El P. José María Di Paola, o “Padre Pepe”, como es conocido en el vasto círculo de su apostolado en los “barrios de emergencia” de la ciudad de Buenos Aires, realizó nuevas declaraciones al presentar un documento oficial del “Equipo de Sacerdotes”, que desarrolla arduas tareas para lidiar contra el flagelo de la droga en esos emplazamientos a su cargo.

      Así como hace un año y medio dichos sacerdotes dieron a conocimiento público un informe titulado "La droga, en las villas, despenalizada de hecho", el nuevo documento, "El desafío del “paco”", está específicamente focalizado en el tráfico y consumo de esta letal substancia.

En el primer documento citado -cabe recordar- los mismos sacerdotes denunciaron públicamente que los barrios de emergencias eran “zonas liberadas” para el narcotráfico y, asimismo, expusieron sobre el grave daño que se causa a los jóvenes socialmente más desprotegidos. Poco después el P. Di Paola recibió una grave amenaza, algo a lo cual habrá que acostumbrarse, frente a la creciente actividad de la narcocriminalidad en nuestro país.

Tales “zonas liberadas” existen en la ciudad de Buenos Aires y en todas y cada una de las restantes del país, sin distinción alguna de zonas o sectores sociales. Es que casi todos los procedimientos exitosos contra el narcotráfico que se realizan en la Argentina, están vinculados con cargamentos destinados al exterior. No hay mayores registros de allanamientos y secuestros de drogas destinadas al consumo interno, que se expenden fácilmente y hasta se consumen en lugares públicos.

No menos contundente fue esta vez el P. Di Paola dentro de los límites del objeto de la nueva denuncia, cuando afirmó: "Lo más terrible que hace el «paco» es explotar la marginalidad. El «paco» es el rostro nuevo de la exclusión, más sangriento. El Estado como organismo hoy está ausente".

En realidad y a fuer de ser sincero, debe afirmarse sin ambages que el Estado argentino no está solamente ausente en materia de drogadicción, dado que la cruda realidad permite definirlo como un órgano contaminado de manera integral por el negocio del narcotráfico que, corrupción generalizada mediante, afecta casi todos los sectores y niveles de los tres poderes constitucionales.

Debe uno coincidir -parafraseando al P. Di Paola-, en que hay muchos profesionales que trabajan para el Estado de manera excelente e incluso más allá de sus deberes, ya sean médicos, abogados, trabajadores sociales y psicólogos. No obstante, es como si se intentara restañar una gigantesca y hemorragia colectiva con la ayuda de una cantidad mínima de torniquetes.

Tal situación y los obstáculos que enfrentan dichos sacerdotes no son nuevos, dado que es el resultado de un acelerado proceso de degradación de las instituciones, cuyo origen tiene vieja data, pero que forma parte de un continuo que crece acelerada y exponencialmente. Esto condujo a nuestro país, a lo largo de las últimas décadas, a convertirse en una gigantesca zona “liberada”; “gran aldea” sin fronteras interiores y por demás tampoco con las que nos separan de países vecinos debido a la “porosidad de las mismas”. El narcotráfico es un negocio tenebroso que se expande exponencialmente a la sombra de un Estado ausente, indolente y, por ende, cómplice por omisión de las actividades que desarrollan las organizaciones criminales que lucran con el comercio ilegal de las drogas y toda la gama de delitos conexos que la acompañan.

La preocupación del “Equipo de Sacerdotes” que accionan contra el narcotráfico y la drogadicción en los barrios de emergencia apunta en el último documento a corregir la gravísima situación que atraviesan los niños y jóvenes más excluidos afectados por el flagelo del “paco”. Estos carecen de la posibilidad de ser rehabilitados -salvo excepciones especialícimas-, una vez que han sido afectados por el uso de esta substancia.

Pero ni el mapa ni el drama del narcotráfico y la drogadicción tienen límites en el tiempo ni en el espacio de la geografía argentina. Así como ya se habla del mundo entero como una “aldea global”, podría por ello afirmarse que la Argentina es una “gran aldea”, en la que el flagelo de la droga ha ganado la calle a lo largo y a lo ancho del país, sin distinción de clases sociales. Los más afectados son sin duda los sectores más marginados de nuestra sociedad; aquellos que carecen de toda contención familiar y de una respuesta social colectiva y por ende también de una mínima o aceptable capacidad de rehabilitación.

El Estado argentino, o lo que queda en pie de sus instituciones, refleja el modelo de una entidad reguladora del negocio de las drogas ilegales, al estilo del México de décadas atrás. En definitiva, un órgano que no sólo procura evitar el combate integral contra el narcotráfico, sino que poco o nada hace -por las razones aludidas, entre otras- para restañar sus más fatídicas consecuencias.

Perfil de país

Los últimos informes actualizados que han hecho públicas las más importantes agencias mundiales relacionadas con la lucha contra el narcotráfico, sus delitos conexos y la drogadicción, confirman el perfil histórico clásico de nuestro país durante los últimos años.

Sintéticamente:

1. País de tránsito -predominantemente hacia Europa- de la cocaína que se produce en Bolivia, Perú y Colombia.

2. País de tránsito de la heroína de origen colombiano cuyo mercado final es EE.UU.

3. País de tránsito y consumo de marihuana procedente de Bolivia y Paraguay.

4. País de fabricación, control de calidad, tránsito y desvío de precursores químicos para la elaboración de los narcóticos clásicos como la cocaína, pero también de aquellos que, como la efedrina, fueron y probablemente sigan siendo utilizados, aunque con otros métodos, para fabricar substancias estimulantes tipo anfetamina con destino al uso interno y al contrabando a mercados como México y EE.UU.

5. País de fabricación de clorhidrato de cocaína (CLC), mediante el uso de pequeños laboratorios, en los que la llamada “pasta base” (PBC) se convierte en la droga final mencionada. La Argentina secuestró 20 laboratorios, según se informó en 2008, pero se sospecha que podrían existir una importante cantidad de esas unidades operando en todo el país.

6. País bajo permanentes sospechas de ser permisivo con su sistema financiero, que otorga importantes facilidades para el lavado de dinero, tal como acaba de mencionarlo el “Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales” (GAFI). La situación actual deja a la Argentina al borde de ser incluida en la llamada “lista gris”, junto a Bolivia y Paraguay, entre otros Estados. De ahí a pasar a la “lista negra” junto a países como Irán, existe un camino que otros actores estatales han recorrido rápidamente.

7. País de operaciones, de tránsito, descanso y hasta de escondrijo de altos jefes de Organizaciones de Tráfico de Drogas (OTDs), como sucedió hace poco con el narcotraficante Luis Caicedo Velandia, capturado en Buenos Aires y que enfrenta un proceso de extradición a los EE.UU.; aunque la importancia que se le atribuyó públicamente, no se corresponda con la realidad del sujeto aprehendido ni con la de la red criminal que integraba.

Procedencia de los narcóticos en la Argentina

Los narcóticos ingresan a territorio argentino desde Bolivia, primariamente, pero también parten de Paraguay y Brasil. La mayor parte de la cocaína y la marihuana procede de Bolivia, aprovechando las ventajas que da un terreno escarpado y el deficiente control a lo largo de la frontera. En el caso de Paraguay, lo más usual es realizar el contrabando utilizando barcazas que tocan tierra en la margen ribereña argentina que está cercana a los puntos de embarque situados en las costas del país vecino.

La heroína de Colombia y parte de la cocaína boliviana y peruana para consumo local y su transbordo a terceros países, llega a la Argentina por vía aérea, aprovechando el escaso control existente debido a la falta de una adecuada radarización. También, por la gran cantidad de pistas de aterrizaje clandestinas (y a veces no tanto), que son utilizadas por organizaciones de narcotraficantes, que difícilmente podrían realizar sus actividades si no contaran con el respaldo de funcionarios corruptos en las jurisdicciones a su cargo.

Según informes altamente especializados de agencias de lucha contra el narcotráfico de EE.UU.[1], gran parte de los cargamentos de narcóticos transbordados hacia Europa desde la Argentina, se canaliza aprovechando el sistema de puertos del país y generalmente son
ocultados en contenedores.

La Argentina fue históricamente una casi inagotable fuente de provisión de casi todos los precursores químicos necesarios para la fabricación de diferentes drogas ilegales, gracias a su avanzada industria química.

Pero además, a la condición de país de tránsito y de fabricación y desvío de precursores, debe sumarse desde tiempo atrás la existencia en territorio nacional de pequeños laboratorios, en los que se convierte en clorhidrato de cocaína la “pasta base” elaborada a partir de la planta de coca.

Como si todo ello no fuera suficiente, también se detectaron y decomisaron pequeños laboratorios para la fabricación de drogas sintéticas destinadas al consumo local y al contrabando hacia otros países.

La Argentina se ha convertido durante los últimos años en un país de consumo de todo tipo de narcóticos y substancias estimulantes como las metanfetaminas, el “Extasis” y el devastador “paco”, llegando a índices que se suponían impensables una década atrás.

El volumen de circulación, distribución y venta de drogas ilegales en espacios abiertos como recitales, e incluso hasta callejera, demuestra a las claras la existencia de una red de protección que jamás podría existir sin la complicidad de sujetos infiltrados en los tres poderes del Estado Nacional. También, desde luego, en los Estados provinciales, comenzando por Buenos Aires, que junto a la Capital Federal concentra a la mayoría de la población argentina y en consecuencia al mercado consumidor de mayor importancia en el país.

Entre los logros a mencionar de las fuerzas de seguridad y policiales de la Argentina se encuentra la localización y secuestro de pequeños laboratorios para tratar y convertir la “pasta base” en clorhidrato de cocaína del 98% o más de pureza. No obstante, el número de unidades neutralizadas de ese tipo demuestra por sí solo el incremento de la actividad tendiente a procesar esa droga a escala local.

Sin embargo y no resulta ocioso reiterarlo, nada parece alterar la gravísima situación vinculada a la flagrante situación relacionada con la venta y el consumo generalizado doméstico, que permite acceder a la compra de narcóticos a una enorme cantidad de adictos, como asimismo a quienes se están iniciando en su uso.

El Informe 2010 de la “Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito” o UNODC[2], incluye ciertos aspectos relevantes sobre la Argentina, que confirman las críticas de quienes denuncian el grave cuadro de situación existente, las tendencias pesadas que se observan actualmente y los escenarios poco tranquilizadores que la ciencia de la prospectiva permite trazar para un futuro.

Cocaína

La existencia de cargamentos de cocaína en tránsito por la Argentina, ha sido comprobada en el terreno gracias a secuestros de gran cantidad de esta droga, como los 300 kilos que estaban escondidos dentro de muebles antiguos con destino a España. El 16 de junio pasado fueron secuestrados 1.625 kilos más de cocaína, acondicionados en cajas de manzanas, operación que se llevó a cabo en el Puerto de Buenos Aires y que iban a salir también rumbo a España. Asimismo y pocos días después fue interceptado un barco que entraba al puerto brasileño de Santos, Brasil. Los contenedores también contenían manzanas con nada menos que 1.724 kilos de droga. Fuentes de la investigación y algunos medios de comunicación del país vecino y de la Argentina, como Clarín, afirman que ambas cargas eran parte de una misma tanda y tenían como destino final el puerto de Barcelona. El cargamento, de 3.349 kilos en total -el mayor de la historia embarcado en Buenos Aires- fue valuado en 150 millones de euros.

Estas noticias no dejan de tener su importancia en la lucha antinarcóticos vinculada a la intercepción de cargamentos de cocaína dirigidos al exterior, lo que marca un importante incremento en los secuestros realizados en el país. Estas exitosas operaciones permiten especular, aunque sin mayores precisiones, sobre el importante volumen total de las drogas ilegales que son transbordadas en territorio argentino sin ser detectadas.

Aunque el Informe 2010 del UNODC no alcanzó a incluir los secuestros de drogas realizados en la Argentina durante las últimas semanas, afirma que en Suramérica alcanzaron niveles de record en 2008 y, que en términos relativos, fueron registrados incrementos significativos en Perú (donde aclara fueron casi doblados), Bolivia (donde crecieron al 62%), Argentina (51%), Brasil (21%) y Ecuador (12%). En cuanto a Chile, las capturas decrecieron un 12%[3].

No obstante y con referencia a la relación entre el tráfico de drogas y la inestabilidad política en países de tránsito de estupefacientes, UNODC informa que entre 2006 y 2008 la mitad de la cocaína detectada con destino a Europa procedía de Venezuela, seguida por el Caribe (11%), Brasil (10%) y Colombia (5%)[4]. En cuanto a la Argentina, figura con índices menores en el cuadro general dentro de un grupo de países restantes en la región, que en conjunto suma un 12%[5].

La cara opuesta de los éxitos que constituyen las capturas de droga en tránsito en la Argentina, está representada por el aumento en el índice de consumo interno de estupefacientes, conjuntamente con Venezuela, Ecuador, Brasil y Uruguay, entre otros países. Pero a diferencia de años anteriores, solamente Chile y Surinam suministraron información concreta sobre variaciones en los índices en el consumo. El país trasandino acusó un incremento en el porcentaje de 2,4% en 2008, contra 1,7% en 2006; mientras que en Surinam el consumo de cocaína bajó de 0,5% en 2002 al 0,3% en 2007.

Los “Elementos Orientadores para las Políticas Públicas sobre Drogas en la Subregión: Primer Estudio Comparativo sobre Consumo de Drogas y Factores Asociados en Población de 15 a 64 años, 2008”, según el UNODC / CICAD[6], permiten afirmar que el uso del clorhidrato y de la “pasta base” de cocaína en la Argentina ha crecido un 2,67% y un 0,54% respectivamente, seguida por Uruguay (1,68% y 0,36%) y Chile (1,31% y 0,62%), en ese mismo orden.

En lo que al mercado de consumo de la cocaína se refiere, Brasil y la Argentina son los de mayor volumen, dado que en términos de números absolutos el primer país registra más de 900.000 usuarios, mientras que el segundo supera los 600.000.

Según el informe producido por el UNODC y la CICAD en países sudamericanos, Chile registra el predominio de uso de cocaína entre estudiantes, seguido por Uruguay y la Argentina. Hay también abuso en el consumo de “pasta base” en estos últimos, aunque el consumo de clorhidrato de cocaína es más alto, tanto en la población de estudiantes como en la adulta. Por el contrario, en Chile, Bolivia y Perú los índices de consumo de clorhidrato de cocaína y “pasta base” están prácticamente equiparados entre aquellos estudiantes que fueron consultados durante el estudio que fuera realizado en conjunto por las instituciones mencionadas.

Cannabis (marihuana)

Con referencia a la marihuana, las agencias que impulsan la lucha contra las drogas ilícitas y el crimen organizado internacional en todo el mundo, coinciden con el UNODC en que el crecimiento sin pausa del THC[7] está cambiando el mercado del cannabis en el mundo. En Canadá y los EE.UU., donde los esfuerzos de erradicación han sido exitosos -agrega-, los niveles de THC reflejan el crecimiento también ininterrumpido hacia la producción doméstica del cannabis de alta concentración[8].

En realidad, los estudios comparados entre las principales agencias antinarcóticos y el UNODC permiten afirmar que hay producción de cannabis en casi todos los países del mundo, pero en razón de la información fragmentada e incompleta que es posible reunir, resulta muy dificultoso elaborar análisis correctos, que permitan a su vez establecer modelos sobre el cultivo de la planta.

A la dificultad arriba señalada se suma también el incremento de la tendencia en el cultivo de cannabis en espacios interiores o sitios techados, agregados o no a los de puertas afuera[9], que impiden el uso de medios satelitales y aéreos para la detección de los mismos.

De acuerdo a literatura científica e informes gubernamentales de 29 países, resulta altamente difícil detectar y monitorear este tipo de instalaciones, situación que se agrava ante la carencia de un sistema eficiente que permita desarrollar ese tipo de tareas a escala mundial.

La Argentina registra un solo caso oficialmente detectado e informado de cultivo de cannabis con propósitos comerciales en un lugar cerrado, lo cual sirve como llamado de atención porque teóricamente podrían existir otras más. Lejos parece estar la Argentina -al menos por ahora-, de compararse con diversos países de Europa del Este, del Norte y Austria, entre otros, donde crece notablemente el número de esas instalaciones. Sin embargo y frente a la corrupción vigente, resulta difícil, si no cercano a lo imposible, hacer un estimado que pueda acercarse a la realidad acerca del número de unidades en operaciones en territorio argentino.

El consumo de cannabis en América del Sur es también alarmante, según las últimas cifras del UNODC, que apunta a la Argentina como el país que sobresale frente a otros, con un 7,2% anual, mientras que Chile registra un 6,75 y Uruguay 6%.

El estudio comparativo sobre uso de drogas y factores asociados dirigidos por la CICAD y el UNODC[10] en 6 países de América Latina, muestra que entre los recientes consumidores de cannabis que fueron entrevistados en la Argentina, un 27,5% fue diagnosticado como drogodependientes, basándose en criterios clínicos de Clasificación Internacional de Enfermedades, establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). (Continuará)

Horacio Calderón