La CGT está atravesando uno de sus momentos más críticos desde que su secretario general, Hugo Moyano, la embarcó en su sociedad con el Gobierno kirchnerista.

Durante la primera etapa de los moradores de la Casa Rosada, en la gestión de Néstor Kirchner, las cosas fueron bien a la luz de una reactivación económica que permitió acuerdos por mutua conveniencia que tenían su correlato en avances políticos de los sindicalistas.

Inclusive, Moyano les abrió las puertas a varios de ellos con los que Kirchner en principio no quería saber nada. A tal punto llegó la sociedad, que el dirigente camionero, a la par que conseguía múltiples beneficios para su gremio —merced también a su alianza con el ministro de Planificación, Julio de Vido— tuvo el rol estelar de establecer límites permanentes a las negociaciones salariales anuales, para no entorpecer los planes gubernamentales. Al menos puede calificarse de raro que un dirigente, en vez de soltar lastre, cargue peso para mantener apenas en la línea de flotación los haberes, por más supuesta prudencia que quiera mostrar en las negociaciones.

En síntesis, como quedó demostrado, su conducta sirvió a los planes oficiales, y por ende a los suyos. Y esa tarea incluyó la contención de los conflictos permanentemente, cuando, como también se vio, no eran todas rosas sin espinas en materia de empleo y de salarios.

Durante la primera etapa del Gobierno de Cristina Fernández el libreto no varió, pero aparecieron escollos que lastiman a la central sindical oficialista y, por supuesto, alcanzan a Moyano y los suyos.

El vaivén de los "gordos" alejados de Moyano es un clásico, y ahora se está prolongando la etapa de su ausencia en los claustros cegetistas. Pero ese no sería el punto más complicado.

Hay varios otros, empezando por las dos últimas negociaciones salariales anuales que Moyano impulsó, igual que las anteriores, como una gran paritaria nacional con limitaciones. En síntesis, la inflación se devoró mucho más rápido que antes los aumentos pactados al compás del ritmo impuesto por el líder camionero y sus socios gubernamentales.

También debe contabilizarse el traspié del oficialismo en las elecciones, del cual los dirigentes cegetistas encabezados y fundamentalmente Moyano no pueden despegarse.

En medio del maremoto electoral dos representantes del sector gremial fueron elegidos diputados nacionales, pero son de la propia cosecha de Moyano, lo cual no le hace ninguna gracia al resto, por más que sean sus aliados.

Sin embargo, lo peor todavía no había llegado. A los problemas que le aparecieron en el Ministerio de Salud —donde Moyano puso a un hombre suyo que después lo abandonó y, luego, debió seguir lidiando para mantener su poder— se sumó el gravísimo tema de la llamada "mafia de los medicamentos".

Sin recuerdos cercanos —hay que remontarse a la época de la dictadura—, por ese tema está preso un dirigente de los más pesados del universo gremial peronista: el bancario Juan José Zanola. Pero la lupa de Justicia siguió ampliando su radio de observación y ahora está posada especialmente en el mundo sindical, concretamente en las obras sociales.

El ente de salud de los camioneros, como muchos otros, está en la mira, ya que busca determinarse si está involucrado en negociaciones posiblemente irregulares y hasta qué punto. Pero, además, la obra social de Moyano está también en un expediente judicial donde se analiza un presunto desvío de fondos por el cual se investiga especialmente al ex presidente Kirchner.

Y como si esto fuera poco, surgieron explosivamente los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que avalan el principio de la democracia y la libertad sindical.

En la Argentina es una tradición el modelo de unicato sindical desde que el Justicialismo le dio un status fundamental al gremialismo en la vida política. Los fallos del máximo tribunal, hay que aclararlo, no significan que automáticamente mañana cualquiera pueda crear un sindicato o arrogarse sin ningún requisito la representación como delegado. Hay condiciones que cumplir y el derrotero no es breve. Pero la puerta se está abriendo como nunca había ocurrido y ello tiene especial valía porque la alianza de gremios y gobiernos justicialistas se ocuparon siempre de cerrarla y tirar la llave, para que nadie de otro signo político pudiera ingresar en los exclusivos aposentos sindicales ortodoxos.

Incluso hay situaciones paradojales: hay quienes fueron víctimas de ese monopolio y debieron pelear con uñas y dientes ese espacio para tener participación, y hoy, desde su sitial de aliados del Gobierno, repudian la resolución de la Justicia que simplemente obliga a cumplir con mandatos adecuados a los tiempos modernos.

Porque —y acá hay un punto de una gravedad singular— desde hace al menos dos décadas se están ignorando las resoluciones y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en materia de libertad sindical.

La OIT viene remarcando cada vez más la obligatoriedad de reconocer más de una expresión gremial, cuando se cumple con los requisitos establecidos para acceder a esa representación.

En el curso de la administración kirchnerista se produjo uno de los pronunciamientos más contundentes del organismo supranacional, que avaló a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), a la que el Gobierno de Néstor Kirchner, que en un principio señaló como su favorita, abandonó a su suerte y le retaceó ?igual que la gestión de Cristina Fernández ahora- el reconocimiento y el otorgamiento de la personería.

La Corte apuntó a la Ley de Asociaciones Sindicales sancionada en 1988, después de que el peronismo hiciera naufragar los intentos de democratización gremial impulsados por el Gobierno de Raúl Alfonsín.

Esa norma, letra "sagrada" para el gremialismo peronista, encierra en su articulado precisos condicionamientos y escollos que ?incluso de manera solapada en algunos puntos- impiden la pluralidad. El artículo 52, que prioriza al sindicato con personería por sobre el simplemente inscripto, fue el punto en cuestión vapuleado por la Corte.

Además, el concepto que sostiene el unicato se da de patadas con el tramo del artículo 14 bis de la Constitución Nacional que menciona claramente el derecho del trabajador a la "organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial".

No se trata solamente de cuestiones legales o de destrucción de un modelo, que, justo es decirlo, tiene sus fallas pero también sus aciertos. Se trata también de cuestiones económicas, sociológicas y hasta filosóficas. Por caso, abordar los cambios que se han ido registrando en el mundo del trabajo en el siglo pasado, producidos por efecto de la evolución económica, incluidas las profundas crisis.

La ley de organización gremial ahora en el tapete tiene más de 20 años, pero hay otros principios que vienen sustentándose desde hace más de medio siglo. Y en todo ese tiempo han ido apareciendo nuevas actividades con cambios constantes y fenomenales que merecen ser contemplados, discutidos y planteados entre empleados y empleadores. Y muchas veces es imposible que una misma organización pueda contener bajo su mismo techo a esa multiplicidad y variedad de tareas, cada una con sus particularidades y diferentes rangos de capacidad y especialización.

De todas maneras, la preocupación por el mantenimiento de un status establecido hace más de medio siglo es la prioridad en el horizonte de muchos dirigentes —con el aval de sus aliados en el poder político—, aunque en ello estén implícitos perjuicios para sus propios representados y hasta para el país. Les gusta sostener que la única verdad es la realidad, siempre y cuando esa realidad sea construida por ellos. Pero está claro que hoy les es más difícil seguir manteniendo la exclusiva facultad de esa construcción.

Por eso, si no entienden que deben adecuarse y aceptar cambios e innegables tendencias, la evolución de los acontecimientos locales y mundiales se encargará de seguir corriéndolos del centro del ring, colocándolos cada vez más cerca de las cuerdas.

Luis Tarullo
DyN