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Tal como adelantáramos el jueves pasado desde Tribuna de Periodistas, el dinero para pagar el 82 % móvil a los jubilados está, porque existen sumas considerables en concepto de contribuciones patronales que no ingresan al sistema previsional desde 1993 a partir de los beneficios impositivos otorgados al sector empresarial por parte del menemismo, beneficios prorrogados por todos los gobiernos posteriores.
Además existen fondos correspondientes al superávit esperado para este año en el orden de los 10 y 11 mil millones, más el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES que ronda los 150 mil millones de pesos.
Sin embargo, también decíamos que la restitución de las obligaciones patronales en concepto de cargas sociales tal como estaban hasta 1993, debía hacerse sobre las grandes empresas solamente o de manera diferenciada entre grandes y PyMES a efectos de no resentir aún más la capacidad productiva de uno de los sectores más importantes de la economía nacional.
Hoy, las dos centrales de trabajadores que mayor rivalidad han mostrado en los últimos años —CGT y CTA—, han anunciado la elaboración de un proyecto conjunto que, según ellas, resolvería el problema, esto es, la posibilidad de efectivizar el pago de ese monto a la clase pasiva exceptuando al gobierno nacional de incurrir en tal erogación dada su “incapacidad material” para afrontarlo.
La idea subyacente del mismo es una de las soluciones que se proponían desde este periódico en la nota Sí hay fondos para pagar el 82 % móvil a los jubilados. ¿“no hay plata” para quién?, con la diferencia que el sector sindical propone recargar a las patronales (como universo) con un incremento en las contribuciones tal como lo hacían antes de que el ex Ministro Cavallo las beneficiara.
Con esta medida, ambas centrales de trabajadores (y posiblemente también el gobierno) esperan recaudar unos veinte mil millones adicionales para cubrir el gasto en cuestión.
La nueva propuesta “populista” (en tanto la encrucijada real del gobierno es no quedar mal parado frenando justamente una medida social tan importante), de ser aprobada, seguramente redundaría en un deterioro en la capacidad productiva de las PyMES, a la vez que promovería mas la evasión, la elusión y repercutiría en una menor recaudación real, precisamente por algo que en materia tributaria se conoce como el efecto Olivera-Tanzi. Es decir, que a mayor presión tributaria, habrá mayor incumplimiento por parte de las patronales porque cuanto más aumenta la tasa de inflación, más disminuye la recaudación real que se percibe a través de los impuestos a causa del desfasaje entre la determinación del tributo y su pago, a la vez que se duplicaría el trabajo informal o en negro.
Como decimos siempre en economía, un leve movimiento en una de las variables macro, repercute en todo el sistema y muchas veces no es posible medir los alcances, por lo que hay que estudiar muy bien cada paso.
En fin, tal como se avizora el horizonte, de prosperar este proyecto así planteado al estilo Moyano-Yasky, (Recalde mediante, obviamente), estaríamos frente a una nueva política del “lo atamos con alambre total….”.
Nidia G. Osimani
