Introducción

    El presente trabajo no se limita exclusivamente a la situación generada con motivo de las bases colombianas, sino que abarca también la alta probabilidad de ocurrencia, a largo plazo, de una futura proyección estratégica militar estadounidense hacia el Atlántico Sur y hasta la misma Antártida Argentina. Proyecto que podría ser parte de una agenda no declarada aún públicamente por los EE.UU. y que, de concretarse, incluiría la instalación o uso de bases en territorios continentales y/o espacios insulares de países vecinos, y/o aquellos usurpados a la Argentina por Gran Bretaña.
    Uno de los países en que el caso Colombia podría replicarse posteriormente es Paraguay, donde no debería descartarse un futuro acuerdo estratégico para el uso de la controvertida base de Mariscal Estigarribia; este caso sería en principio de menor envergadura al que los EE.UU. acaban de firmar con el Gobierno de Alvaro Uribe Vélez, concretado en el marco de una relación bilateral de cooperación militar preexistente de larga data. Basada fundamentalmente en el “Plan Colombia”, encuentra tal relación militar bilateral una plena justificación en la necesidad de derrotar de manera definitiva al narcoterrorismo encarnado en organizaciones como las “Fuerzas Armadas de Colombia” (FARC), el “Ejército de Liberación Nacional” (ELN) y la autodenominada “Autodefensa de Colombia” (AUC). También, a los grupos de narcotraficantes que operan todavía en el país como remanente de los otrora poderosos carteles del tráfico ilegal de alcaloides, como así mismo a las fuerzas marxistas-leninistas, castro-comunistas y trotskistas que atentan contra la estabilidad del país y se expanden desde él a toda la región.
    No obstante y al margen de lo expuesto ut supra, la firma de otros acuerdos de cooperación militar bilaterales de parecido tenor en la región -por ejemplo con Paraguay-, permitiría confirmar que se trata de un eslabón más de la proyección estratégica estadounidense en el Atlántico Sur, hasta alcanzar la región antártica y el mismo Polo Sur.
    Quien escribe estas líneas, también pudo tomar conocimiento de manera fortuita, años atrás, sobre la existencia de estudios de prefactibilidad por parte de grupos inversores extranjeros, que parecían interesados en el desarrollo de un puerto de gran magnitud en La Paloma o en algún otro punto con aguas profundas de la costa de Rocha en Uruguay, incluso más cercano a la frontera con Brasil que el primer lugar mencionado.
    Eso no hubiera llamado mayormente la atención, si en una de las “exploraciones” y sondeos realizados, no hubieran intervenido especialistas vinculados con al menos una firma consultora estadounidense de importancia global, dedicada a proyectos especiales en los campos de la defensa y la seguridad internacionales. También, de operaciones de inteligencia encaradas por “contratistas” de agencias gubernamentales que, por razones obvias, no pueden intervenir de manera directa en los países blanco para tal tipo de estudios e investigaciones.
    Si bien al exponer su preocupación por cualquier presencia militar extrarregional en América del Sur, este autor ha mencionado en diversos medios de comunicación, a nivel hipotético y desde 2005 la probabilidad de instalación de una futura base estadounidense en el Uruguay, optó por no hacer públicas las bases de dichas sospechas, a la espera de mayores indicios de la potencial existencia de planes orientados a concretar este tipo de desarrollos.
    El tenor de ciertos documentos estadounidenses que han tomado estado público recientemente, como el “White Paper - Air Mobility Command - Global En Route Strategy”[1], arroja más luz sobre las presunciones arriba mencionadas, acerca de una futura expansión de las bases colombianas hacia el Atlántico Sur y con alcance hasta el sector antártico.
    Con respecto a la cuestión de los plazos potenciales para tal proyección estratégica estadounidense, cabría agregar que si la base aérea colombiana de Palanquero estará operativa en 2025 -según se anuncia oficialmente-, cualquier expansión posterior como la que aquí se comenta, sería probablemente viable en años posteriores. Sin embargo, tales plazos podrían adelantarse bruscamente en caso de mediar el estallido de una conflagración regional, que los actores estatales involucrados deberían evitar a toda costa, junto a los pretextos que justifiquen futuras intervenciones extrarregionales. Planes desestabilizadores en la región como los desarrollados por el presidente de Venezuela, ya descriptos, no son sino actos casi formales de invitación para una expansión de la presencia militar extrarregional en teatros de operaciones allende Colombia.
    Pero de eso trata precisamente la ciencia de la prospectiva a la que los hacedores de decisiones deberían acudir más a menudo: determinar los grandes escenarios del futuro, con el objeto de adoptar políticas de Estado acordes a las tendencias que conducen a ellos y que cuenten con una mediana a alta probabilidad de ocurrencia.


El acuerdo militar entre los EE.UU. y Colombia

    Aunque todavía no se conocen los aspectos públicos -o reservados pero accesibles- sobre los instrumentos firmados entre Colombia y los EE.UU., es muy probable que el presidente Alvaro
    Uribe brinde en la próxima reunión de la UNASUR mayores detalles que los expuestos a la Presidente Cristina F. de Kirchner durante su reciente visita al país.
    No obstante, el meollo de la cuestión y del escándalo desatado -al margen de los derechos soberanos que permitieron su firma al gobierno de Alvaro Uribe-, no radica tanto en las bases militares mismas, sino en la naturaleza de los documentos estadounidenses en el marco de los recientes acuerdos, que tienen como eje regional al Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los EE.UU. Parece ser ello sólo una parte de la gigantesca expansión de los objetivos para los próximos quince años, consistentes en asegurar la mayor capacidad estratégica de movilidad global aérea en ruta (“Global En Route Strategy”) para las fuerzas armadas estadounidenses.
    América Latina no es una prioridad inmediata como otras regiones altamente hostiles y/o inestables del mundo, que podrían requerir en un futuro no muy lejano un esfuerzo aerotransportado masivo hacia teatros de operaciones bélicas en Asia, Corea, Africa, Eurasia e Indonesia, como afirma el documento mencionado sobre movilidad aérea.
    Desde luego y descartando derechos aceptados por la misma presidente chilena Michelle Bachelet y hasta su colega uruguayo Tabaré Vázquez, la plataforma territorial colombiana -y también sus espacios marítimos llegado el caso-, no sólo permitirían cumplir con las misiones estratégicas brevemente mencionadas en materia de movilidad a escala global, que son ya semipúblicas, sino de hecho convertirse también en un importante espacio de operaciones en toda la región, si las circunstancias políticas así lo aconsejaran.
    El presidente de Venezuela Hugo Chávez Frías, tiene una enorme responsabilidad en lo que acaba de suceder con la extensión y nuevo alcance de los acuerdos militares bilaterales entre Colombia y los EE.UU. No sólo ha montado una extensa red subversiva, para desestabilizar especialmente aquellos gobiernos de la región que no están de acuerdo en cooperar con sus planes de fundar un megaestado en los antiguos territorios de la Gran Colombia soñada por Simón Bolívar. También interactúa con organizaciones narcoterroristas como las FARC para atacar al gobierno de Alvaro Uribe; respalda grupos etnoterroristas como las que operan en Perú y en este caso en una estrecha alianza con su par boliviano Evo Morales; mantiene una alianza estratégica con Irán que incluye al movimiento terrorista Hizballah, a quienes facilita el territorio venezolano para desarrollar acciones que pueden culminar en atentados terroristas en blancos de la región; y ha contribuido a debilitar la lucha contra el tráfico ilegal de alcaloides, alentada entre otras causas por el alto nivel de corrupción en su Gobierno. Como si eso no bastara, ofreció a Rusia el territorio de su país para instalar bases similares a las que ahora reprocha a Colombia, mientras dilapida sumas siderales de dinero comprado armamento al primer país, que a su vez y paradójicamente abona con los jugosos dividendos que obtiene con los negocios petroleros que realiza con sus socios “pitiyanquis”.
    En cuanto a la temida relación y actividades conjuntas con Irán, el punto en común más importante que puede unir las agendas de mandatarios como Hugo Chávez y Mahmoud Ahmadinejad y sus mandantes dentro de la conducción clerical extremista chiíta duodecimana, es la aversión mutua a la agenda política internacional de los EE.UU. y sus aliados.
    Con todo ello, ha servido en bandeja de plata los pretextos necesarios para que el acuerdo sobre las bases en entredicho culminara incluso fortalecido. Ha quedado fertilizado así el terreno para que cualquier acontecimiento de envergadura, mutatis mutandis, permita desencadenar en un futuro una intervención militar estadounidense en cualquier lugar de América Latina.
    Dejando por un momento al margen la guerra contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, que de hecho constituyen graves amenazas que todos los gobiernos de la región deberían enfrentar mancomunada y coordinadamente, el sismo creado por la firma de los acuerdos con Colombia tiene su epicentro en cuestiones geopolíticas y geoestratégicas, que algunos países y especialmente Brasil perciben -no sin razón- que ponen en peligro su seguridad nacional.
    En realidad, todo parecería indicar que el blanco final de la estrategia estadounidense a largo plazo no sería Venezuela sino Brasil. Pero mientras Hugo Chávez utiliza el pretexto de las bases y aparenta batir tambores de una guerra, como parte de maniobras de distracción en el desastroso frente interno de su país, su inteligente colega Luiz Inacio da Silva pergeña la estrategia dirigida a mitigar daños futuros sin levantar mayormente la voz ni la polvareda.
    Analizando la situación desde el prisma de la geopolítica, así como EE.UU. derrocó a Saddam Hussein y ocupó Irak, paso previo a provocar un cambio de régimen en Irán (como afirmó esta autor en la conferencia dada en el Ministerio de Defensa en el marco del Proyecto RAEM en 2007), no sería tampoco descartable que se intente crear un anillo similar en torno a Brasil. Tal vez para cambiar un determinado régimen político y/u ocupar parte de su territorio en un futuro, dado que la Amazonía brasileña o parte de ella se encuentra en peligro por ser un blanco apetecible permanente. Pero por sobre todas las cosas -y sería ingenuo dudar sobre esto-, con el objeto de limitar el acelerado crecimiento y también la proyección continental y global del Brasil como potencia emergente de primer orden.
    La integración de Brasil en el llamado “Grupo BRIC”, junto a Rusia, la India y China, convierte de manera automática a este país en un actor estatal de gran importancia en la arena mundial, cuya gravitación los EE.UU. intentarán controlar con todos los medios a su alcance.


La importancia estratégica de la base colombiana de Palanquero

    Tal vez no puedan conocerse oficialmente los aspectos más confidenciales de los acuerdos de los EE.UU. con Colombia, que incluyen siete bases consideradas “centros operativos de avanzada”, traducción de “Forward Operating Locations” (FOLs) y “centros de seguridad cooperativa”, que viene a su vez de “Cooperative Security Locations (CSLs).
    Afirma asimismo y cándidamente la documentación estadounidense consultada, con referencia a Palanquero, que el Comando Sur se ha interesado en establecer un lugar en América del Sur, que pueda ser utilizado tanto para operaciones antinarcóticos, como para contar con una base desde la cuál estén en condiciones de ser ejecutadas operaciones de movilidad aérea, obviamente globales[2].
    Es en ese punto donde Palanquero cobra primordial importancia, conjuntamente con su aeropuerto “Germán Olano”, identificados como un “centro de seguridad cooperativa” en “misión actual”. Según acredita el Pentágono, el presupuesto base para el proyecto de desarrollo de dicha base colombiana asignado al año fiscal 2010 es de 46 millones de dólares estadounidenses[3]. No se conocen todavía las cantidades anuales estimadas a desembolsar para los años subsiguientes a 2010, como tampoco el monto total de un proyecto que se pretende terminar en 2025.
    Según el “White Paper” citado, Palanquero permitiría cubrir la mitad del continente sin necesidad de reabastecimiento aéreo, utilizando los aviones de transporte militar pesado “C-17 Globemaster III”. Además y según las estimaciones de dicho documento, si se contara con la disponibilidad del combustible apropiado hasta su destino, los C-17 podrían cubrir enteramente el continente, exceptuando la región del Cabo de Hornos en Chile y la Argentina. También se aclara, por si quedaran más dudas, que hasta el momento en que el Comando Sur establezca un plan de empeñamiento más sólido en este teatro de operaciones, la estrategia de poner un “centro de seguridad cooperativa” en Palanquero debería ser suficiente para alcanzar la movilidad aérea en América del Sur[4].
    No se elabora sin embargo qué sucedería con los aviones de combate que despeguen de Palanquero y otras bases, en caso de una guerra declarada en la región, ni tampoco con el resto de las fuerzas armadas, especiales y de seguridad estadounidenses establecidas en las bases colombianas, si se desatara en su plena conjuntez todo el poder militar necesario por parte de los EE.UU.
    La periodista Eleonora Gosman del diario Clarín, en un artículo titulado “Brasil teme que el acuerdo con Bogotá amenace al Amazonas” abordó hace días y con acierto parte de las conjeturas aquí analizadas, agregando irónicamente que para la región hay una "tranquilidad" que se extenderá hasta 2025, fecha en que estaría plenamente operativa la base de Palanquero.
    Pero el proyecto americano también aclara que la estrategia establecida por el Comando Sur para alcanzar los objetivos generales señalados de la “movilidad en ruta” no puede ser estática, y que debe adaptarse a cambios en las prioridades nacionales, al paisaje político y a las restricciones fiscales. Para ese fin recomienda que cada dos años dicho Comando realice una revisión de la estrategia y que con esos resultados podría continuar con ella, ajustarla a recomendaciones o a una puesta a punto basada en requerimientos cambiantes. En síntesis, Palanquero o cualquier proyecto de desarrollo similar de bases en o fuera de Colombia, podrían acelerarse y terminarse mucho antes en caso de guerra o previsiones de conflictos de alta intensidad.
    Debe quedar muy claro que la decisión del gobierno de Alvaro Uribe de firmar los acuerdos con los EE.UU., queda plenamente justificada frente al conjunto de amenazas que enfrenta Colombia y que concretarlo forma parte de sus derechos soberanos inalienables.
    Un capítulo aparte es la alta probabilidad de ocurrencia de nuevos acuerdos bilaterales de cooperación de los EE.UU. con otros países de la región, lo cual podría poner en peligro la soberanía nacional de la Argentina, si se dieran las condiciones y/o pretextos para que se desencadene una intervención militar directa.


Hipótesis sobre nuevas bases estadounidenses en la región

    Otro de los eslabones fundamentales de la estrategia de “movilidad” que podría llegar hasta el Polo Sur (¿nuestra Antártida en peligro?) por parte de los EE.UU., sería muy probablemente la Base Militar paraguaya Mariscal Estigarribia, ya mencionada, que en caso de un acuerdo podría cobrar tanta importancia como la que se encuentra en desarrollo en Palanquero.
    Así como el actual presidente venezolano, por las breves razones ya mencionadas, cooperó sensiblemente para que Colombia profundizara aún más sus compromisos militares con los EE.UU., Paraguay es sin duda alguna uno de los mayores centros criminales de América del Sur, conjuntamente con algunas ciudades limítrofes e interiores del Brasil y, en menor medida, de la Argentina[5].
    No en vano el presidente de Brasil Luiz Inacio Da Silva está realizando importantes esfuerzos para combatir el crimen organizado doméstico, vecino y transnacional, y también muy sutilmente contra el terrorismo islamista que irradia la Triple Frontera, dentro de las grandes limitaciones de todo orden que enfrenta desde el punto de vista político, diplomático, estratégico y táctico-operacional.
    Uno de los principales objetos de ese capítulo de la estrategia brasileña, que muy probablemente continuarán los próximos presidentes, es restringir la capacidad de maniobra de los EE.UU., e impedir que pueda sentar sus reales en Paraguay, so pretexto de terminar con las amenazas del crimen organizado y su convergencia con el terrorismo regional y extracontinental.
    Resulta muy probable que el perspicaz presidente Da Silva, al igual que Itamaratí, una de las cancillerías históricamente más calificadas a nivel mundial, sospechen que si se dieran los pretextos necesarios, como los que otorga Hugo Chávez desde Venezuela, podría quedar colocada en Paraguay una pieza más en la maniobra de cercado de su territorio (percepción similar a la de Rusia en cuanto a la OTAN), aunque públicamente las relaciones bilaterales con los EE.UU. aparezcan más cordiales de lo que realmente son.
    La virtud del presidente Da Silva ha sido comprender precisamente que el combate contra las amenazas multifacéticas y multidimensionales representadas por el narcotráfico y toda forma de criminalidad organizada en la región de la Triple Frontera, no implica aceptar imposiciones de los EE.UU., sino por el contrario defender su propia soberanía nacional. Porque la Soberanía, que es la autoridad suprema del Estado, podría desaparecer por sí sola si no se contara con los recursos humanos y materiales necesarios para proveer a la defensa y seguridad de su país, como cuando las fuerzas de seguridad y policiales del Brasil quedaron prácticamente sitiadas hace pocos años por las organizaciones narcocriminales, tanto en destacamentos como en otras instalaciones fijas de algunos Estados.
    Si hay países de la región que permiten crecer dentro de sus territorios soberanos todo tipo de amenazas criminales contra su defensa y seguridad, al punto de quedar al borde del colapso, podrían verse obligados en un futuro a imitar el ejemplo de Colombia, para preservar su continuidad histórica y terminar con la firma de tratados o acuerdos bilaterales de asistencia militar que incluyan tropas extranjeras en su territorio. Máxime, si tales acuerdos van acompañados por beneficios económicos y bases militares que suelen convertirse en una fuente importante de ingresos, no sólo para el Estado huésped sino también para los lugareños y todo tipo de negocios que proliferan en torno a ellas.
    Continuando con el mismo razonamiento y experiencias observadas por este autor en otras latitudes, si existieran los pretextos suficientes, brindados gratuitamente o como consecuencia de graves errores de discernimiento o cálculo político (caso Saddam Hussein en Irak), podría desatarse la intervención de una potencia extrarregional -con o sin aliados- en contra de uno o más países de Ibero América y/o del sur del continente.
    En cuanto a la Argentina, de suscitarse una situación caótica interna fuera de control, que afectara intereses estratégicos extrarregionales u otorgara simplemente los pretextos necesarios, podría quedar libre el terreno para una intervención directa militar foránea sin permiso alguno; y no necesaria y exclusivamente de los EE.UU.
    Volviendo al gran teatro de América de Sur, la combinación de factores como un Estado reacio a aceptar los compromisos internacionales en materia de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, sumado a la utilización de esas organizaciones como palancas para intervenir en los asuntos internos de otros países por razones de orden geopolítico, y no necesariamente ideológicas, no son sino una generosa invitación a la presencia militar extrarregional.
    El autor de este trabajo compara por ello regularmente la relación entre el Estado venezolano y las FARC en su permanente confrontación con Colombia, con la de Paquistán y el movimiento Talibán, más grupos terroristas musulmanes, utilizados como instrumentos por este último país en sus históricos litigios con la India y Afganistán. En este último caso el resultado ha sido exactamente el mismo que en el primero.
    Los temores de Brasil tienen plena justificación; dependerá en consecuencia del desarrollo de una gran estrategia de seguridad nacional basada en políticas de Estado, que este país logre prevenir las consecuencias de cualquier maniobra de cercado de su territorio soberano.
    Debe tenerse en cuenta además, que la sospechada proyección estadounidense hacia el Atlántico Sur -con una base en territorio continental de algún país vecino de la Argentina o tal vez una isla-, podría colisionar con los intereses geopolíticos permanentes de Gran Bretaña, potencia ocupante de nuestras Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y espacios marítimos adyacentes. Salvo -claro está-, que como en el caso de la Isla de Ascensión y otras bases, no mediara un acuerdo previo entre ambos viejos aliados atlantistas.
    No sería la primera ni la última vez que EE.UU. y Gran Bretaña se enfrentaran en defensa de sus intereses geopolíticos en América del Sur y específicamente en cuanto a la Argentina, como sucedió en las postrimerías del gobierno peronista derrocado en 1955. O por el contrario, que funcionaran como estrechos aliados, tal lo ocurrido durante la guerra entre nuestro país y Gran Bretaña en 1982, en que la Casa Blanca hizo trizas -previsiblemente- el “Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca” (TIAR). Este hecho constituyó el punto de partida del proceso de defunción todavía no aceptado de la Organización de Estados Americanos (OEA), con ese tratado traicionado tanto en su espíritu como en su letra. Institución -la OEA- “capturada” actualmente por los principales socios presidenciales del ultraizquierdista “Foro de Sao Paulo”: Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa y Daniel Ortega, como también por el mismo Secretario General del alto organismo interamericano, José Miguel Insulza.
    Chile sería para esos probables planes de expansión estadounidense un capítulo aparte, porque dicho sea de paso tampoco ha abandonado su propio sueño de proyección bioceánica, que incluye una pretendida soberanía marítima e insular en el llamado “Arco de las Antillas del Sur”, conjunto de pequeñas islas que forman un ambiente específicamente argentino, que une nuestro extremo continental con el área de la Península Antártica que nos pertenece.
    Un riquísimo botín, el arriba mencionado, del cual que muchos actores estatales desearían apoderarse, más allá de lo que ya ha adquirido por la fuerza Gran Bretaña. Es que las riquezas naturales a defender de la Argentina no se agotan en nuestros reservorios acuíferos, ni en nuestra plataforma marítima, ni tampoco en el sur profundo de nuestra Patagonia, sino que llegan también hasta las heladas tierras y mares que constituyen nuestra Antártida.


¿Es Uruguay otro eslabón en la probable cadena de bases estadounidenses?

    Lo dicho a título de introducción sobre el potencial papel de Uruguay como último eslabón en la cadena de proyección estadounidense hacia el sur, es algo que debería estudiarse con bases empíricas más sólidas que lo anteriormente expuesto.
    La instalación de un puerto de aguas profundas en el Uruguay en las décadas por venir, debería contar con la máxima capacidad multimodal posible, porque eso es lo que identifica los grandes proyectos estadounidenses en desarrollo. Si uno intentara compararlo con un modelo actual, por ejemplo, este se aproximaría a la base de Rota en España. En la actualidad es un puerto naval militar de uso compartido, que sirve como lugar de paso para aviones de carga “C-5 Galaxy”, “C-17 Globemaster III”, navíos de guerra y buques de todo tipo de EE. UU. y otros países pertenecientes a la OTAN, que lo usan para repostar.
    A título exclusivamente referencial y con un perfil más futurista, podría citarse el monumental proyecto de Iwakuni en la costa de Aki, Japón, que según el Pentágono permitiría realizar transbordos de barco a aviones o viceversa, maximizando el espacio limitado disponible en ese teatro. En el caso japonés la ventaja radicaría en que el combustible para los aviones sería descargado desde barcos dentro de los confines de la base, reduciendo significativamente los riesgos de seguridad existentes en otros lugares.
    Cuando arreciaban las tensiones creadas por el conflicto no resuelto con la pastera Bosnia y las asimetrías existentes en el Mercosur, crecieron también los rumores sobre una ruptura del Uruguay con el organismo regional, junto a amenazas de negociaciones para arribar a la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con los EE.UU.
    Si en un futuro llegara a presentarse un escenario de tales características -aunque por el momento pueda apreciarse como de baja probabilidad de ocurrencia-, Uruguay buscaría contar con los acuerdos extrarregionales de seguridad necesarios, con el objeto de evadir el peligro de convertirse nuevamente, aunque fuera de facto y no de jure, en una versión actualizada de la antigua “Provincia Cisplatina”. Es que el hermano país oriental debería temer más al ascendente y poderoso Brasil que a la Argentina, cuyas fuerzas armadas están siendo reducidas a chatarra y si esta situación no se revirtiera, tampoco estaría en condiciones de disuadir militarmente cualquier intento de alteración de la condición de Estado “tapón” del Uruguay entre sus poderosos vecinos.
    Esa suerte de necesidad de contar con un patronazgo protector extrarregional por parte de Uruguay, coincidiría con los intereses estratégicos estadounidenses y sus planes de desarrollo de nuevas bases aliadas, en el marco de una dura competencia por el poder -también global-, entablada primariamente contra los actores estatales enrolados en el desafiante Grupo BRIC. Ello, sin mencionar un segundo pelotón de países que ha comenzado a surgir hace tiempo en el horizonte de la arena mundial.
    Una proyección estratégica hacia el Polo Sur por parte de los EE.UU. no es una simple construcción intelectual, sino uno de los objetivos altamente probables de esa superpotencia para un futuro, cuya proximidad o lejanía en materia de concreción dependerá de factores que no resulta posible establecer en un escrito de esta naturaleza.
    La Argentina debería tener en cuenta muy especialmente los riesgos y amenazas a los que podría enfrentarse si prosperara la proyección mencionada hacia el mismo Polo Sur; no sólo en lo que concierne a la defensa de nuestros vastos recursos naturales, acuíferos, pesqueros, etc., sino también a la potencial y definitiva pérdida de territorios y espacios marítimos y aéreos.
    Deberían analizarse indicios existentes y hechos portadores de futuro relacionados con ese objetivo, aunque estos últimos parezcan poco relevantes en la actualidad. Asimismo, monitorear de manera permanente la factibilidad real de un proyecto de tal magnitud y de comprobarse el mismo determinar el grado de probabilidad de ocurrencia, aunque su concreción pudiera hacerse realidad más allá de 2025. También, suponiendo y esperando que la Argentina no ingrese en un estado de desintegración territorial mucho tiempo antes y quede ya para ese entonces poco o nada vital que defender.


Los sospechosos objetivos de la arremetida etnoseparatista mapuche

    A las amenazas y riesgos anteriormente mencionados se han sumado durante los últimos tiempos -como serio factor de desestabilización-, las acciones desarrolladas por activistas mapuches, mediante la ocupación de tierras que incluyen la toma de propiedades fiscales e incluso pertenecientes al Ejército Argentino, entre otras acciones al margen de la ley.
    Las organizaciones mapuches que tantos escándalos y atropellos han cometido recientemente en la argentina y Chile, deben encontrar una firme respuesta legal a su intento de erigirse en un “pueblo originario” de la Argentina, cuando en realidad eso se opone a la realidad histórica de la Patagonia. Esto ha sido muy bien reflejado en un estudio del entonces oficial del Ejército Juan Domingo Perón, escrito entre 1935 y 1936, en el que trata el idioma de los indios araucanos originarios de la región patagónica[6]. Brevemente y para explicar su falta de derechos como “pueblo originario” resulta suficiente recalcar que los araucanos, a quienes hoy se denomina "mapuches", ingresaron a la Argentina desde Chile en 1830, cuando nuestra país ya era una nación independiente.
    Este escrito no pone en duda los derechos individuales de los mapuches como ciudadanos argentinos de varias generaciones, pero jamás las reivindicaciones territoriales que intentan esgrimir, transgrediendo gravemente las leyes y alterando el orden público en cuanta oportunidad se presenta a varios de sus dirigentes.
    ¿Por qué este apartado tan especial y largo sobre los mapuches en un trabajo sobre una potencial intervención militar extrarregional en la Argentina en un futuro lejano, sea esta unilateral o de una alianza del momento?: Por aquello de que “más vale prevenir que curar” y aunque el planteo resulte aún un tanto “futurista”, debería tenerse en cuenta que cualquier situación fuera de control manejada en un futuro por la minoría indígena mapuche de origen foráneo y sus aliados exteriores, podría poner a la Argentina bajo el peligro de que sean aplicadas sanciones según el Capítulo VII de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, que autoriza el uso de la fuerza militar.
    Debería en consecuencia evitarse el reconocimiento de los mapuches como “pueblo originario” de nuestro país, sencillamente porque no lo son, a efectos de desactivar con la debida anticipación el crecimiento de esta nueva y singular amenaza para la defensa y seguridad de la Nación, frente a reivindicaciones carentes de todo derecho y que son violatorias de la Constitución y de las leyes fundamentales de la República Argentina.
    El despliegue internacional de los denominados mapuches, “pueblo originario” de origen chileno y no argentino, que fue responsable del genocidio de los tehuelches, sí originarios de nuestro país y muchos de cuyos dominios ocuparon, permite suponer que existe una coordinación exterior de sus acciones. En qué medida intervienen en ello servicios de inteligencia extranjeros y corporaciones dispuestas a utilizar las causas esgrimidas por los “pueblos originarios”, como sucede en otros países, para hacerse con el control de recursos naturales, es algo que deberían investigar nuestros propios servicios de inteligencia y seguridad en el marco de la legislación vigente.
    Una mención aparte merece el hecho de que el gobierno chileno ha descubierto nexos de organizaciones mapuches domésticas con las FARC, e incluso con extremistas enrolados en la organización internacionalista vasca “Askapena”, nacida en 1987, que opera también en Bolivia, Uruguay, Venezuela y Cuba, entre otros países.
    Cabe señalar que se trata nada menos que de informaciones oficiales del gobierno socialista de Michelle Bachelet y no del de Alvaro Uribe Vélez, a quien tanto se cuestiona por su guerra contra las organizaciones narcoterroristas que operan en su país y también desde bases en países vecinos como Venezuela y Ecuador.
    Si llegaran a darse las condiciones, las acciones etnoseparatistas mapuches podrían pasar del bajo nivel de violencia actual en la Argentina, menor al que se observa estos días en Chile, a fases de lucha más cruentas, incluyendo el uso de tácticas terroristas.
    El debilitamiento de la defensa nacional de la Argentina, acompañado también por el de su seguridad interior, sería no sólo una invitación para que operen dentro de territorio argentino actores estatales y no estatales que nos amenazan con base en la región y hasta en países limítrofes; también el mediano a alto grado de probabilidad de ocurrencia de que veamos una suerte de Palanquero mucho más cerca y rápido de lo que pueda pensarse.
    El presente trabajo quedaría inconcluso, si no se expresara la preocupación y angustia que produce el debilitamiento de nuestro poder militar, que ya ni siquiera es disuasivo, lo cual exige perentoriamente el fortalecimiento urgente del sistema de defensa, que se encuentra en proceso de virtual demolición, acelerada a partir de la reciente reducción presupuestaria.
    Uno de los principales puntos de partida y que debe citarse aunque no pertenezca al sector de la defensa sino al de seguridad interior -extraña división propia de la agenda política del presente Gobierno al nivel de la Presidente y Comandante en Jefe y no de niveles inferiores-, es sin duda quitar a cualquier potencia extrarregional el más mínimo pretexto para establecerse cerca de nuestras fronteras, cumpliendo por nuestra parte con todos los acuerdos internacionales en materia de lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.
    La Argentina debería tal vez entonces y desde su propia identidad nacional, imitar las decisiones inteligentes del presidente Luis I. Da Silva; no la estrategia y actitudes perniciosas de su par venezolano Hugo Chávez Frías, que tanto daño le siguen causando a la seguridad regional.

Horacio Calderón

[1] http://www.au.af.mil/awc/africom/documents/GlobalEnRouteStrategy.PDF

[2] Ibídem.

[3] Pentágono, “DoD FY 2010 Budget Request Summary Justification”, con acceso web en: http://www.defenselink.mil/comptroller/defbudget/fy2010/fy2010_SSJ_Special_Topics.pdf

[4] Op. cit.

[5] Cfr. Calderón Horacio, “Terrorismo y Crimen organizado en la Triple Frontera”, Buenos Aires, 10 de agosto de 2007, con acceso web en: http://www.horaciocalderon.com/Articulos/HC_TBA_Crimenorganizadoyterrorismo.doc

[6] “Toponimia Patagónica de Etimología Araucana” (Dirección General de Cultura del Ministerio de Educación de la Nación), Imprenta Julio Kaufman, Buenos Aires, 1952