Un crimen conmueve desde hace casi tres años a la localidad misionera de Campo Viera. En septiembre de 2001 fue secuestrada, violada y asesinada la adolescente de 15 años Silvia Andrea González, y la hipótesis más firme que manejan los investigadores es que fue forzada a participar de una fiestita con gente muy pesada.
   Uno de los participantes fue nada menos que el hijo del intendente, Dante Willy Ríos, quien fue favorecido por el encubrimiento perpetrado por los policías locales Miguel Silvera (comisario), Pablo Miquetán y Ramón Alejo Zayas (sargentos). Este trío, según una información publicada el viernes 30 de abril en Clarín, desviaron las pesquisas que apuntaban al trucho mencionado antes y por eso la jueza Alba Kunzmann de Gauchat ordenó su detención.
   Gracias a la incesante lucha de la madre de la víctima, Bertolina Maciel, se pudo llegar a este fallo pues se requiere siempre una buena dosis de valentía para obturar un gran manto de oscuridad.


Similitudes macabras

   El 8 de septiembre de 1988, fue encontrado al costado de una ruta en Catamarca el cuerpo mutilado de la adolescente María Soledad Morales. Tiempo después saldría a la luz la causa de su muerte, víctima de una fiestita en la que el sexo forzado, la droga y el alcohol eran moneda corriente en la sociedad top del régimen saadista. Las malas lenguas asegurarían que María Soledad fue sólo un eslabón de una larga cadena, pues esas prácticas aberrantes eran demasiado comunes en las altas esferas de estos estratos semifeudales.
   A pesar del horror que produjo semejante crimen, este modus operandi se repitió constantemente en parte gracias a la desidia de ciertos investigadores que no llegaban al fondo de la cuestión.
   En este sitio se mencionaron las muertes demasiado similares de las dos Natalias, Mellmann y Di Gallo, quienes según fuertes indicios corrieron la misma horrible suerte de Morales y González. Una en Miramar, en febrero de 2001, la otra en Berazategui a finales de diciembre de 2003; pero hermanadas por una hipérbole sangrienta en la que se dan la mano pesados locales y policías bonaerenses. En el primero de estos casos, la sociedad miramarense estalló a lo Fuenteovejuna y obligó de esta forma contundente a que se prestara la debida atención a tan ruin crimen. Pero en el segundo de ellos, con la liberación del supuesto entregador Nicolás Gómez se abre un peligroso impasse que puede desembocar en un punto muerto.


¿Por qué no más allá?

   Tanto los padres de Naty Di Gallo como su letrado, insistieron con que las circunstancias que rodearon la muerte de su hija no obedecieron a las recurrentes casualidades permanentes. Pues puntualizaron que poseen testimonios en los que se evidencia la existencia de casos similares, pero que no tuvieron un desenlace fatal.
   Claro, como no hubo ninguna muerta a nadie le interesa y si se hace la del avestruz, tanto mejor. Como tampoco existen marchas y reclamos masivos a lo Blumberg por el esclarecimiento de esas dos muertes, y que avalen el pedido urgente de una investigación sobre esa contundente denuncia de unos padres que no se resignan.
   ¿Por qué ni la justicia ni la corporación mediática nacional no van al meollo de la cuestión, e investigan sin trabas ni tapujos que está ocurriendo en el conurbano bonaerense, territorio liberado donde parece que vale todo?
   ¿Es necesario que muera otra adolescente más, en el corrupto altar de la connivencia entre política y delito, para que gran parte de la sociedad abra los ojos y se saque el cucurucho de la frente?

    Fernando Paolella