Mientras que el kirchnerismo flamea la bandera contra la represión en lo que a dirigentes sociales y piqueteros se refiere, utiliza una herramienta pasiva pero igual de dañina: los procesos judiciales.

"Los vamos a esperar con el código penal en la mano." Indicaba por el año 2003 Aníbal Fernández, por entonces ministro del Interior, a los piqueteros que hacían frente en las calles a Néstor Kirchner. Es que por estas horas, diferentes entidades de  derechos humanos se encuentran revelando  que no hay dirigente social opositor sin proceso judicial en su contra. Con exactitud, existen al menos 5000 causas contra militantes barriales, universitarios, sindicales y políticos.

Las entidades explican la estrategia de represión pasiva del kirchnerismo: la apertura de causas contravencionales penales por una misma protesta; la denuncia a los dirigentes de los grupos opositores, aun cuando no hayan participado en la manifestación cuestionada, y la "sobrevida" de las causas, que pueden mantenerse como una amenaza latente durante varios años.

La  situación ha sido analizada con seria preocupación nada más que por la Asociación de Ex Detenidos y Desaparecidos (AEDD), donde participaron dirigentes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y los centros de abogados y profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh y Cadhu), entre otros.

Es por este grave asunto que se ha organizado una movilización estimada para el 23 de julio, desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo, en la que denunciarán la presión del Gobierno sobre las organizaciones opositoras y exigirán que se trate un proyecto de ley para impedir la criminalización de las protestas sociales y la extinción de la pena y/o la acción penal en todas las causas motivadas por reclamos sociales, políticos, laborales o ambientales.  La  lista abarca desde silenciosas protestas de aborígenes hasta reclamos de baja exposición pública pero de alta judicialización, como los conflictos gremiales de petroleros en Santa Cruz o ambientalistas en la región cordillerana.

"Estamos frente a una metodología propia del kirchnerismo, que se aceleró este año hasta llegar a un número infernal de causas", denunció Adriana Calvo, de la AEDD. Para su par Enrique Fukman, las denuncias contra los dirigentes apuntan a "atemorizar a las bases". Por caso, los gremialistas Ramón Bogado y Javier Hermosilla (Kraft) y el piquetero Oscar Kuperman (CUBa-MTR) tienen casi una veintena de causas judiciales en su contra.

Datos preocupantes como la denuncia por 18 delitos penales contra miembros de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú por el corte de la ruta internacional 136, o el de Pablo Solana, dirigente del Frente Popular Darío Santillán, que durante la madrugada del 3 de noviembre, mientras su organización mantenía un campamento frente al Ministerio de Desarrollo Social, Solana intentó evitar la detención de un militante, acusado de robo, pero fue detenido junto a él por resistirse a la autoridad. Solana fue citado la semana pasada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 21, pero no como testigo ni por resistirse al arresto, sino como acusado de robo.

En un nuevo acto contradictorio, la presidenta Cristina Kirchner encabezará hoy en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional en materia de derechos humanos y de homenaje al periodista Eduardo Kimel.

La lucha de Kimel fue decisiva para que en 2009, luego de un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,  se convirtiera en ley la eliminación de los delitos de calumnias e injurias, en "casos de interés público".

La participación al acto resulta curiosa sobre manera, máxime cuando  toda vez que el kirchnerismo ha sido criticado por la prensa independiente, estos se vieron  descalificados, amenazados con acciones penales para callarlos solicitando incluso penas privativas de la libertad y llegando al extremo de calificarlos de “golpistas”. Recordemos que el director de este mismo periódico, Christian Sanz, debió hace poco menos de un año, exiliarse voluntariamente en la República Oriental del Uruguay para descomprimir la situación de continua presión por parte del actual gobierno “democrático” y de las seriales querellas por calumnias e injurias de parte del actual jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.

¿Progresismo K?, ¿o caradurismo sin límite?

Carlos Forte