Puja entre sangre y ADN II

Marquevich no solo ordena la extracción compulsiva de sangre a los hijos de la dueña de “Clarín”, sino que también la hace en noviembre de 2001, en el caso que involucra a  Carlos Daniel Feretton.  Germán Stritzler alega  que se trata de su nieto, hijo Carlos Antonio Castro y de Susana Stritzler, secuestrada cuando está embarazada, en 1976.

En mayo de 2002, la Cámara Federal de San Martín ratifica la decisión de Marquevich.

Feretton acepta, mas luego se niega y su defensa basa su negativa en su derecho a la intimidad y en el resguardo de su  integridad como mayor de edad.
El 15 de setiembre de 2003, la sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal, por unanimidad - Ana María Capolupo de Durañona y Vedia, Amelia Berraz de Vidal y Gustavo Hornos- revoca la resolución que ordena la extracción.
Los camaristas concluyen que "no resulta legítimo el empleo de la fuerza pública o de la coacción estatal en cualquiera de sus formas para compeler a un sujeto a someterse a los exámenes genéticos".

En tanto que Berraz de Vidal destaca que "queda en claro que el avance compulsivo sobre la intimidad protegida de Feretton, ordenada por los tribunales de grado inferior, no mediando su consentimiento libremente prestado, conculca sus derechos garantizados por el artículo 19 de la Constitución Nacional, cuyo sacrificio no se encuentra aquí justificado".

La abogada de las Abuelas, Alcira Ríos, firma que "lo esencial aquí es que nadie puede vivir así, sin saber quién es en realidad, aunque el problema para los chicos es la consecuencia que conocer su identidad puede tener sobre quienes los criaron. Los chicos son víctimas, pero nosotros tampoco somos quienes cometimos los delitos de lesa humanidad".  76

Hay un caso similar, el de Evelyn Vázquez. En 1999, el ex marino Policarpio Vázquez admite ante la jueza Servini de Cubría que la joven no es su hija y que cuando trabaja en el edificio Libertad,   en 1978, un conocido le ofrece a una beba para adoptar sin papeles.

En 2001, Evelyn se niega a hacerse el examen. Dos años después, la Corte Suprema le da la razón: se debe proteger su derecho a intimidad.
En 2006, los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers piden condena de prisión para los apropiadores, pero los abogados defensores esgrimen que no se los puede castigar, pues la prueba mayor que tiene la Justicia es la propia confesión de los acusados.

Por ende, la jueza con el apoyo de la Cámara Federal  ordena secuestrar objetos personales en la casa de la joven para obtener datos genéticos.
La directora del Banco Nacional de Datos Genéticos, Belén Rodríguez Cardozo, informa que  el estudio inmunogenético que se realiza en el Hospital Durand arroja una compatibilidad entre los ADN de Vázquez y la pareja –de desaparecidos -Rubén Santiago Bauer - Susana Beatriz Pegoraro de un 99,9 por ciento.
El caso cercano es hace unos dos meses, cuando la Corte Suprema ordena un allanamiento de domicilio para tomar material biológico con el fin de realizar pruebas de histocompatibilidad de dos jóvenes inscriptos como Emiliano y Guillermo Prieto, hijos de desaparecidos.

Puja entre sangre y ADN III

Otro de los temas que no explican la mayor parte de los medios de comunicación es cómo se realiza el examen de ADN. Bien lo detalla el abogado de Abuelas, Alan Iud, en la entrevista que realiza Juan Manuel Fonrouge, para la revista “2010”: “Hay distintas vías. Una es la presentación espontánea. Son hoy jóvenes adultos que tienen 30 años. Se presentan en la sede de Abuelas o en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad en la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, que está facultada para realizar esos análisis. Esa es la vía preferida. Después existen otros mecanismos. Cuando nosotros creemos que un chico puede ser hijo de desaparecidos, lo convocamos y ponemos en su conocimiento las circunstancias. Por otro lado, están los casos presentados a la justicia; los jueces proponen realizar análisis de ADN. En realidad no es una propuesta sino una orden. Han sucedido algunos casos en que los jóvenes no quieren realizarse los análisis. La Corte Suprema resolvió un caso en particular con características muy específicas diciendo que no se podía obligar a realizar el análisis. La propuesta de Abuelas fue recolectar datos de ADN por medios alternativos que consiste en la obtención de determinados objetos personales de los jóvenes de los cuales se obtienen células desprendidas del cuerpo. Los datos se obtienen, obviamente, por medio de la fuerza pública y la experiencia es que ha tenido un resultado muy positivo. De las últimas 12 restituciones 8 fueron por esta vía. Además les quita a los jóvenes la carga de tener que tomar la decisión de someterse al análisis de ADN”. 77

[La negrita no pertenece al texto original]

En el casó específico de los hijos de la viuda de Noble “se ha ordenado un análisis de ADN en el Cuerpo Médico Forense con sólo dos grupos familiares (…) es doblemente llamativo, doblemente irregular. Porque el análisis se estaría practicando en una institución distinta a la que ordena la ley 23 511 que creó el Banco Nacional de Datos Genéticos para los que buscan a hijos de desaparecidos. Es el lugar que la ley ordena. La ley dice que cuando se investigue la identidad de un joven por desaparición forzada tiene que realizarse en el Banco Nacional de Datos. En este caso la justicia ordenó que se realice en el Cuerpo Médico Forense. Este organismo pertenece a la Corte Suprema pero está muy cuestionado. De hecho la Corte Suprema lo ha intervenido y está realizando una auditoría. El Cuerpo Médico Forense no está haciendo este tipo de análisis y lo deriva a laboratorios privados. Porque no cuenta con las herramientas que pide la justicia. Es una grave excepción. La otra gravedad es sólo el pedido a los dos grupos familiares cuando se podría haber hecho con otras familias”. 78

Asimismo, informa Iud sobre ciertas irregularidades en el caso Noble: “La secuencia es la siguiente: en el año 2004 se ordena el análisis en el Cuerpo Médico Forense y las querellas apelan; la Cámara Federal de San Martín resolvió que las pruebas de ADN tenían que hacerse en el Banco Nacional de Datos Genéticos; Marcela y Felipe Herrera apelaron; la causa pasó a la Cámara de Casación Penal y allí hubo una serie de vericuetos que hicieron que pasara a la Corte Suprema; la Corte le pidió a la Cámara que tenía que expedirse; finalmente la Cámara confirma la resolución de primera instancia en la cual el examen de ADN tiene que hacerse en el Cuerpo Médico Forense. El fallo contradice a otro de la misma Cámara de Casación de un mes antes donde dice que el análisis debe hacerse en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Cambiaron su jurisprudencia en un mes. Este fallo quedó confirmado este año, por eso la causa vuelve al Juzgado de Instrucción y el juez ordena una serie de declaraciones testimoniales que hacen a la reactivación. De todas maneras el análisis en el Cuerpo Forense se tiene que concretar. Nosotros como parte querellante pedimos que intervenga un perito de partes. Eso fue rechazado por el juez arbitrariamente lo que originó una apelación. La Cámara le dio la razón a Abuelas de que el perito tenía que intervenir. Estamos a la espera”.  79

Por su parte, los defensores de los hijos de Herrera de Noble, Alejandro Carrio y Horacio M. Silva explican que “al acceder voluntariamente al examen, hace ya más de seis años, Marcela y Felipe Noble Herrera renunciaron a un aspecto de suma importancia vinculado a su propia identidad en pos de terminar la cuestión penal que involucra a su madre y hacer cesar el estado de incertidumbre de las familias querellantes. Pero lo que no desean es permanecer indeterminadamente expuestos a juegos de poder y a reglas cambiantes cuando es su propia salud psíquica y emocional la que está en juego”.  80

Abuelas querellantes

A fines de 2007, las Abuelas piden al juez de San Martín Conrado Bergesio ser parte querellante en la causa que se tramita en su juzgado desde 2004.
En 2008, la Cámara Federal de San Martín autoriza a las Abuelas se sumen como querellantes a la “noble causa” que investiga si Marcela y Felipe son hijos de desaparecidos.

Esta autorización permite

a. que Abuelas pueda exigir que el análisis de ADN se practique con la totalidad del Banco Nacional de Datos Genéticos y no sólo con las dos familias de desaparecidos que se presentan en su momento como querellantes. Tan es así, que en la causa nro. 2270, caratulada: “Barnes de Carlotto, Estela en representación de la Asoc. Abuelas de Plaza de Mayo” se aclara que “el hecho de que miembros de esas familias [ García-Gualdero y Lanoscou- Miranda]  decidieran presentarse como querellantes no puede interpretarse como elemento para descartar que Marcela y Felipe guarden en verdad vínculo biológico con otras de las familias que recurrieron a Abuelas de Plaza de Mayo para encontrar a sus nietos. Es decir, que una o dos familias sean querellantes no autoriza a ceñir esta investigación penal a esos casos en particular”.  
Esto para evitar la estrategia de los abogados de Noble de limitar el análisis comparativo sólo a las dos familias mencionadas y en caso de que no tengan relación biológica se caiga y cierre la causa. Abuelas pide comparar las muestras con todas las familias posibles.

b. acelerar la causa ya que como dice el abogado de la institución, Alan Iud, “En los últimos años no existía la posibilidad de presentarnos como querellantes porque la causa estaba literalmente frenada. Desde que el juez Marquevich fue removido de la causa el juez que actualmente interviene, Conrado Bergesio, dispuso la medida que te comentaba. El análisis de ADN de Felipe y Marcela Noble sólo con un grupo familiar cada uno fue apelado por las familias querellantes, fue resuelto por la Cámara Federal de San Martín, fue apelado por Marcela y Felipe, resuelto por la Cámara de Casación, pasó a la Corte Suprema, luego volvió a la Cámara y de nuevo a la Corte Suprema.

Estos cuatro pasos insumieron cuatro años.  81 (Continuará)

Néstor Genta