En una interesante sentencia (*), la Sala IV de la Cámara del Crimen, con la firma de los magistrados Alberto Seijas y Carlos González, declaró nulo todo lo actuado en el marco de una causa en la que la Superintendencia de Asuntos Internos de la Policía Federal utilizó un agente encubierto para detectar irregularidades en el otorgamiento de libretas sanitarias.

Los autos llegaron a la Alzada por recurso de apelación de la defensa del imputado, que postuló la declaración de nulidad del procedimiento llevado a cabo por la autoridad preventora en manifiesto exceso del marco de su competencia La investigación se inició a raíz de una presentación anónima en la que se denunciaban irregularidades en el sector de expedición de libretas sanitarias de un hospital público.

Los hechos: en julio del año 2010 una agente de la Policía Federal se presentó en el hospital, siguiendo las directivas de la Superintendencia, y constató que los policías que prestaban servicios con adicionales en el lugar, participaban en la confección de libretas sanitarias “truchas”.

Entrevistados por el “agente encubierto” acerca del trámite para obtener una libreta, los uniformados manifestaron que existía una “manera difícil” y otra “fácil”, esta última consistía en presentarse en el hospital por la mañana, previo contacto con cualquiera de ellos que conocían una médica que hacía el trámite en solo 20 minutos y sin necesidad de presentar los estudios médicos de rigor. El valor del trámite “fácil”, gestionado por el personal policial de servicio en el hospital, era de $120.

El agente encubierto desarrolló la tarea de inteligencia previo a contar con la orden de la Jueza de Instrucción a cargo del sumario, lo que torna ilegal el procedimiento. A mayor abundamiento, el ilícito investigado en la causa no es de los que habilita la excepcional figura del agente encubierto.

Subraya la Sala que es doctrina del Tribunal que la actuación de un agente encubierto reclama los siguientes recaudos: 1) la existencia de una investigación vinculada al tráfico de estupefacientes; 2) el dictado de una decisión judicial fundada; y 3) que la investigación no pueda alcanzar sus fines por otro mecanismo. Concretamente, sólo la ley 23.737, observando estrictos requisitos procesales, y siempre bajo la supervisión del juez, consiente la figura del “agente encubierto”

Abundo, predica que el personal policial excedió el marco de la tarea que le había encomendado la Superintendencia de Asuntos Internos de la PFA, en tanto procedió por iniciativa propia a entrevistarse con los imputados, incitándolos a cometer un delito de acción pública por lo que, la actividad desplegada enmarca en las características de un “agente provocador”, por cuanto generó una situación ficticia tendiente a comprobar la existencia de un delito.

Influyó de manera determinante sobre el ánimo del imputado conduciéndolo a actuar antijurídicamente

Lo expuesto concluye, “torna írrito el procedimiento realizado y la prueba que de él se derivó” y, en consecuencia, declaran nulo todo lo actuado en la causa, desde que no existe otro curso de investigación independiente.

El relato ilustra sobre la necesidad de entender que quien debe conducir la investigación judicial siempre debe ser el Juez de Instrucción o el Ministerio Público Fiscal en los sistemas acusatorios como el de la ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, y en estos casos bajo la supervisión del Juez de Garantías.

Aprenderlo lo antes posible evitará que se malogren pesquisas por la generación de nulidades procesales vinculadas a la violación de garantías constitucionales, como la defensa en juicio y el debido proceso adjetivo.

 Carlos E. LLera

(*) C.N.Crim.y Corr., Sala IV, causa nº 621.11 “I., M. Á. s/planteo de nulidad”, resuelta el 26/05/2011