La Iglesia insiste en que la prevención y la espiritualidad en el tratamiento de las adicciones son el camino a seguir en la lucha contra la droga, en contraposición con la inminente acordada de la Corte Suprema que resolvería que la tenencia de estupefacientes para consumo personal no debe ser sancionada penalmente.
    Los obispos consultados por Agencia DyN ratificaron el "total rechazo" a una normativa en ese sentido, al advertir que aunque sea en un caso, el fallo abriría un "peligroso antecedente" en la jurisprudencia.
    "La droga es un grave problema que no admite dilaciones y exige acciones concretas y sistemáticas de prevención, evitando todo aquello que favorezca la distribución de la droga", repite hasta el hartazgo el obispo Jorge Casaretto, titular de la Comisión Episcopal de Pastoral Social.
    La ofensiva eclesiástica se da en momentos en que crece la polémica por la relación entre el consumo y criminalidad, y recrudecen los reclamos políticos y sociales por un endurecimiento de penas, hasta proponiendo la baja de la edad de imputabilidad.
    Mientras el máximo tribunal estaría a un voto —trascendió— de considerar inconstitucional la ley que castiga la tenencia para uso personal, la única duda sería Ricardo Lorenzetti, la Conferencia Episcopal Argentina trabaja contrarreloj en la evaluación de los resultados de una encuesta sobre adicciones que remitieron a párrocos de todo el país.
    El relevamiento, al que agencia DyN tuvo acceso, interroga sobre cuestiones relativas al consumo de drogas. Entre otras, la gravedad del problema en cada jurisdicción parroquial, y el tipo de droga —marihuana, cocaína, éxtasis, paco, psicofármacos, pegamentos u otras, en ese orden— que se percibe más consumida.
    También intenta relevar cuáles son los factores —edad, pobreza, falta de trabajo, escasa contención familiar u otros— que llevan al consumo, y los principal problemas que, al entender de los párrocos, conllevan las adicciones: Pone en riesgo a los no adictos, destruye familias, aumenta la inseguridad, destruye la persona o profundiza la exclusión.
    Los primeros en responder fueron los sacerdotes que trabajan en las villas de emergencia porteñas, equipo que hoy presentó un documento denunciando que en estos asentamientos urbanos el consumo de droga "está despenalizado de hecho", sin que las autoridades hagan nada por los adolescentes y jóvenes que tienen "veneno en sus manos".
    Los curas villeros, como se definen, criticaron el desconocimiento de ministros y jueces que alientan la despenalización sobre la situación en estos barrios carenciados, y defendieron a sus habitantes de las acusaciones que vinculan a las villas con la delincuencia y el aumento de la inseguridad.
    Frente a recientes fallos a favor de la no penalización del consumo, la Iglesia reiteró esta semana que seguirá trabajando en campañas de prevención de las adicciones, porque advirtió –haciéndose eco de la prédica del Vaticano- no es posible combatir "la droga con más droga", sino con programas dirigidos a rehabilitar al edicto en la vida familiar y social, y a dignificarlo.
    En este sentido, el Foro "De Habitantes a Ciudadanos", que asesora Casaretto, llevó el año pasado al Congreso un anteproyecto de ley sobre prevención de las adicciones, que incluía el juego, pero que quedó congela en otras prioridades legislativas, pese a la promesa de pronto tratamiento en Diputados.
    Ya en noviembre de 2007, la Conferencia Episcopal Argentina presida por el cardenal Jorge Bergoglio alertó que "el narco-negocio se instaló en nuestro país, prospera exitosamente, destruye familias y mata. Nuestro territorio ha dejado de ser sólo un país de paso". Tiempo después se conocieron crímenes con características mafiosas vinculados a luchas intestinas de carteles de la droga, Sinaloa, entre otros.
    Según estadísticas eclesiásticas, el consumo de paco —pasta base de desechos de cocaína— comienza cerca de los 8 años y es padecido por el 47 por ciento de los varones que viven en asentamientos precarios.
    Asimismo, las cifras revelan que la Argentina es el primer país consumidor de cocaína de América Latina, y el segundo en el mundo.

Guillermo Villarreal