El avance de agrupaciones de profesionales sub-40 con ideas económicas heterodoxas para aplicar en el futuro —como La GraN MaKro (LGM), AEDA y La Cámpora— es probable que comience a presionar al Gobierno para que actúe en ese sentido, así lo indica hoy el matutino El Cronista, con la firma de Carlos Arbía.

El control de la caja de las obras sociales para mejorar los ingresos fiscales y una estatización del comercio exterior para manejar la oferta de dólares en el mercado, serían algunas de las medidas que se proponen en caso que la crisis mundial no se frene.

Con el argumento de que “el Estado debe ser el que cuide el ahorro y la salud de los argentinos” las autoridades piensan en medidas aisladas, pero no en un plan como fueron los instrumentados en las décadas pasadas. “Nunca lanzaremos planes de ese estilo como los neoliberales de los 80 y los 90” es la frase que se escucha cerca de Amado Boudou.

Obras sociales, esa suculenta caja

En los despachos del Ministerio de Economía, de la ANSeS y del PAMI circula desde hace varios meses un proyecto de reforma del sistema de obras sociales, que de aplicarse, tendría implicancias gravísimas para el gremialismo que perdería el control de la caja de las obras sociales.

En números significaría que el Gobierno se podría quedar con una suculenta caja estimada en unos 25.000 millones de pesos anuales de máxima, o unos 5.000 millones de mínima por apropiarse del 3% que aporta cada trabajador de su salario que irían al Estado.

Quien ya había comenzado a pensar en ese proyecto fue Néstor Kirchner a mediados del 2008, cuando en plena crisis con el campo le pidió al interventor del PAMI, Luciano Di Cesare, que estudiara una reforma para el organismo junto a la Administración de Programas Especiales (APE) de la Superintendencia de Salud. Lo que intentaba Kirchner en ese momento, era que el PAMI se transformara en una especie de “Mega Obra Social Estatal”.

El proyecto plantea que el porcentaje de la cuota del salario que aportan los trabajadores a sus respectivas obras sociales vaya a parar al Estado, en lugar de depositarse en las cuentas de las obras sociales, como ocurre hoy con los aportes previsionales luego de la estatización de las AFJP en el 2008 que van a la ANSeS.

Dicho, proyecto quedó archivado porque apareció la idea creativa de Amado Boudou de estatizar la AFJP cuando estaba al frente de la ANSeS para quedarse con la caja de los aportes previsionales, los cuales fueron a parar al instituto que dirige Diego Bossio.

 La intención, al parecer, sería la de armar una especie de plan “Salud Para Todos”  y que el Estado compita de lleno con la medicina prepaga.

Comercio exterior: adentro

El Gobierno también tendría en vistas otra medida que viene impulsada desde hace tiempo por el secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno: la estatización del comercio exterior para quedarse con el manejo de los dólares que genera un saldo comercial favorable de unos 10.000 millones de dólares.

Las recientes medidas que ha tomado el Gobierno —como la imposición de las Licencias No Automáticas (LNA) a las importaciones y la obligación a los importadores de autos o de maquinaria agrícola a exportar un dólar por cada dólar que importen, para balancear el saldo de su balanza comercial— configuran una especie de intervención del Estado, pero si la situación internacional se complica y la demanda mundial se retrae, están en estudio otras alternativas: avanzar en la estatización del comercio de granos, un proyecto que se discutió en marzo del 2009 y finalmente no prosperó porque Néstor Kirchner lo frenó en la Quinta de Olivos,  y establecer una mayor regulación del mercado a través de recrear la Junta Nacional de Granos u obligando a derivar parte de los cupos a las cooperativas agrarias.

Redacción de Tribuna de Periodistas