El día 29 de mayo de 1998, el entonces Ministro de Justicia y Seguridad Dr. León Arslanián, en el marco de una reforma hoy imposible de sostener, dispuso la prescindibilidad de más de 300 jefes policiales, aduciendo que así se "depuraba" la Institución.

La herramienta utilizada para tal fin fue la Ley 11.880, redactada en el año 1996 por el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Dr. Eduardo Duhalde, y sobre la que, tanto legisladores de la U.C.R. como del FREPASO -aún sin constituir la Alianza que gobernó a nuestro país-, se opusieron terminantemente a su aprobación, por considerarla innecesaria, arbitraria y anticonstitucional. No obstante ello, y por tener el PJ mayoría en ambas cámaras, esa "cosa" se aprobó.

El ex ministro quería crear un "shock". Una señal de que se estaba haciendo algo, pero no le importaba echar a los policías buenos. No le importaba humillar y degradar a quienes dignamente emprendimos esta difícil profesión. Aquí es donde nace el problema: Se han mezclado policías decentes con policías de dudosa conducta. Todos cubiertos por el mismo manto de sospecha. Un gravísimo error.

¿Y el acusador? Uno sólo: El señor Arslanián. El que no quiso analizar caso por caso. El que no quiso concurrir nunca a los pedidos de explicaciones de la Legislatura. El mismo que afirmó y afirma que la seguridad ha mejorado, que el vecino está equivocado y que en su gestión sólo ha habido "sensación" de inseguridad. El mismo señor que huyó del ministerio por su ya indiscutible fracaso.

A lo antedicho hay que sumar la capacidad de mentir mostrada por Arslanián y, por supuesto, avalada por el entonces Gobernador Eduardo Duhalde.

Cuando el Dr. Arslanián emprendió la gran reforma judicial y policial, numerosos jueces y funcionarios públicos de distinto nivel advertían que su puesta en marcha debía ser gradual, con mayor participación, información y capacitación. El Sr. Arslanián, con la soberbia que lo ha caracterizado siempre, desoyó todos estos consejos, y puso en marcha de la noche a la mañana su gran reforma. El resultado: una ola delictiva imparable como nunca antes habíamos visto en la provincia de Buenos Aires. Todo tipo de delitos, entre los que se destacaron, lamentablemente, los homicidios y los robos seguidos de muerte, y lo que es peor aún, con la libertad inmediata de varios de sus autores.

La prensa en general ha transmitido claramente esta situación. El común de la gente lo tiene muy presente, porque hasta el día de hoy no se han encontrado mecanismos concretos para solucionar este desastre.

Pero a todos estos reclamos de la sociedad, Arslanián ha respondido categóricamente que "Sólo hay 'sensación de inseguridad' fabricada por la prensa" y hasta tuvo el descaro de asegurar que de acuerdo con sus estadísticas, el delito estaba descendiendo claramente mes a mes a un ritmo del 7% mensual. (El Día 21-12-98).

Ocurre que un fiscal, el Dr. Carlos Argüero del Departamento Judicial La Plata, tuvo el coraje de investigar las estadísticas que se producían en el seno del Ministerio de Justicia y Seguridad y comprobó que todos las cifras estaban "dibujadas". Las denuncias realizadas por la gente simplemente se mandaban a un cajón con llave. Esto ocasionó, luego de algunas investigaciones, la detención de varios policías (obviamente Arslanián no tenía nada que ver) entre las que debe citarse la quien entonces ocupaba el cargo de Jefe de la Policía Departamental La Plata y hombre de confianza de Arslanián.

La prueba de esta nueva mentira, lo es el hecho de que cuando trascendieron estas investigaciones y sus resultados, los policías de las demás comisarías abandonaron esta práctica de "cajonear" y ocurrió lo que todos imaginaban: Las estadísticas aumentaron un 300%.

El fracaso de Arslanián quedó totalmente al descubierto y su caída sólo fue cuestión de días.

El tiempo ha pasado. Las épocas de gloria del Dr. Arslanián al lado del ex gobernador Duhalde ya son historia y su legado es poco menos que un desastre. Está demostrado que su anterior gestión ha provocado no sólo una ola delictiva como nunca antes se había visto, sino una gran dilapidación de cifras millonarias de dinero en una reforma que naufraga y que ha provocado una catarata de juicios contra el Estado que con seguridad él no piensa pagar.

Hoy, como abogado, se dedica a lo suyo: a defender a delincuentes o a sospechosos de serlo. Uno de ellos: el impresentable Víctor Alderete.