Con la jugada de las últimas horas del oficialismo, en la que consiguió dictamen de minoría en Comisión mediante, sea tratado en el recinto el Proyecto de Ley de Presupuesto para el próximo año, la oposición fue una vez más burlada alevosamente.

Comentarios al margen, sigo preguntándome qué mensaje estaba dando y a quién Alberto Fernández a pocas horas de que se conociera el fallecimiento de Néstor Kirchner al decirle a la oposición que si tenía intenciones de ayudar a la presidenta, le diera un presupuesto.

Bien, pero siguiendo con el tema presupuestario, es dable recordar lo que ya se ha dicho en varias notas anteriores en este medio en torno a qué contiene el proyecto presentado por el ejecutivo para el 2011.

Para el gobierno, según lo plasmado en el documento de referencia, el panorama será más o menos el siguiente: la divisa norteamericana rondará los $ 4,10.-, la inflación será del 8,9 %, el consumo alrededor del 4 %, la inversión cerca del 8 % y el Producto bruto interno del 4,3 %.

A la vez, el gasto primario, del cual el 65 % corresponde a gastos sociales, será de casi $ 370 mil millones y los ingresos corrientes de algo más de $ 400 mil millones.

Por otra parte, mientras las importaciones superarían levemente el 15 %, las exportaciones serían del 11 %, arrojando un superávit comercial de casi 10 mil millones de dólares.

Con relación a la deuda externa, se extraerán de las reservas de libre disponibilidad del BCRA 7 mil quinientos millones de dólares con los que se constituirá una previsión en el fondo de desendeudamiento para el pago de servicios de la misma.

Ahora bien, lo que se detalla en el Proyecto 2011 es falso, porque los datos volcados en el mismo surgen en gran parte de los indicadores elaborados por el INDEK y otras falacias argumentales del oficialismo.

Por otra parte el mismo proyecta un aumento en la carga tributaria, es decir que se incrementará el porcentaje que el ciudadano común deberá destinar al pago de impuestos, consumiendo el mismo más de un 40% de sus ingresos. Dado que el mencionado superávit fiscal no se traduce en una mejora o incremento de los servicios que brinda el Estado, existe cada vez más resistencia por parte de los contribuyentes al cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Uno de los más claros exponentes de lo observado es el Impuesto a las Ganancias, a lo que el Gobierno responde por ejemplo, previendo la elaboración de un proyecto de ley por el cual obligaría a las empresas que no reinviertan sus utilidades al pago de un 5 % adicional en concepto de ese impuesto y a modo de castigo.

Entonces, como la presión sobre el sector empresario es demasiado fuerte, la mayor recaudación se sostiene en impuestos regresivos como el IVA, las cargas sociales de los asalariados y el impuesto inflacionario que sobre todo sostienen las familias de menores recursos.

El Proyecto de Presupuesto 2011 se sustenta en proyecciones macroeconómicas muy alejadas de la realidad, como por ejemplo la inflación prevista para todo el año de casi un 9% y el incremento de los ingresos de los ciudadanos.

Si se observa la evolución en materia fiscal puede apreciarse que en el decenio 1993-2003 la recaudación correspondiente a Nación y provincias rondó el 21,5 del PBI, alcanzando entre 2003 y 2009 el 32,1%.

Para el próximo año se proyecta una presión tributaria de un 35 % del PBI en la que se ha contemplado un incremento en las cargas sociales de casi 8 puntos (tres veces superior a lo que se prevé recaudar en concepto de Impuesto a las ganancias de las personas físicas), a la que habrá que adicionarle los impuestos municipales y el impuesto inflacionario, llegando entonces a la conclusión de que los impuestos consumirán más de un 40% de los ingresos.

En impuesto a las ganancias el proyecto 2011 estima una recaudación de 18,60 % mientras que en 2003 era del 18,27 % del total, es decir que parecería que la realidad colisiona con el discurso progresista. Mientras en 2003 la proporción de pago de este impuesto era de un 75 % correspondiente a las empresas y un 25 % de personas físicas, en la actualidad un 60 % corresponde a las empresas y un 40 % a las personas físicas. Esto es progresismo puro y excelentemente equitativa redistribución de la riqueza.

Con respecto al IVA, el gobierno espera recaudar cerca del 28 % mientras en 2003 era casi un 25 % del total de ingresos fiscales y en concepto de cargas sociales dice que recaudará un 25 % contra un 20 % que recaudaba en 2003. Acá vemos como el sistema tributario sigue soportado por los sectores de menores ingresos de la población.

En el marco de la contabilidad creativa tenemos por ejemplo que no habrá superavit fiscal de unos $ 1.600 millones aproximadamente como dicen sino un déficit por unos casi $ 30.000.- porque computan recursos tales como las reservas del BCRA y otros recursos. El déficit financiero rondaría los $ 45 mil millones.

Finalmente, entre las perlitas más destacadas se observan ampliaciones de subsidios a empresas petroleras, autorizaciones para que el ministro de planificación tome deuda por su cuenta sin que esto sea autorizado por el Parlamento, gastos para obra pública que recaerá en los usuarios y se crea un fondo para la producción que incluye infraestructura y equipamiento no detallándose las actividades que se quiere promover, etc.

Pero el tema no termina ahí, sino que las pertinentes explicaciones acerca de las irregularidades que presente la ejecución del presupuesto 2010 no han sido aclaradas.

De la lectura del Presupuesto Nacional para el corriente año, surge claramente la subejecución de varias partidas de modo tal que, hay 80 mil millones de pesos del ejercicio de este año que no se utilizaron y tampoco se sabe qué se hizo con las utilidades del Banco Central.

Con este análisis se advierten claramente detalles curiosos, tan curiosos como incomprensibles, aunque perfectamente explicables considerando las particularidades de esto a lo que el gobierno nacional se empeña en denominar “modelo”.

A priori puede verse que hay ocho programas con un consumo que excede ampliamente los plazos preestablecidos de uso de recursos a la vez que otros considerados los más acordes a las bondades de la política aplicada, se gastan a cuentagotas, como por ejemplo el destinado a promover el empleo.

Del programa de capacitación laboral por ejemplo, en el primer semestre se gastó sólo cerca del 24 % del total y lo mismo ocurrió con el programa para la promoción del empleo que sólo lleva ejecutado un porcentaje similar.

Es importante destacar en este sentido que el incremento de la tasa de empleo que reflejan las estadísticas del INDEK no obedece a la promoción real del empleo en tanto que en la práctica varios rubros del sector privado atraviesan serias crisis que redunda necesariamente en ajustes y despidos de personal sino que lo que el organismo de referencia toma en cuenta es el crecimiento del empleo público.

Otro tanto se observa con el programa para el Saneamiento del río Matanza del que sólo se ejecutó menos del 40 % hasta el momento, el de Familias por la Inclusión Social que sólo ejecutó alrededor de un 4 % en virtud de que el resto fuera destinado a la Asignación Universal por hijo en torno de la cual cabe acotar que se comenzó a ejecutar el año pasado DNU mediante, no incluyéndose como programa en la Ley de presupuesto correspondiente.

En realidad, lo que se observa es una ejecución muy desigual en las diferentes partidas de las distintas jurisdicciones que no responde a lo programado originalmente, y hasta contradiciendo lisa y llanamente la supuesta política de inclusión social y expansión de la economía que tanto se pregona desde los atriles.

Si tomamos por ejemplo la evolución del programa “Fútbol para todos” salta a todas luces que en definitiva está siendo financiado con recursos tributarios de todos los habitantes de la Nación dado que el gobierno no obtuvo lo que esperaba en cuanto a publicidad y derechos de transmisión por lo que ya utilizó alrededor de un 24 % de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Lo propio ocurre con el programa lanzado en abril pasado para la provisión de tres millones de netbooks para escuelas públicas de todo el país. La Anses empieza ahora a utilizar esas partidas, las que fueran incluidas en el presupuesto el mismo mes del anuncio del programa.

Resumidamente puede decirse que el 60 % de los programas se evidencian retrasados en sus ejecuciones y alrededor de un 15 % están subejecutados, lo que indica la necesidad de reformulación o al menos de adecuación de las partidas correspondientes de manera urgente, ya que o bien se incurrió en un error previo de cálculo, o se proyectó con errores deliberadamente o se modificó abruptamente el criterio para la utilización de recursos en gastos, habiendo ocultado gastos o sacado gastos de la galera. En cualquiera de los tres casos, la realidad supera lo planificado a priori e induce necesariamente al menos a una revisión general.

En fin, lo único que resta ahora es esperar el desenlace que tendrá la semana próxima la ley de presupuesto 2011 luego del debate en el recinto, entre un oficialismo decidido a todo y una oposición fragmentada que sigue priorizando sus intereses sectoriales en lugar de velar por el bienestar general.

Nidia G. Osimani