El tema del mínimo no imponible y el Impuesto a las Ganancias podría ser comparado con una comedia de enredos, si no fuera porque encarna ribetes de tragedia por los efectos negativos que el tributo tiene y seguirá teniendo en una importante masa de salarios.

Las confusiones, más allá de intencionalidades o no, comenzaron en el momento mismo en que se anunció el nuevo piso desde el cual se aplicará el impuesto, cuando el ministro de Economía, Amado Boudou, dijo que el plazo comenzaba el primero de julio y lanzó un muy seguro "como siempre", cuando en realidad debería haber dicho "como nunca", ya que el período fiscal —explicado con todas las letras en la ley que rige el voraz tributo— empieza el primero de enero y termina el 31 de diciembre.

Es así como después del anuncio hecho con una énfasis similar al de un festejo por un título mundial vinieron más precisiones, que comenzaron con la publicación de los decretos respectivos y aclaraciones desde el oficialismo, en medio de la inquietud y las dudas crecientes de quienes deben tomar decisiones ya en sus empresas, al momento de liquidar los sueldos.

Entonces se supo que la plata no volverá contante y sonante al bolsillo de los asalariados, pero se dispuso ir haciendo descuentos de las futuras imputaciones. En caso de que queden algunas "chirolas" para el año que viene, ahí sí se hará efectivo el retorno, aunque recién ya transitada parte del primer trimestre de 2011.

Veamos. La última ley de presupuesto aprobada quitó al Poder Ejecutivo la potestad exclusiva de modificar el mínimo no imponible a los efectos de la aplicación de Ganancias. La medida debe ser avalada por el Congreso. ¿Y qué pasó? Como seguramente casi nadie en la población —salvo los habitantes del poder directamente interesados en el tema— recordaba o estaba informado de este punto, tampoco nadie se ocupó de aclararlo.

La categorización de las omisiones varía según las circunstancias. Hay ocasiones en que pueden pasar como errores u olvidos involuntarios, pero en otras directamente pueden ser asimiladas con la mentira. Cada uno puede evaluarlo y sacar su conclusión.

Lo concreto es que ni el Gobierno ni la CGT oficialista y su jefe, Hugo Moyano (quien pedía por momentos enfáticamente que se tomara una decisión sobre Ganancias), avisaron sobre esta circunstancia.

Hablando de Moyano, evaluaciones iniciales sobre la resolución circunstancial de este tema permitieron deducir que el dirigente camionero habría sido desairado por sus socios gubernamentales, toda vez que había pactado un aumento de sueldos moderado (25 por ciento) aparentemente a cambio de la actualización salarial para Ganancias.

Y la elevación del piso para la aplicación del tributo fue aún mucho más moderada, de alrededor de 20 por ciento.

Todo indicaría, prima facie, que esta vez el líder de los camioneros y de la CGT oficialista no salió demasiado favorecido. Pero hurgando un poco más puede llegarse a otra conclusión. El dinero ya descontado por Ganancias en el primer semestre de 2010, como se ha dicho, queda en las arcas fiscales varios meses más.

Y parte del dinero del Fisco, por qué no contemplarlo, puede volver en forma de subsidios al área del transporte, donde Moyano es uno de los amos y señores. Con lo cual puede aplicarse el añejo principio de que "no hay mal que por bien no venga". O, si se quiere (¿por qué descartarlo?) una estrategia sin una pizca de improvisación.

Sobreentendido está que el Gobierno y Moyano, todavía, no van a andar pisándose el poncho. Más cuando el destino de ambos siempre estuvo unido con soldadura.

Por ahora, entonces, la lógica indica que sólo se puede verse un futuro común, que va desde los objetivos hasta una cuestión tan elemental como los plazos.

El tema Ganancias muestra, además, otras escenas interesantes. Pese a que Moyano habló de "insuficiencia" pero enseguida metió violín en bolsa, los gremios siguen pataleando.

El que mostró mayor exposición pública fue el de los bancarios, que añadió esta cuestión a sus reivindicaciones salariales, y salió a batir el parche con algo tan básico como el principio de que el salario no es ganancia. Pero vale detenerse en este caso, porque los bancarios están atravesando situaciones muy particulares.

Es posible deducir, con escaso margen de error, que su protesta tiene por un lado bastante de presión al Gobierno porque los dirigentes del sector entienden que la administración Kirchner le soltó la mano a Juan José Zanola, el aún jefe del gremio que está preso por el caso de la "mafia de los medicamentos".

Pero, y atado a esa circunstancia, atraviesa el problema propiamente interno en términos políticos, ya que en este marco tiene una fuerte oposición encarnada en el titular de la comisión gremial interna del Banco Nación, Raúl Fontana, quien está trabajando para destronar al "zanolismo" de la conducción de un sindicato acosado por denuncias de anomalías, incluso hasta en la realización de sus últimas elecciones.

La situación de Zanola, declarado oficialista, es evidentemente un lastre para el Gobierno. Pero no hay que olvidar que otros dirigentes están también en la mira de la Justicia. Uno de ellos, es, ni más ni menos, que el propio Moyano.

Hay un juez federal, Claudio Bonadío, que quiere indagar si en las obras sociales de los camioneros se cometieron irregularidades. Pero un colega suyo, Norberto Oyarbide, que innegablemente tiene acercamiento a Moyano —estas semanas se vieron publicadas fotos donde estaban juntos en un espectáculo deportivo, por ejemplo— estuvo retaceándole material sobre el camionero existente en la causa de la "mafia de los medicamentos".

La Cámara Federal porteña falló de manera equitativa: dispuso que ambos jueces sigan investigando a Moyano.