Señor Director:
Creo que cuando los responsables de fuerzas de seguridad u otras autoridades ejecutivas incumplen órdenes judiciales por instrucciones de un superior, incurren en un delito no excusable por una supuesta —y no prevista de modo alguno en las leyes— "obediencia debida", y deberán responder quizás con su propia libertad o patrimonio, a la demanda de los afectados por la misma.
Tengo la impresión de que lo enunciado pasa de ser una consideración teórica, y que debiera ser tenida en cuenta por los involucrados en estas situaciones.
Santiago Floresa
Capital Federal