Hoy, la provisión de este insumo no es ningún problema para los medios gráficos, ya que el mercado internacional es abastecedor y a precios que no difieren demasiado del costo local, lo que actuaría contra eventuales cupos que se pretendan imponer para desabastecer a la prensa considerada opositora. Sin embargo, lo más complicado de todo, lo que podría darle al Estado el control total de los contenidos, es que, aún sin las Facultades Extraordinarias, el Ejecutivo siga manejando los aranceles de importación, lo que podría cerrar el círculo de modo lesivo para los medios independientes.

El clima no es el mejor para hacer negocios en la Argentina. Por estas horas, empresarios de todo calibre y sector están siendo presionados por llamados gubernamentales para que mañana pongan la cara en la Casa Rosada, para que convaliden con su presencia y si es posible con su aplauso, la posible decapitación de la prensa libre.

Con la presentación de una supuesta historia oficial sobre la venta de la empresa Papel Prensa que se hizo a fines de 1976 a los diarios Clarín, La Nación y La Razón, el Gobierno y los herederos de David Graiver pretenden convertir aquella operación comercial no exenta de dramatismo por las circunstancias de la época, en una causa de lesa humanidad. Y en su afán de venganza, como lo que se montará para difundir la llamada “verdad” necesita cierto aval empresario, está buscando complicidades para contrastar con el Grupo Clarín y mostrar su aparente soledad.

A partir del morbo oficial de establecerse como el dios de los negocios, los responsables de las “invitaciones” por parte del Estado, el ministro Julio de Vido y el secretario Guillermo Moreno, descuentan que el temor o la obsecuencia de muchos grupos los llevará a sumarse al acto, aunque el marco aún esté demasiado difuso, en cuanto a elementos objetivos de evaluación. La pretensión gubernamental es señalarle a la sociedad que, en función de los presentes y de las ovaciones del caso, el relato y la acción oficial se justifican.

La carátula de crimen imprescriptible, más allá de la insistencia penal del caso contra los propietarios de los medios involucrados, le permitiría al Estado tomar el control de la empresa productora de papel para diarios, de la que ahora es socio minoritario, y a los herederos de Graiver a aspirar a un resarcimiento o a la devolución de la misma, mientras que pondría al Gobierno en disposición de elegir a quién sí y a quién no venderle papel.

Hoy, la provisión de este insumo no es ningún problema para los medios gráficos, ya que el mercado internacional es abastecedor y a precios que no difieren demasiado del costo local, lo que actuaría contra eventuales cupos que se pretendan imponer para desabastecer a la prensa considerada opositora.

Sin embargo, lo más complicado de todo, lo que podría darle al Estado el control total de los contenidos, es que, aún sin las Facultades Extraordinarias, el Ejecutivo siga manejando los aranceles de importación, lo que podría cerrar el círculo de modo lesivo para los medios independientes.

El proceso por construir una nueva versión de los hechos que permita la intervención o aún la expropiación de Papel Prensa es uno más, quizás el más grave, de la virulenta escalada que se ha desatado contra las empresas desde hace un par de semanas, a partir de las amenazas a Shell para que retrotraiga siete centavos el precio de sus naftas al valor que tenían al 31 de julio.

Luego, llegó el bloqueo a las plantas de Siderar por parte de los camioneros de Hugo Moyano, como exigencia del ingreso de los choferes de empresas tercerizadas a las nóminas de la siderúrgica, mecanismo que ya lleva seis días y que la pasividad del ministerio de Trabajo parece dejar dilatar, aunque ya las industrias estén desabastecidas. La pulseada de Moyano, con toda su arista política dentro del justicialismo podría terminar con un paro de todos los gremios del transporte que están encolumnados con el Jefe de la CGT.

Por último, la semana pasada, y con total desprecio por los consumidores, el Gobierno decidió terminar con Fibertel, aduciendo que su licencia de proveedora de Internet había desaparecido el día que fue absorbida por Cablevisión, sin tomar en cuenta que las dos compañías eran de los mismos dueños que se habían fusionado en una operación anterior a que la comprara el Grupo Clarín. En tanto, si un millón de clientes deberán migrar en 90 días de compañía, como lo prevé la Resolución oficial, ello sería a favor de una mayor concentración de mercado y nunca en beneficio de una competencia más efectiva.

Fuente CADAL