Los tres poderes crujen y el todos contra todos está a la orden del día. Los últimos acontecimientos muestran cómo políticos, legisladores y jueces se han empezado a decir las cosas en la cara, tras haber consentido muchas de ellas, durante tanto tiempo, con sus propias acciones u omisiones. Quizás porque el agua ya les ha superado el nivel del cuello, lo bueno de tanto fuego cruzado es que se intuye que las instituciones todavía pueden generar sus propias defensas contra los desvíos.

Por el lado del Gobierno, éste se apoya en las leyes cuando le conviene y fuerza su interpretación o las deja de lado cuando no son funcionales a sus deseos y, al mejor estilo argentino, fútbol mediante, festeja alocadamente cuando los fallos le son favorables o acusa a los jueces de cualquier cosa, cuando le son adversos.

Por supuesto, que casi siempre lo hace sin importarle demasiado las contradicciones en las que incurre por marcar a sus enemigos y en esa línea deben inscribirse durante la última semana la Reglamentación de la Ley de Medios y ciertas manifestaciones que hicieron el ministro de Economía, Amado Boudou sobre Papel Prensa, el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández sobre una represa en Corrientes y la propia presidenta de la Nación, sobre el rol del Banco Central.

Ante tanta flagrancia, el Congreso no kirchnerista sigue sin saber qué hacer para encontrar alternativas y sólo atina a rasgarse las vestiduras y a buscar atajos de circunstancia, con el único deseo de embretar políticamente al oficialismo, pero sin demasiadas ideas para constituirse en una alternativa para 2011. Desde ya, que los opositores continúan sin tomar del todo posiciones comunes, metidos como están en sus propios realineamientos partidarios y jugando con la lotería de las candidaturas como prematura obsesión.

Por último, aunque la Justicia está buscando su tajada y sigue reclamando el manejo autónomo de sus propios presupuestos, la Corte ha puesto a hablar a algunos de sus ministros para solicitar menor judicialización de la política, pero a la vez para recordar que ese Poder independiente es la última reserva que tiene la ciudadanía para que los gobernantes reconozcan que tienen sus límites.

Sería muy sencillo responsabilizar de la toda situación al kirchnerismo y no es así únicamente, porque lo que está ocurriendo por estas horas no es nada más que el emergente de una situación que ha vivido la sociedad, con sus matices, de modo bien parecido con otras hegemonías, sobre todo cuando se las endulza con un período de bonanza económica y son toleradas por los seguidistas de cada tiempo.

La era del menemismo, cuando el discurso único de la Convertibilidad y las privatizaciones eran irrefutables, aún los tiempos de la euforia alfonsinista cuando la política penduló hacia los valores de la democracia o también las épocas del autoritarismo de los gobiernos militares, consentidos a su tiempo por grandes capas de la población, son tres ejemplos recientes que demuestran que lo que ahora sucede no es privativo de este momento. Lo que extraña es la recurrencia de los dirigentes a volver a actuar de la misma forma una y otra vez y la repitencia de cierta tolerancia social que, en conjunto, inhiben el desarrollo sostenido.

Igualmente, las reacciones gubernamentales de estos últimos días suenan a una forma casi primitiva de defender un modelo que al oficialismo se le antoja fundacional, aunque para los críticos, sobre todo si se lo compara con el avance del mundo, el mismo atrasa 50 años y se parece mucho a aquellas viejas prácticas corporativas de Videla, Onganía o Lanusse, "mal que me pese" como ha dicho la Presidenta en el discurso en el que alabó el desarrollismo de los dos últimos generales.

"Espero que mañana no titulen 'Cristina defendió a Onganía y a Lanusse'", se atajó CFK ese día, pero lo cierto es que algunas guías de ambos procesos parecen muy similares: estatizaciones, muchas obras de infraestructura planificadas por la Administración, alto crecimiento del empleo público, concentración de la riqueza, manejo discrecional del tipo de cambio, inflación, uso de los fondos jubilatorios para cubrir los baches de la Tesorería, tasas negativas, etcétera, fueron algunas de las prácticas intervencionistas de entonces, amparadas en el manejo férreo del poder, que hoy también están presentes en el manejo de la economía. Tampoco había libertad de prensa por aquellos días, ya que se pretendía lograr un pensamiento hegemónico, y es este punto donde se marca hoy una importante divisoria de aguas con opositores y jueces.

En estos temas, la semana tuvo como primer hito la Reglamentación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que aún está suspendida por la Justicia a dos puntas. En primer lugar, por un fallo de la Cámara Federal de Salta que la inhibe hasta que se pronuncie la Corte y luego por un amparo generado por el Grupo Clarín que impide ejecutar el plazo de venta de un año que tienen aquellas radios, canales y cables que exceden el máximo permitido por la Ley. No obstante, el poder político generó un Decreto y reglamentó lo interdicto, especulando con que ese plazo de un año caerá antes del recambio de gobierno.

Esta primereada política que, junto con los avances sobre Cablevisión-Fibertel, estuvo destinada a redoblar la presión sobre el grupo Clarín, desde lo técnico no tuvo el menor empacho en mostrar ciertas preferencias por otros actores del mercado que recibieron tratamientos diferenciados y tampoco en mostrar hasta dónde la pasión regulatoria ilumina a los burócratas a la hora de precisar, por ejemplo, las veces que debe sonar un top horario en las radios, cuándo y de qué manera se podrán realizar publicidades en las transmisiones deportivas, cuál es el horario "prime time" en radio y TV, cómo será la grilla de programación de los canales, cuánto tiempo se le deberá dedicar a los programas para chicos y hasta con qué ritmo se deben estrenar las películas por televisión.

Las críticas más fuertes al Decreto Reglamentario llegaron desde el lado de la Justicia, en lo que se consideró casi como una mojada de oreja a sus pronunciamientos y una burla sobre sus tiempos. En tanto, y en paralelo, la oposición política comenzó a generar en Diputados un proyecto de ley de anulación de la Reglamentación, ya que entienden que la misma, una norma inferior, desvirtúa lo que los legisladores regularon en la propia Ley. No obstante, el proyecto podría ir a vía muerta y transformarse en una suspensión, ya que si se convierte en Ley después de varios meses, entonces sobrevendría el veto presidencial y no habrá insistencia posible de las Cámaras, ya que se necesitan los dos tercios, con lo cual el Ejecutivo mantendría igual su postura.

Todos estos desvíos de fondo y de forma en los que incurrió el Gobierno fueron más que compensados el jueves con las precisas menciones que hizo Aníbal Fernández al número de las leyes a las que apelaba el Ejecutivo para ponerse al amparo de las legislación que "vela por el cumplimiento de los presupuestos ambientales, la normas de preservación de los bosques nativos" y por hasta "la relación con el Uruguay". A su gusto y necesidad, así el Jefe de Gabinete precisó los fundamentos del amparo que presentó la Nación ante la Corte Suprema contra Corrientes, aduciendo que esa provincia no informó debidamente sobre la construcción de una represa sobre el arroyo Ayuí Grande, lo que el gobernador Ricardo Colombi desmintió al día siguiente.

Lo que el ministro dijo desconocer, pese a las preguntas de los periodistas y a su indudable versación en el tema, es que el amparo atenta contra la instalación de un proyecto productivo arrocero que involucra, como dueño de una de las sociedades que explotará el complejo, a un alto directivo de Clarín, José Antonio Aranda.

Con menos pelos en la lengua, Colombi añadió que la provincia "no puede permitir" que se mezcle en un tema productivo "la situación conflictiva entre el Gobierno nacional y un medio de comunicación social, en la cual la provincia y este emprendimiento no tienen nada que ver". Por otra parte, Ayuí Grande, que contendrá las aguas del arroyo del mismo nombre que desemboca en el río Miriñay, está a 100 kilómetros alejado de su desembocadura en el Río Uruguay.

En cuanto al desapego a la Ley por parte nada menos que de la Presidenta, hay que remitirse a su discurso en la inauguración de las Jornadas Monetarias y Bancarias del BCRA el jueves, ya que, en ese foro, Cristina Fernández sostuvo dos cosas bien graves. En primer término, se refirió casi con desdén al rol de custodio del valor de la moneda que la Ley le asigna al Banco Central y, por supuesto, no pronunció nunca la palabra "inflación" que deteriora su valor y el poder adquisitivo de la población. Dicho en términos que bien debería agradarle a la generación que hoy gobierna, le quita "soberanía" a la Nación. En segundo lugar, deploró la autonomía que, "como una vestal", la Ley le acuerda al BCRA, por encima de los funcionarios "que llegan por resultados electorales". La Presidenta, como abogada, sabe claramente que ambos conceptos son parte de la Carta Orgánica de la autoridad monetaria y también que, en todo caso, por vetustez, necesidad o ideología debería reformársela y no justificar su abandono.

En otro orden, pero como actitud que apunta al mismo patrón de torturar las leyes, el jueves el ministro Boudou decidió inmolarse por la causa y promocionar puertas hacia adentro su vocación de kirchnerista fiel. Ese día, decidió llamar a una misteriosa conferencia de prensa sin precisar su objeto, tras la decisión unánime de la Cámara Comercial de anular la intervención judicial que actuaba en Papel Prensa, decisión que implicó una dura reprimenda para el accionar de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y para los directores titulares del Estado que responden a Guillermo Moreno, a quienes desplazó con expresa mención de que sean reemplazados por los suplentes, para no dejar al socio minoritario sin representación.

Boudou, quien desgranó un discurso sobreactuado durante 40 minutos para bombardear a Papel Prensa y a los diarios La Nación y Clarín con acusaciones similares a las que la propia Presidenta hizo cuando presentó el libro de Moreno, apenas explicó, como al pasar, que esa decisión se iba a apelar cuando algún periodista cansado de tanto palabrerío decidió consultarlo. Pero lo más extraordinario de la situación es que su frase más controvertida, cuando hablo de la Justicia "exprés" que no había fallado a gusto del Gobierno, frase a la que le replicó el titular de la Corte al día siguiente, no aparece mencionada siquiera en la pobre síntesis que su ministerio dio a conocer al término de la reunión, casi un manual de la desinformación.

En estos tiempos de dardos que van y que vienen, en los que han pesado mucho las notas críticas de El País, The Wall Street Journal y Financial Times, hasta los empresarios se animaron a salir del clóset y empezaron a decir en público lo que nunca habían dicho, en cuanto a la seguridad que la Argentina brinda para hundir inversiones. A veces, un bramido puede más que la sumisión: el jueves, la Presidenta dejó sin fiesta a la UIA, pero luego tuvo que retroceder, para volverles a sobar el lomo otra vez.

Hugo E. Grimaldi
DyN