explicitado una política imperialista antinatalista? ¿Se pueden considerar «no-gubernamentales» y «argentinos» a organismos que son financiados o subsidiados por gobiernos extranjeros u organismos vinculados estrechamente a éstos?    
    En el caso del CELS la situación es más preocupante, dado que muchos de sus miembros activos han ocupado y ocupan posiciones de primerísimo nivel en organismos estatales y gubernamentales, como Juez de la Corte Suprema, como Vicecanciller y Canciller de la Nación, como Director de la Biblioteca Nacional, como ministro del Gabinete del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como ombudsman porteña, como Director de Seguridad Aeronáutica, como representante argentino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como Jefe de Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, etc. (8). En otras palabras: a pesar de su pasado «guerrillero» o «combativo», anticapitalista y revolucionario, muchos miembros del Gobierno y del Estado Nacional provienen de un organismo subsidiado o financiado por la Corona y el gobierno británicos, a través de su representación diplomática. ¿Es muy fuera de lugar pensar que alguno de ellos podría haber efectuado algún juramento de lealtad a un poder extranjero? Además, es inocultable la influencia que tiene este organismo mimado por la diplomacia británica (¿y quizás por su servicio de Inteligencia?) en las políticas del Ministerio de Defensa y en la Corte Suprema de Justicia (9).

    3. Por otra parte, ambas presencias británicas en la vida política e institucional argentina se ven acompañadas por la poderosísima influencia de una organización estadounidense, la Fundación Ford, organismo históricamente vinculado a la CIA y controlado actualmente por la familia Rockefeller, que ha volcado en nuestra Patria y en Iberoamérica millones de dólares para solventar campañas antinatalistas y de promoción del aborto, a través de las organizaciones «argentinas» mencionadas y del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD).

    En síntesis: gran parte, si no toda, de la vida política institucional argentina está bajo la influencia de la política imperialista angloamericana, recubierta con el barniz del progresismo izquierdista, socialista y antiglobalizador. Si bien hace doscientos años los argentinos derrotamos militarmente a la política oficial inglesa de invadir nuestras tierras, es indudable que en el plano político y cultural hemos sido su colonia, excepto en algunas breves momentos de nuestra historia. La política antinatalista, contraceptiva y abortista en curso de ejecución forma parte de su estrategia colonizadora, ejecutada por el clan norteamericano que es la cara visible y el operador político de las grandes corporaciones privadas que dominan el mundo a su antojo.
    Alguna vez dijo Eva Perón que «la Argentina dejará de ser colonia o la bandera flameará sobre sus ruinas». Es paradójico que invocando su nombre y su figura, en nombre de los derechos humanos y del progresismo democrático, gran parte del mundo político, incluyendo a prominentes figuras del gobierno nacional, ejecute políticas que consolidan el camino de nuestra postración económica y nuestra claudicación social y política. Quienes hace 30 años invocaban la consigna «Patria sí, colonia no», hoy militan políticamente bajo la consigna «Democracia colonialista, de la mano de Rockefeller y de la oligarquía británica».

José Arturo Quarracino

(1) Cf. http://www.ispm.org.ar/historia/index.htm.

(2) Ibidem y en www.ispm.org.ar/financiamiento/index.htm. Como se puede apreciar, la ISPM está orientada a una labor de influencia exclusivamente cultural, a la medida de la reingeniería social diseñada por los grandes grupos privados de poder, promoviendo una tradición cultural y axiológica extraña a nuestra idiosincrasia, pero sin abordar en lo más mínimo la problemática socio-económica de despojo y empobrecimiento de la mayoría de los habitantes de nuestra Patria y de los pueblos hermanos.

(3) No es una pregunta sin sentido o anglofóbica, teniendo en cuenta la presencia de la petrolera estatal británica en Santa Cruz y en la Patagonia (la British Petroleum Co., dueña del 60% de PanAmerican Energy, asociada a la familia Bulgheroni, dueña del 40% restante).

(4) Aprobada y promulgada por el Rey Jorge VI el 7 de octubre de 1940, y ratificada por la Carta Suplementaria concedida y promulgada por la Reina Isabel II el 26 de noviembre de 1993, en la que se afirma taxativamente que se trata de un «Cuerpo Corporativo constituido» por la misma realiza británica. Sus propósitos u objetivos «caritativos» consisten en: «a) promover un conocimiento más amplio de Nuestro Reino Unido; b) desarrollar un conocimiento más amplio de la lengua inglesa; c) alentar la cooperación cultural, científico-tecnológica y otras educativas entre Nuestro Reino Unido y otros países, y d) promover en cualquier otra forma el progreso educativo».

(5) IPPF, Safe Abortion Action Fund, 2006, en http://www.ippf.org/ContentController.aspx?ID=13469.

(6) Esposa del ex ministro y ex legislador radical Aldo Neri. El FEIM, promotor y partidario de la esterilización quirúrgica, de los planes de contracepción y de la despenalización del aborto, también está subsidiado por el British Council y, entre otros organismos, por el Consejo de Población (fundado por John Davison Rockefeller III en 1952) y por la Embajada de Canadá.

(7) En http://www.cels.org.ar/Site_cels/index.html (consultado el 13 de setiembre de 2006). 

(8) El listado completo se puede consultar en la página web oficial del CELS, ya citada.

(9) ¿Se puede pensar seriamente que ha sido alguna vez revolucionario quien desde hace algunos años, después de oficiar de oficial montonero de inteligencia y colaborar posteriormente con el Proceso de Reorganización Nacional, no sólo forma parte de organismos financiados y controlados por las grandes corporaciones privadas mundiales, por los Departamentos de Estado norteamericano y británico y, con toda probabilidad, por sus servicios de inteligencia, sino que además recibe cuantiosos fondos para fomentar políticas a favor de la consolidación de la democracia y de los derechos humanos?