Y un día el Gobierno actualizó el mínimo no imponible. Pero la expectación, y por qué no las esperanzas, que había generado el tema de la suba del piso salarial para la aplicación del Impuesto a las Ganancias trocó inmediatamente en decepción y malestar.

Es que el anuncio oficial esta vez no contempló lo que siempre se contempló que, por otra parte, está en obligatoria consonancia con la ley: la retroactividad de la medida al comienzo del año fiscal.

Las autoridades dijeron que la resolución tiene vigencia desde el 1 de julio, con lo cual de entrada se indicó de manera indubitable que los descuentos aplicados a los salarios desde el primero de enero y hasta el 30 de junio quedarán en las arcas del fisco. Y a ello debe sumarse un ciclo fiscal entero durante el cual no se produjo esa actualización.

Rápidamente se desató una polémica, ya que la medida incluye esa novedad que, prima facie, como se ha dicho, se daría de patadas con la normativa vigente. La ley del Impuesto a las Ganancias es muy clara al indicar que el año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre.

Obviamente, el debate está en pleno desarrollo y se esperan más aclaraciones al respecto. Pero tan significativo como ello es el malestar -además, obviamente, del de la gente común- del sector sindical, incluso del propio jefe de la CGT, Hugo Moyano. Los gremialistas, a coro, dijeron que la medida es "insuficiente".

Y para Moyano en particular más aún. Porque al roce que significa con el Gobierno al que rinde culto y con el que transita el mismo camino político, se suma seguramente la inquietud de sus propios representados, que tienen buenos sueldos pero, precisamente por ello, también deberán padecer en mayor proporción la poda de sus haberes por la aplicación del tributo, a esta altura un dechado de regresión e iniquidad.

Aunque resulte asaz reiterativo, el defecto viene de origen, al considerar que el salario es ganancia. Hay quienes incluso toman un atajo que parece una intentona para quedar bien con Dios y con el diablo y se atreven a dividir entre sueldos modestos y abultados. Pero en definitiva, por más elevado que sea el haber sigue siendo un salario y se ajusta a la definición tradicional e inequívoca de la percepción de una remuneración por trabajo prestado.

Pero evidentemente el Fisco, cualquiera sea el Gobierno que esté de turno, no atiende esa definición y parece considerar que pasado un determinado —e ínfimo— nivel, el asalariado debe tener el mismo tratamiento que los magnates que han perdido la cuenta de la cantidad de dinero que tienen.

Además, la ley de Ganancias contiene un rosario de exenciones al pago de ese tributo que sería conveniente revisar, tarea que se espera analice el Poder Legislativo, habida cuenta de que el Ejecutivo no da señales de impulsar reformulaciones ni en ese y ni en otros aspectos.

Más aún, con la recientemente medida indudablemente se ha ratificado la política de presión impositiva que, como sucede históricamente, por sus efectos se ensaña más con los sectores de menor poder, sobre todo cuando se trata de salarios.

En términos estrictamente políticos vale preguntarse también si algo se ha quebrado entre la CGT oficialista y la administración kirchnerista y si, al mismo tiempo, se abrieron fisuras en lo que hasta ahora parecía un férreo seleccionado que utilizaba la denominación de "moyanismo".

Aunque traten de disimularlo, no son pocos los dirigentes de ese sector que están molestos con el anuncio gubernamental y mascullan bronca. Pero ese estado de ánimo alcanzaría incluso hasta el propio Moyano, que salió a suavizar su calificación de "insuficiente" apelando una vez más a la responsabilidad en la discusión salarial.

Nadie puede estar en desacuerdo con que actitudes irresponsables pueden tener efectos no deseados, pero también sería interesante que se clarifique de qué se habla cuando se habla de responsabilidad, en este caso en un tema tan sensible como el salarial.

No merece ser llamado irresponsable quien pide compensar el desplome de su poder adquisitivo como consecuencia de la combinación de las limitaciones en las negociaciones —mediante la acostumbrada maniobra de Moyano y el Gobierno de imponer techos a las tratativas con la excusa de no generar una carrera sueldos/precios—, las podas a los ingresos vía impuestos despiadados como Ganancias y el sablazo de la inflación.

Salvo que se considere a la responsabilidad como sinónimo de resignación o sumisión ante fórmulas con efectos claramente negativos sobre los salarios.