Un análisis profundo de la Memoria Detallada del Estado de la Nación del año 2009 demuestra que las omisiones, la falta de control de objetivos y los datos contradictorios que presenta la misma muestran inconsistencias de la información que permiten concluir que, o bien los resultados de la gestión no han sido satisfactorios o bien que la Administración Pública está actuando a ciegas.

Tres afirmaciones de la Memoria, tomadas al azar, muestran los problemas que se encuentran en el Informe que la presidenta Cristina Fernández envió al Congreso el 1 de marzo pasado.

1) Entre 2003 y 2008 el gasto en educación pasó de 4,0% a 5,8% del PIB, pero no hay datos que reflejen una mejora en el desempeño escolar de los alumnos.

2) La elevada presión impositiva amenaza la supervivencia de algunos medios de comunicación pequeños y medianos, situación que el Gobierno aprovecha para canjear deudas fiscales por publicidad oficial.

3) El Ministerio de Economía no hizo absolutamente nada para revertir los cuestionamientos que pesan sobre el INDEC.

Pese a su escasa repercusión, la Memoria contiene información significativa, por lo que el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) elaboró un documento que resume los principales puntos de la misma y a continuación se presentan algunos de ellos.

En primer lugar, contiene algunas omisiones significativas. Por ejemplo, el Ministerio de Economía tenía por objetivo “fortalecer” al INDEC, pero la misma no menciona ningún logro al respecto.

Además, la Secretaría de Asuntos Políticos y Electorales -que aún no completó el escrutinio definitivo de las elecciones de 2009- ni siquiera menciona el voto electrónico, cuando el año pasado sí lo hacía. Por lo visto, el Gobierno no tiene la menor intención de avanzar en estos temas.

En segundo término, algunos datos publicados en la Memoria contradicen de forma directa el discurso oficial. Por ejemplo, el 17 de mayo pasado la Presidenta afirmó que “todas las formas de proteccionismo son repudiables”, pero una rápida lectura del capítulo correspondiente al Ministerio de Industria y Turismo revela que el Gobierno piensa exactamente lo contrario. De hecho, el organismo merecería ser rebautizado como “Ministerio de la Protección”.

Como tercera observación, es entendible que al mencionar los logros alcanzados durante el año anterior, la mayor parte de los ministerios listen las políticas implementadas, pero no los efectos de las mismas, lo que impide determinar si dichas políticas fueron eficaces o no.

Los ejemplos abundan:

a) La Sindicatura General de la Nación informa sobre la cantidad de auditorías realizadas, pero no aclara los resultados de las mismas.

b) El Ministerio de Justicia no brinda ningún dato sobre los índices de delincuencia y si bien en un momento habla de una “notable” reducción de la inseguridad en la costa atlántica, dicha afirmación no está respaldada por ninguna estadística.

c) El Ministerio de Educación menciona reiteradamente su compromiso con la mejora de la calidad educativa, pero sin presentar datos sobre el desempeño escolar de los alumnos. Tal vez ello se deba a que dicho desempeño no es nada satisfactorio, tal como lo muestran las estadísticas publicadas por el propio ministerio en su página web.

En algunos casos (el de la inseguridad es el más claro), esta falta de datos parece obedecer a un ocultamiento deliberado por parte de las autoridades gubernamentales, mientras que en otros parece ser que la información no se presenta simplemente porque no existe.

En las últimas décadas se ha hablado mucho de la necesidad de recuperar el Estado y sería bueno que ese objetivo estuviera acompañado por una mayor atención a los resultados de las políticas implementadas.

Por Adrián Lucardi (*)
(*) Investigador asociado del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).