Ha comenzado un interesante debate sobre lo ocurrido durante la extinta dictadura militar a la empresa Papel Prensa, por entonces propiedad del banquero David Graiver, quien pereció en México el 7 de agosto de 1976, a consecuencia de una catástrofe aérea. Clave en la fabricación y abastecimiento de la materia prima para medios de prensa escrita, y a instancias del régimen militar luego de aquel presunto asesinato, los cotidianos La Nación, Clarín y La Razón, se adueñaron de la sociedad y sus cuantiosos bienes, al cabo de una operación de traspaso puesta en marcha en las horas postreras de 1976.

¿Expolio o transacción regular? Los herederos de David Graiver ¿fueron desposeídos violentamente, secuestrados y en cautiverio mientras los tres grandes diarios de la época tomaban el control del insumo para la difusión de noticias por vía de periódicos y revistas? La Nación y Clarín han salido a clamar su inocencia, merecedores de la réplica por parte de los que estiman lo contrario.

Cierto es que en la recuperada democracia se condenó a prisión perpetua al ex comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz, autoridad en el centro clandestino de detención donde los familiares y allegados al fallecido David Graiver sufrieron vejamenes. La sentencia alude a crímenes de lesa humanidad y es, desde el 17 de febrero de 2009, por resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cosa juzgada. Pero la sanción incrimina a un miembro de las Fuerzas de Seguridad: ¿no faltaría determinar en el terreno penal si, además, hubo complicidades civiles, y, por ejemplo, los tres órganos de comunicación citados pudieron tener algún grado de participación, o habrían sacado beneficios ilícitos de esas imprescriptibles y atroces infracciones?

Para terminar con esta situación relativa a un episodio delictivo de la "guerra sucia", ¿no habrá llegado el momento que intervengan los tribunales? El Comité de Derechos Humanos de la ONU, integrado por expertos independientes encargados de vigilar el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, uno de los dos pilares del sistema de Naciones Unidas, viene de recomendarle a la Argentina (en Nueva York) que despliegue "un esfuerzo riguroso en la tramitación" de las causas por graves violaciones de las libertades fundamentales en su pasado reciente. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, compuesto por 47 Estados, entre ellos la Argentina, todos elegidos por el voto secreto de la Asamblea General de la ONU, adoptó hace pocos días por consenso (en Ginebra) una resolución sobre los deberes de jueces, fiscales y abogados en cuanto a la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Exhortó a los gobiernos a investigar sin injerencia, "con prontitud, eficacia, independencia e imparcialidad para poner a los responsables a disposición de la justicia".

En 2007 publiqué en Argentina el libro David Graiver El banquero de los Montoneros, un largo reportaje que incluye ciertos temas vinculados al presente mensaje. Ausente de librerías y ya libre de cualquier eventual tentativa de querella penal o demanda civil por el tiempo transcurrido desde su aparición, hoy he decidido, con anuencia del editor, ofrecer gratis su lectura por Internet.

Para acceder al relato periodístico, los invito a visitar mi sitio web www.juangasparini.com. Allí también podrán consultar el cruce de puntos de vista sobre la controversia respecto a Papel Prensa, protagonizado por firmas relevantes, en torno al último aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. De igual manera encontrarán la base legal completa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como referencia.

Juan Gasparini