La sabiduría popular sostiene que “el diablo se olvida de tapar la olla”, significando que más allá del cuidado que se pudiere tener en urdir y ejecutar trapisondas, siempre algún detalle revelador se escapa permitiendo desnudar la verdad.

Desde que comenzó la caza de brujas judicial contra la señora Ernestina Herrera de Noble respecto de sus hijos adoptivos, dos familias —que se constituyeron en querellantes en la causa judicial tramitada hoy ante la juez federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado— sostenían que los jóvenes eran sus nietos, es decir, hijos apropiados de sus hijos desaparecidos.

Así estuvieron una década litigando en un proceso que eyectó de su cargo al primer juez interviniente, Dr. Roberto Marquevich, acusado de mal desempeño por haber detenido sin una causa justificada a la señora Ernestina Herrera de Noble, directora del diario Clarín, el 8 de junio de 2004.

Tanta fue la presión, que la olla casi explotó. Corrieron mares de tinta y miles de fojas, bajo la dirección del nuevo juez Dr. Conrado Bergesio, que también fue apartado de su cargo por orden de la Cámara Federal de San Martín, revocando la resolución del juez que dictó la falta de méritos para procesar a la dueña del diario más importante de nuestro país.

Aterrizando en el expediente, la jueza Sandra Arroyo Salgado de Nisman —íntimamente ligada al senador ultrakirchnerista Miguel Angel Pichetto— fue más que evidente el mandato de la Casa Rosada kirchnerista en el sistemático atropello de los derechos de los hijos adoptivos, llegándose al extremo de quitarles prendas íntimas previo detenerlos en la vía pública, cuando no había ninguna necesidad de tal manoseo.

Se ordenó que los jóvenes Marcela y Felipe Herrera de Noble se prestaran a la extracción de sangre y saliva para analizar su ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos que funciona en el Hospital Durand, comparando sus perfiles genéticos no sólo con las dos familias querellantes, sino con todas las muestras depositadas en dicha institución, y lo que resulta más insólito: no sólo con 53 muestras que encierra el abanico de las fechas de sus hipotéticos nacimientos en cautiverio sino que también podrían ser cotejadas con cualquier otra muestra que pudiere aparecer en el futuro.

Efectuados los primeros estudios comparativos de los jóvenes adoptados por la dueña de Clarín con los de las dos familias reclamantes, se llegó a la conclusión que no coinciden con ellos, es decir, no son sus nietos.

Pero lo más absurdo de todo esto no es que el examen realizado en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) revelase que Marcela y Felipe Noble Herrera no son hijos de las dos familias querellantes, Miranda-Lanoscou y García-Gualdero, que reclamaban la paternidad de los dos jóvenes, sino que uno de los reclamantes pusiese en duda la credibilidad de dicha intervención

David Lanuscou, quien sospechaba que Marcela Noble era su nieta Matilde, aseguró que “por supuesto que los Noble Herrera ya sabían que los análisis iban a dar negativos”. Según su punto de vista, "el cambio de estrategia de los Noble fue muy sospechoso”. 

"Como siempre querían ganar tiempo y negarse a ir al BNDG, pensé que igual son hijos de desaparecidos, tengo la certeza de eso", insistió

Las sospechas de la familia Lanuscou también apuntan contra la ex titular del BNDG, Ana María Di Lonardo. “Hay que seguirle la pista a ella, porque desde hace tiempo viene trabajando con los peritos de Clarín”, señaló. David también ve un trasfondo político: “No es casual que justo ahora que se sepa esto en medio del caso Schoklender, las elecciones”.

Este manto de sospecha que ahora arroja Lanuscou podría destapar un escándalo muy superior al affaire Schoky-HP de Bonafini: ¿quién puede asegurar que en el banco nacional de datos genéticos existen muestras legitimas de desaparecidos durante el trágico proceso militar? ¿Quiénes cobraron millonarios resarcimientos como hijos y nietos “aparecidos”, son en realidad tales o simples estafadores que lucraron con la hipócrita política de derechos humanos kirchnerista?

Enrique Piragini