El juicio al que será sometido el sindicalista José Pedraza y otras nueve personas por el homicidio del joven militante del Partido Obrero (PO) Mariano Ferreyra comenzará a delinearse en septiembre próximo en donde el Tribunal convocó a una audiencia para todas las partes y así definir cómo se llevará a cabo el debate.

En un oficio al que accedió Noticias Argentinas, todas las partes recibieron a última hora del viernes un oficio del Tribunal Oral Criminal Nº 21 (TOC21) en donde los convoca con carácter "obligatorio" a una audiencia el próximo 7 de septiembre a las 10.30, para empezar a definir cómo y bajo qué circunstancias se realizará el juicio, cuya fecha de inicio aún no se estableció.

Como primer punto, el Tribunal quiere tratar los planteos de nulidad presentados por algunos de los defensores, entre ellos, los que hizo el abogado Carlos Froment, quien asiste al titular de la Unión Ferroviaria detenido desde febrero de este año.

En esa audiencia se comenzará a barajar una fecha tentativa de inicio del juicio —según las fuentes— así como el lugar donde podría realizarse, las jornadas por semana que se realizarán y la duración total del mismo. Asimismo, se evaluará "la necesidad de convocar a un juez sustituto, y sobre el número de acusadores y defensores técnicos", tal cual precisa el escrito de una carilla firmado por la secretaria Valeria Daniela Saá.

También para definir sobre "la prueba ofrecida por todas las partes, desestimándose aquella que resultase superabundante, previa sustanciación de las oposiciones que pudiesen existir".

A ello, el Tribunal se refiere a la gran cantidad de testigos, así como de pruebas suplementarias pedidas por algunos de los abogados defensores, o bien la realización de estudios médicos sobre los heridos y también la reconstrucción del hecho ocurrido en octubre del año pasado en el barrio porteño de Barracas.

En la causa, además de Pedraza, están detenidos el segundo del gremio Juan Carlos "Gallego" Fernández; el delegado en el ramal Roca Pablo Díaz; y los ferroviarios Gustavo Alcorcel, Jorge González, Armando Uño, Salvador Pipito y Juan Carlos Pérez.

Los otros dos detenidos son los barras bravas Cristian "Harry" Favale y Gabriel "Payaso" Sánchez, ambos sindicados como quienes aquella tarde realizaron disparos, uno de los cuales mató a Ferreyra y otros hirieron a los manifestantes Ariel Pintos, Nelson Aguirre y Elsa Rodríguez, esta última recibió un disparo en la cabeza y salvó su vida de milagro.

Al ofrecer prueba, el abogado de "Harry" Favale, Sergio D´Amico, pidió que sean citados el dirigente social Luis D´Elía, el ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak; y el intendente de Quilmes, Francisco "Barba" Gutiérrez, estos dos últimos porque fueron quienes "acercaron" un testigo clave ante la jueza y quien al declarar involucró a su cliente como autor de los disparos.

También el abogado justificó el testimonio de D´Elía, ya que tras el hecho éste vinculó el crimen con Eduardo Duhalde, al asegurar que la patota estuvo dirigida por Alberto Trezza, quien fuera subsecretario de Transporte ferroviario durante la presidencia duhaldista.

Por su parte, el defensor de Uño, Gustavo Igounet, pidió que fuese convocada a declarar la titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, ya que la dirigente —según argumentó— en ocasiones dijo que los grupos piqueteros actuaban armados.

Con ello se quiere robustecer una de las estrategias a la que recurrieron la mayoría de los abogados defensores, hasta ahora sin éxito: que también hubo una agresión por parte del grupo del PO donde estaba ubicado Ferreyra, algo que insistieron desde el inicio de la causa y la jueza Wilma López nunca "compró".

El abogado Froment, defensor de Pedraza, pidió que sea citado el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, ya que la jornada previa al crimen el sindicalista estuvo reunido con el funcionario – y según el primero— él le advirtió sobre una protesta que al día siguiente iban a realizar empleados tercerizados del Roca con cortes de vías, a fin de que tome medidas.

Otras defensas, como lo es el caso de Gustavo D´Elía, defensor de Sánchez, reclamó una instrucción suplementaria: pidió no sólo la reconstrucción del caso en Barracas, sino que se realice la pericia balística de Rodríguez, una de las manifestantes heridas.

Lo que estará en discusión en el juicio es si —tal cual está acreditado en el voluminoso expediente— el grupo actuó bajo un "plan" o "acuerdo criminal", instigados por Pedraza.

Para la jueza de la causa, el objetivo del ataque por parte de la patota era "evitar el corte de vías" y "aleccionar a los tercerizados" para que no repitan el reclamo, y también a fin de mantener su "poder hegemónico", "político y económico" y evitar el ingreso a planta permanente de los trabajadores del Roca.

Sergio Farella
NA