Los fiscales que investigan el escándalo de la valija con los 800 mil dólares que Guido Antonini Wilson intentó ingresar al país hace casi cuatro años pidieron más de veinte medidas de prueba para evitar la parálisis y posterior indefinición de la investigación.
En ese marco, apuntaron al ex funcionario del Ministerio del Planificación involucrado en el hecho: Claudio Uberti.
Luego de más de tres años y medio de investigación, y ante la falta de respuestas al pedido de extradición a Estados Unidos de Antonini Wilson y de pruebas vinculadas a la causa, los fiscales que intervienen en el caso solicitaron nuevas medidas o bien la reiteración de otras.
María Luz Rivas Diez y Mariano Borinsky entregaron en los últimos días las requisitorias al juez de la causa quien los consultó sobre si consideraban realizar alguna medida, para determinar los pasos a seguir a raíz de que hasta el momento no hubo avances en la investigación.
En el requerimiento, sugirieron que se reitere el pedido de extradicción de Antonini Wilson y del ex vicepresidente de la petrolera venezolana PDVSA Daniel Uzcátegui Matheus y su hijo Diego Uzcátegui Specht, diligencia que el juez repitió en varias ocasiones sin éxito.
Estados Unidos nunca dio respuesta al pedido por Antonini y Venezuela ya respondió en forma contundente que la Constitución de ese país tiene terminantemente prohibido conceder la extradición de ciudadanos de ese país.
Por otra parte, los fiscales reclamaron al juez Daniel Petrone que se intime a distintas empresas de internet a que entreguen el listado de correos electrónicos entrantes y salientes de las casillas correspondientes al ex titular del Órgano de Control y Concesiones Viales (OCCOVI), Claudio Uberti, así como de su entonces secretaria Victoria Bereziuk, del propio Antonini y de los Uzcátegui.
Según fuentes consultadas por Noticias Argentinas, en una oportunidad la empresa Google había hecho entrega de una amplísima documentación del contenido de e-mails que nada tenía que ver con las personas involucradas.
En el pedido, Rivas Diez y Borinsky precisaron que el pedido era para aquellos e-mails que pudieron haber sido enviados o recibidos previamente y posteriormente al 4 de agosto de 2007, día en que aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery y la Policía de Seguridad Aeroportuaria detectó en los controles los 800 mil dólares en la valija del venezolano.
También pidieron que se cite a declarar como testigo al presunto sucesor del empresario Alfredo Yabrán, al dueño de la empresa de charters aéreos Héctor Colella, puesto que Antonini llegó al país en uno de sus aviones.
Incluso, reclamaron que nuevamente presten declaración dos personas que viajaron en ese vuelo: el copiloto Daniel Puciarelli y la ex secretaria Bereziuk, esta última de gran importancia ya que incluso hizo ingresar a Antonini Wilson a la Casa Rosada para presenciar una cumbre del entonces presidente Néstor Kirchner y su par Hugo Chávez.
También solicitaron que el listado de llamadas entrantes y salientes de Antonini Wilson abarque un período más extenso que los días posteriores a que dejara el país con destino a Estados Unidos, previa escala en Uruguay.
En el escrito —según las fuentes— figuran más de 500 números de celular sobre los cuales pidieron que se establezca, mediante oficio a las compañías telefónicas, a quienes corresponden los mismos, los cuales surgen por haber figurado en el listado de llamadas recibidas o hechas de algunos de los imputados.
Todas las medidas tienen como único fin evitar que la causa se termine cerrando y sin que se encuentren los responsables del hecho: Uberti está favorecido con una falta de mérito y hasta el momento el juez no encontró pruebas con que modificar ese estado.
El ex funcionario quedó involucrado tras reconocer que él autorizó que Antonini Wilson viajara en el avión junto con ellos, tras un pedido que le hizo durante una cena en Caracas Diego Uzcátegui.