Apenas el matrimonio Kirchner pisó el escenario político se presentía que la que daba las órdenes en ese binomio, era ella. La segunda presidencia matrimonial y la primera de Cristina Fernández dejo vislumbrar que las cosas no eran tan así. El conflicto con el campo sirvió para dejar en evidencia los roces y diferencias entre ellos, aunque muchos afirman que su matrimonio es una puesta en escena digna de los “matrimonios Reales” ya que su convivencia estaría interrumpida hace mucho tiempo.

Podría afirmarse que las ideologías nunca son lineales, que es mucho más viable pelear por un ideal que practicarlo y que el modus operandi corriente de todo político es programar y prometer situaciones que luego no van a cumplirse; pero las contradicciones de Cristina son obvias sobremanera, con un corto período entre una y la otra y por supuesto, muchas veces antagónicas con las ideas de su marido.

Cristina pareciera ser una contradicción en sí misma. Horas la separaron de Barack Obama y Hugo Chávez o de Milagros Salas y Luis Vuitton. Evidentemente hay un progresismo desplegado que nada tiene que ver con el progreso.

Pero si hay un punto de inflexión entre Néstor y Cristina, es la cuestión “aborto legal”. Según parece este tema no los logra poner en consenso, ya que él pareciera avalarlo mientras que ella no; algo parecido sucedería con el planteo del matrimonio homosexual. Pinceladas de progresismo y conservadurismo entonan el paisaje de esta pareja.

La exposición de la Iglesia sobre esta cuestión pareciera ser un factor determinante, o al menos de profunda entidad en la conclusión final de Cristina sobre el aborto legal. Recordemos que Néstor se destacó por tener una pésima relación con la Iglesia Católica —cardenal Jorge Bergoglio mediante—, mientras que Cristina quiso encargarse desde el comienzo de su mandato de recomponer ese trato, aunque las condenas de la misma sobre la pobreza parecieran impedírselo.

América Latina tiene los índices más altos de abortos realizados en condiciones de riesgo: casi 4 millones por año y el principal elemento que puja para su constante prohibición sigue siendo la Iglesia Católica aunque se trate de gobiernos que se autodenominan “progresistas”. Veamos cómo es el tema en los diversos países de la región:

En la Argentina suele ser complicado el ejercicio de la legislación que contempla que el aborto no es punible cuando con el embarazo peligra la vida de la mujer. La justicia, el Ministerio de Salud y la presidenta Cristina Fernández se han pronunciado en diversas ocasiones contra tal despenalización.

En Uruguay, en noviembre del 2008, el entonces presidente Tabaré Vázquez vetó la legislación que había sido aprobada por ambas cámaras del poder legislativo con la que se proponía la despenalización del aborto en las primeras 12 semanas de embarazo. A pesar de ser casi el único punto cuestionado de su gestión, éste no fue revertido.

En Chile, no se permite el aborto en ningún caso, desde el año ‘89 bajo la dictadura de Pinochet, siendo uno de los países más restrictivos en esta materia. Lo sectores conservadores y la Iglesia mantienen su postura en esta cuestión: en el 2008 impidieron que la “píldora del día después” siguiera siendo entregada en los consultorios públicos de salud. La ex presidenta Michele Bachelet desde un principio se mostró contraria a la despenalización del aborto.

En Brasil, la Iglesia de Pernambuco, con el apoyo del Vaticano, dice que el aborto es peor que la violación, y excomulgó a los médicos y a las madres que lo practicaron. En tanto, el presidente Lula, expresa que no ve la necesidad de que el Congreso apruebe la ley que despenaliza el aborto, pues la que ya existe incluye dos casos excepcionales (violación y riesgo de muerte).

En Nicaragua el aborto está penalizado bajo cualquier supuesto desde octubre de 2006, aun cuando se trate de una menor que ha sido violada.

En Ecuador, el aborto se considera un delito. Durante la inauguración de la Asamblea Nacional Constituyente, en el 2007, el presidente Rafael Correa se pronunció en contra de la despenalización del aborto y subrayó el no reconocimiento al aborto legal de la nueva constitución. “Jamás he entendido propuestas como ‘mi cuerpo, mi elección’, cuando es claro que el embrión, feto o bebé que una madre porta ya no es parte de su cuerpo” declaró Correa, agregando que votaría en contra.

En Bolivia, el aborto es penalizado con tres años de prisión a la mujer que lo consintiere. En la asamblea constituyente hubo una propuesta de derechos sexuales y reproductivos elaborada por agrupaciones de mujeres de diferentes ong’s, donde se planteaba específicamente la despenalización del aborto. Inmediatamente, Evo Morales fue acusado por la Iglesia y los sectores más conservadores de querer aprobar la despenalización del aborto en la nueva constitución. Rápidamente, el presidente salió a desmentir estas “calumnias”, negando rotundamente que tal cosa estuviera en sus planes y agregando que su gobierno defendía “la cultura de la vida”.

En Venezuela, Hugo Chávez, se ha expresado públicamente en contra del aborto y ha impedido que avance la legislación en favor de la despenalización del aborto, dícese que una medida de ese tipo podría afectar fuertemente su base electoral y perder el apoyo que hasta ahora ha tenido por parte de la iglesia evangélica.

En El Salvador, su actual presidente afirmó, “No voy a promover ninguna iniciativa orientada a despenalizar el aborto… ya dije que no, más claro que eso no puedo ser.”

Esto evidencia la inminente politización del tema aborto legal, tachando de derechistas a quienes lo condenan y de progresistas a quienes lo defienden. Pero la cuestión parece ir más al fondo.

Hace apenas algunos días el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas le encomendó a la Argentina finalmente legislar sobre el aborto para “ayudar a las mujeres a evitar embarazos no deseados" y las prácticas quirúrgicas clandestinas. El Comité persuadió a la Argentina a "modificar su legislación de forma que la misma ayude efectivamente a las mujeres a evitar embarazos no deseados". 

El organismo expresó "su preocupación por la legislación restrictiva del aborto contenida en el artículo 86 del Código Penal", que sostiene que "el aborto... no es punible si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios" o si "el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente". 

La presión de la ONU con respecto a este tema resulta al menos desorbitarte teniendo en cuenta que la mayoría de los países latinoamericanos no tienen legalizada dicha intervención y una de las razones más evidentes es la diferencia en términos de salud pública entre los países desarrollados que lo practican y los tercermundistas que no, incluida la Argentina.

Borbollean las contradicciones cada vez que el asunto de la legalización del aborto se pone en el tapete, tal vez por estar tan ligado a la política. Mientras que los defensores de los derechos humanos bordean el principal derecho, el de la vida, los progresistas se dejan tironear las orejas por la Iglesia Católica. A su vez, la Iglesia Católica se encuentra con una autoridad moral bastante cuestionable para condenar casi cualquier cosa durante los últimos tiempos, no sólo por los reiterados casos de pedofilia, sino por el encubrimiento de los mismos. Tampoco nadie se anima a plantear con respecto a que si un país esta dispuesto a legalizar el aborto, por qué no la pena de muerte por ejemplo. Dos interrupciones a la vida pero con distintos abanderados políticos.

Contradicciones de antaño que la conveniencia no deja solucionar.

Alexis Montefiore