El ministro de Economía, Amado Boudou, debió salir a desmentir hoy versiones sobre el supuesto intento de un sector del gobierno para echar mano de los 30.000 millones de pesos que mueven las obras sociales, pero los sindicatos igualmente están en alerta ante cualquier posibilidad en ese sentido, indicó Noticias Argentinas.

 Boudou, cuya campaña como precandidato a jefe de Gobierno porteño fue apoyada por el titular de la CGT, Hugo Moyano, se apuró en aclarar que la versión difundida hoy por el diario Clarín en su primera plana, pero contada ayer por este medio a través de un artículo del diario El Cronista, era falsa.

 En campaña en la localidad bonaerense de Navarro, el candidato a vicepresidente por el Frente Para la Victoria (FPV) dijo que no existe "ninguna iniciativa" desde el gobierno nacional para controlar las obras sociales y agregó: "Nuestra agenda es nuestra agenda y no la que imponen los medios".

“Si en algún momento hubiera alguna iniciativa, la daremos a conocer como lo hemos hecho siempre", afirmó el ministro de Economía.

 La versión indicaba que sectores ultrakirchneristas verían con agrado la posibilidad de controlar los 30.000 millones de pesos que administran las obras sociales sindicales puso hoy en estado de alerta a los gremios, los cuales rechazaron esa posibilidad y dijeron que "siempre hay alguno que quiere manotear alguna cajita más".

 "Cubrimos la salud del 48 por ciento de la población", advirtió el secretario general del Sindicato de Peones de Taxi y mano derecha de Hugo Moyano, Omar Viviani.

 En tanto,  el secretario general de la Unión Obrera Textil,  Jorge Lobais, admitió que "siempre hay alguno que quiere manotear alguna cajita más", y aprovechó para marcar diferencias con la agrupación La Cámpora, quien estaría detrás de la idea de estatizar las obras sociales. 

   "Un sector de la juventud que cree que nosotros somos una manga de viejos pelotudos y que estamos de más", señaló Lobais, al tiempo que reconoció que "seguramente hay alguno de La Cámpora que quiere que se vaya Moyano", aunque aseguró que tiene "excelentes amigos" en esa agrupación de jóvenes kirchneristas.

 De esta manera, el gremialismo salió a cuestionar el supuesto plan para reformar el actual sistema de obras sociales y controlar los fondos destinados para ese fin, unos 30.000 millones de pesos.

Lobais, integrante de la mesa chica de la CGT, advirtió que "desde la dictadura siempre nos quieren manotear las obras sociales".

 En tanto, Viviani, aseguró que "la agenda no la puede marcar ningún diario hoy en la Argentina".

 "Desde la dictadura siempre nos quieren manotear las obras sociales porque dicen que es nuestra caja y por la cual somos corruptos, millonarios", se quejó Lobais.

 El líder de la Unión Obrera Textil advirtió que "si hay algún caso de corrupción, se harán responsables".

 El gremialista mostró su rechazo al proyecto, que aún no fue blanqueado y que estaría siendo elaborado por sectores juveniles vinculados al Ministerio de Economía.

 "Sé perfectamente bien que con un sueldo de 3.000 pesos yo recibo de promedio 270 pesos por grupo familiar, de lo cual depositamos el 15% y hacemos lo que podemos para darle la mejor obra social a nuestros compañeros", graficó Lobais.

 Calculó que "en un promedio de tres personas por grupo familiar, con 300 pesos tenemos 100 pesos por cada uno y todavía nos dicen que vamos a competir con las prepagas en las que cualquiera paga mil pesos por cabeza, así que es una risa que nos digan eso", se quejó.

 Por su parte, Viviani destacó que "la ley de obras sociales viene desde 1969, cuando Francisco Manrique era ministro de Desarrollo Social" y pidió que ningún medio marque la agenda del país.

 "Esta ley cubrió un espacio que el estado nacional no podía cubrir. Pasaron muchas cosas y hoy las obras sociales sindicales cubrimos la salud del 48 por ciento de la población, o casi 20 millones de personas", destacó Viviani en radio 10.

"Hace un mes y medio que no vemos a la presidenta", indicó Viviani en referencia a la ausencia de contacto entre los miembros del consejo directivo de la CGT y Cristina Fernández. 

En declaraciones radiales, recalcó que los sindicalistas de la central obrera "trabajaron" en apoyo de la candidatura de la Presidenta en las elecciones primarias y puso como ejemplo a su propio gremio  que "aportó fiscales y taxis para transportar a los votantes"."No hemos tenido, y lo he dicho, lo que aspirábamos en cuanto a compañeros en las listas”, expresó.

 El borrador que circula en algunas sectores del gobierno, plantea que los aportes y contribuciones que hoy van a las obras sociales pasen al Estado.

 Y que sobre esa base se forme un superorganismo oficial de salud que contrate los servicios médicos, como hoy hacen las obras sociales.

 Esta iniciativa formaría parte de las medidas que el Gobierno buscaría implementar para reforzar las alicaídas finanzas públicas y hacer frente a los eventuales impactos de la crisis internacional.

 Con este esquema —que guarda algunos puntos de contacto con la estatización de las AFJP—, el Gobierno daría por cancelados los $ 6.000 millones que adeuda a las obras sociales por el remanente del Fondo de Redistribución y que la CGT viene reclamando en forma insistente.

Equipo de Actualidad de Tribuna de Periodistas