Como era previsible, la polémica por el 82 % móvil a los jubilados alarmó a las provincias que verían sustancialmente desfinanciadas sus cajas en caso de tener que hacerlo efectivo.

En ese contexto, las más perjudicadas serían aquellas que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación, en tanto que las que sí lo hicieron buscan presionar  para que ésta les determine mecanismos de reembolso a efectos de afrontar dicho pago y salir –a su humilde entender– indemnes frente al descontento popular que esto sigue sumando.

Del mismo modo en que el jefe de Gabinete Aníbal Fernández ya adelantó que en caso de ser lograda la votación en el Legislativo, el Ejecutivo vetará la norma, las legislaturas provinciales planean hacer lo propio argumentando la necesidad de evitar un desequilibrio financiero insostenible en sus respectivas administraciones, mientras otras se movieron rápidamente con proyectos sobre la modificación de la edad jubilatoria, tal como lo adelantáramos al exponer los efectos del envejecimiento global y sus consecuencias para el sistema previsional.

Sin embargo, no es difícil adivinar que la pelea real no pasa por la imperiosa necesidad de elevar la calidad de vida de los jubilados ni de la sociedad, sino que lo que se mide por estas horas es el costo de oportunidad en términos del  rédito político para todos los aspirantes a cargos estratégicos a ocupar en 2011.

No hay que soslayar el hecho de que la oposición, y las centrales de trabajadores que idearon un proyecto conjunto como se señaló en el día de ayer,  CGT y CTA,  no están tras la mejora en los ingresos provisionales, sino que sienten la presión de sus afiliados y no quieren pagar el costo político del error a cometer por la administración Kirchner en caso de no acceder al reclamo.

Por último, tal como se viene observando la tendencia al tratamiento de temas tan álgidos a nivel social donde la oposición presiona por conveniencias electoralistas y el oficialismo no cede para que no se note su debilidad, es probable que la medida, de ser aprobada por ambas Cámaras, sea vetada de inmediato por el Ejecutivo Nacional, el que ya seguramente habrá instruido al ANSES en la elaboración de una medida similar, con alguna mínima variante numérica y de implementación, pero con otro nombre “para que no se note que las papas estaban quemando demasiado y ya no era posible seguirlas dejando al fuego ”, tal como se hizo el subsidio a la niñez y otras tantas medidas de los últimos tiempos.

Y las provincias, bueno, que se arreglen, ¿no?, si de eso se trata la política para la mayoría de los políticos… al grito de “sálvese quien pueda” su única preocupación real se ha evidenciado hasta el hartazgo, que es la de salvarse exclusivamente ellos.

Nidia G. Osimani