En un escenario de "zonas grises" entre derechos y deberes de maestros y funcionarios, por estos días el sindicalismo docente se unió y calificó de "anticonstitucional" y acusó de "cercenar derechos laborales" y "fulminar el reclamo democrático" a las resoluciones del Consejo Federal de Educación de aplicar descuentos por días de huelga y ampliar el calendario escolar.

Hasta CTERA, aliada del gobierno nacional, amenazó con recurrir la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ante las últimas disposiciones del Consejo Federal.

El ministro de Educación nacional, Alberto Sieloni, y los de las 24 distritos del país que integran el Consejo Federal acordaron que a partir del ciclo lectivo 2010 se descontarán días de paros o ausencias injustificadas, elevar a 190 días de clases y controlar el ausentismo de alumnos y docentes.

Eso fue considerado por el magisterio como una "intromisión" y una decisión "unilateral" e "inconsulta".

Las agremiaciones docentes nacionales UDA, CTERA y sus ramas bonaerense SUTEBA, la porteña UTE y la cordobesa UEPC y la FEB, entre otras, se encargaron de delimitar su territorio, defender sus "derechos constitucionales" y legitimar medidas de fuerza, si las jurisdicciones "no están al día con el pago de los salarios o no convocan a paritarias" y si "las escuelas no están en condiciones de dictar clases".

Por otro lado, el ministro de Educación Sileoni y sus pares de las 24 jurisdicciones del Consejo Federal también se unieron.

Más allá de los colores políticos de gobiernos como los de San Luis, Santa Fe, Tierra del Fuego y Capital Federal respecto a la Nación cuyas diferencias no existen en el ámbito del Palacio Sarmiento- decidieron descontar como cualquier empleador los días de huelga y desconocer los conflictos en distritos donde se superó el piso salarial fijado por la Nación en la paritaria de febrero, de 1.740 pesos en marzo y 1.840 en julio.

Sileoni fue claro y no utilizó demagogias con el sindicalismo y expresó su "solidaridad" con las provincias que reciben "agresiones que no se compatibilizan con la democracia".

Ello fue en alusión a Tierra del Fuego, Jujuy y San Luis, donde no empezaron el año lectivo, y a Santa Fe, donde el magisterio tras un mes de paros aceptó una suba salarial de casi el 23 por ciento sobre el sueldo inicial de 1.800 pesos.

"Nos parece bien que se dialogue y discuta sobre los salarios pero de allí a la intemperancia de los escraches y las actitudes que sufrieron funcionarios y sus familias hay una gran distancia. Ese no es el camino", añadió tajante Sieloni.

Más allá de los tribunales internacionales laborales, con los que amenaza CTERA y el Estatuto del Docente que levantan las agremiaciones del magisterio, hay que acudir a los últimos fallos judiciales que se pronunciaron sobre quitas salariales.

La Ciudad de Buenos Aires históricamente, y no desde la actual gestión del macrismo, descontó los días de huelga y a pesar de las quejas no hubo presentaciones a la Justicia, a excepción de los sindicalistas de UTE, que recibieron un dictamen favorable tras idas y venidas en la causa contra el Gobierno porteño, según las diversas instancias y apelaciones.

Pero ello fue antes de la decisión del CFE de permitir los descuentos.

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo platense, por estas horas, dejó sin efecto una medida cautelar del juez Luis Arias que impedía el descuento de días de huelga y habilitó al gobierno de Daniel Scioli a seguir con su política de quita salarial a quienes adhieran a medidas de fuerza.

Arias había resuelto en febrero favorablemente una medida cautelar presentada por la Unión de Docentes de Buenos Aires y ordenó a la Dirección General de Educación se abstuviera de descontar los 11 días de paro realizados en 2009.

La jefa de la numerosa Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, recordó que "en la Provincia sufrimos importantísimos descuentos, que se realizaron de una sola vez, lo cual impactó en los deteriorados salarios de los docentes".

"Esta es una manera arbitraria de poner freno al legítimo ejercicio de los derechos de los trabajadores", agregó.

Anticipó Petrocini que realizaron "varias presentaciones ante la Justicia por este tema y también ante la OIT" (como CTERA) y recordó que el organismo internacional "recomendó a la Provincia que cumpliera con el artículo 39 de la Constitución, el cual establece la creación de Tribunales Especializados en la resolución de conflictos" y que "hasta el momento, se trabajó sobre cuestiones de formas, pero no se avanzó".

¿Qué dice a todo esto CTERA, cuestionada por lo bajo y lo alto por algunas seccionales provinciales, por su "tibieza" ante los conflictos docentes y por acordar "un piso bajo" salarial, que ya estaba superado en varios distritos?

La conducción que lidera Stella Maldonado manifestó su "rechazo" a la decisión del CFE de acordar el descuento de los días de paro "como un intento de cercenamiento del derecho de huelga" y adelantó que analizará una presentación ante la OIT.

"Los dispositivos de recuperación de días de clase por problemas ajenos a la voluntad de los trabajadores deben ser acordados en negociaciones paritarias con los gremios docentes e incluir el pago de horas extras", aseveró la central docente.

Respecto a la reformulación de los calendarios escolares CTERA dijo que "el incremento de unos pocos días de clase no resuelve la mejora de la calidad educativa".

Además, exigió "el cumplimiento de lo pautado por la Ley de Educación Nacional: la mayoría de las escuelas deberían ser jornada extendida o completa y esto duplicaría horas de clase".

Para el sindicato, el calendario del ciclo lectivo "es uno de los temas de agenda paritaria" y rechazó "las decisiones unilaterales que legislen sobre el trabajo docente".

Desde Córdoba, el secretario Gremial de la combativa Unión de Educadores de la Provincia (Uepc), Oscar Ruibal, aseveró que las medidas "preocupan porque el Estado debe cumplir en primer lugar con sus obligaciones y respetar la ley y los días de clases".

Se trata, dijo, de "una especie de toma y daca" donde el Estado "cree que puede garantizar días de clase si no paga salarios ni mejora las condiciones de trabajo".

Laura Hojman
DyN