La Iglesia Católica Argentina sigue con “extrema preocupación” la tensión entre los habitantes de la Casa Rosada y los representantes de los poderes Legislativo y Judicial, como consecuencia de la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia de la presidenta Cristina Fernández, que ordena al Banco Central de la República Argentina (BCRA) girar fondos al Poder Ejecutivo, según expresó públicamente para el pago de obligaciones de la deuda externa del país.

En este contexto planteado en el plano nacional, los obispos ya dicen que advierten “una situación de crisis institucional”, o al menos “un clima democrático enrarecido”, por lo que prevén pronunciarse la semana próxima cuando se reúna por primera vez en el año (el próximo martes 9 de marzo) la Comisión Permanente del Episcopado que conduce el Arzobispo de Buenos Aires, cardenal Jorge Bergoglio.

“Estamos preocupados, más que preocupados. Sin duda algo vamos a decir. El problema ya se fue del cauce estrictamente político. Se está poniendo en riesgo la institucionalidad del país”, dijo un habitual vocero episcopal.

Esa inquietud eclesiástica no se circunscribe sólo al estilo “altanero, prepotente y de confrontación” que, según los obispos consultados por el periodismo, utilizó la Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner en los últimos discursos para defender sus decisiones, sino también a cierto funcionamiento “enrarecido” del cuerpo legislativo.

Desde el ámbito de la Iglesia Católica Argentina ponen en duda que la movida de los políticos y dirigentes opositores para apoderarse del control del Congreso Nacional, vaya a inaugurar la “normalidad democrática”, como se jactan los antikircheristas en la Cámara alta.

Ni tampoco pueden asegurar que esa nueva conformación legislativa pueda afectar los intereses económicos del país, como amenazó el senador Miguel Pichetto.

“Siempre hay que respetar la decisión popular, que en junio de 2009 votó un nuevo esquema de poderes parlamentarios. Pero los excesos, de uno u otro extremo, son malos”, comentó un veterano prelado.

Mientras el Episcopado evalúa la redacción del probable pronunciamiento, a conocerse a mediados de la semana próxima, posiblemente entre el martes o miércoles, el presidente de la Comisión Nacional Justicia y Paz, el laico Eduardo Serantes, ya le acercó al obispo Jorge Casaretto, asesor de ese organismo, una suerte de borrador que contiene una lista o un repaso de consideraciones sobre esta crisis institucional.

El texto será analizado el lunes de la próxima semana para su posterior difusión, a través de los medios de prensa.

Pero, ¿qué puede decir la Iglesia?

Tal vez nada nuevo. Lo más factible es que repita consideraciones de anteriores documentos, en particular de “La Nación requiere un gesto de grandeza”, de junio de 2008, y “Hacia un bicentenario en justicia y solidaridad”, de noviembre de 2008.

Este último considerado una suerte de “programa de acción” propuesto por los obispos a la sociedad argentina en su conjunto, para llevar a la práctica en el período 2010-2016.

Un lapso que la Iglesia evalúa como una oportunidad única para consensuar políticas públicas que, con fundamento en la Constitución Nacional, favorezcan el bien común, la justicia, la solidaridad.

Los obispos estudian insistir -anticiparon fuentes eclesiásticas- en la necesidad de abrir instancias de diálogo, además de demandar una autonomía “real y auténtica” de los poderes del Estado, independencia que consideran “imprescindible” para el ejercicio de la democracia.

Asimismo, recordarán al gobierno central que “le corresponde mirar al conjunto de la sociedad, buscar el bien común, y procurar ‘soluciones’ para que la actual situación no pase a mayores”.

Además prevén subrayar, trascendió, que “el gobierno no es cosa exclusiva del Poder Ejecutivo, porque la efectiva independencia de los poderes Legislativo y Judicial es un punto clave de la plena vigencia del estado de derecho”.

Según se adelantó, también exhortarán a los legisladores a “tomar conciencia de la misión fundamental que deben cumplir en este momento, porque tienen la responsabilidad de representar a los ciudadanos en la búsqueda de la verdad y del bien común para lograr la ansiada paz social”.

Mientras el Episcopado busca las palabras más adecuadas para pronunciarse sin herir susceptibilidades, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (Acde) advirtió por estas horas que el Poder Ejecutivo hace un “uso indebido” de las facultades que le confiere la Constitución Nacional para dictar Decretos de Necesidad y Urgencia.

La organización empresarial hizo además un llamado a defender “las instituciones y la transparencia en los procesos de gobierno cualquiera sean ellos”, y consideró que las recientes acciones gubernamentales “provocan un clima de inestabilidad y crispación, generando pérdida de confianza y credibilidad en todos los sectores de la sociedad argentina”.

Guillermo Villarreal
DyN