A mediados del año 2000 comenzó el desembarco en la Argentina de varias agencias privadas de inteligencia y seguridad, todas de origen norteamericano, que hoy ya tienen tomada la porción más gruesa del mercado. Ellas trasladan fondos, ofrecen seguridad bancaria y servicios de custodias personales, de edificios y barrios cerrados. Pero, además, organizan operaciones de espionaje industrial y de inteligencia militar para Estados extranjeros.
    Cada una de esas “compañías” tiene su historia, pero este artículo se referirá especialmente a la de una de ellas: Trident Investigative Services Inc., propiedad del coronel Oliver North —aquel que estuvo en el centro del escándalo Irán-contras—, representada en la Argentina por el uruguayo, nacionalizado norteamericano, John Battaglia Ponte. Hablar de esa agencia y de esos personajes implica referirse a la supervivencia y al reciclaje del Plan Cóndor, organización criminal dedicada hoy, además de a la represión, al tráfico de armas y de drogas, negocios que constituyen su mejor especialidad.
    Battaglia Ponte fue uno de los coordinadores del Cóndor, trabajó para la CIA y para North, estuvo a cargo de detectar y perseguir a los exiliados argentinos en los Estados Unidos en tiempos de la dictadura, y trabajó activamente durante aquellos años en Paraguay, en la Argentina y en Uruguay, su país de origen. También cumplió su papel en América Central, y esas referencias geográficas trazan el mapa de una red mafiosa internacional cuya eficacia se sostiene hasta el día de hoy.
    Trident, por supuesto, trabaja aún para la inteligencia norteamericana —actualmente tiene fuerte presencia en Irak— y Battaglia Ponte, de antiguos vínculos con militares argentinos, ha tomado parte en la organización de grupos parapoliciales en México, donde, como se sabe, cumplieron en su momento un papel muy activo varios asesores llegados desde la Argentina.
    Por ejemplo, Battaglia conoce muy de antaño a las bandas paramilitares “Los Chinchulines”, con base en el municipio de Chilón; “Paz y Justicia”, en Sabanilla; el “Frente Cívico Luis Donaldo Colosio” y la “Organización Juventud Independiente”, en Tila y Salto de Agua. También a los llamados “Guardias Blancos”, autores del asesinato de unos 600 campesinos entre 1996 y 2000.
    Por cierto, la presencia de consejeros militares argentinos entre las fuerzas desplegadas en Chiapas desde la década pasada, tal como hicieron en los años ‘80 en El Salvador, Honduras y Guatemala, señala la supervivencia de un sistema clandestino y secreto de coordinación de la inteligencia militar. En ese punto resurgen por su propio peso nombres como los de Oliver North y Battaglia Ponte.
    En otras palabras: persiste la actividad de organizaciones mafiosas y represivas creadas hace casi 30 años y consolidadas, en lo que a los militares argentinos respecta, cuando, tras el golpe de 1976, Guillermo Suárez Mason promovió la creación del Grupo de Tareas Exteriores (GTE) del Batallón 601, un aparato de inteligencia militar vinculado con la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side).


Viejos contactos

   Los primeros contactos de la inteligencia militar argentina con los grupos centroamericanos de extrema derecha se produjeron por intermedio de la organización neofascista italiana “Avanguardia Nazionale”, en 1973, cuando el terrorista de esa misma nacionalidad Stephano Delle Chiae, de contactos fluidos con la Dina chilena, comenzó a operar en la Argentina. Michael Townley —ahora convicto en los Estados Unidos por el asesinato del ex canciller de Chile Orlando Letelier— hizo de nexo entre la primera misión de consejeros argentinos y el entonces oficial del ejército salvadoreño Roberto D’Aubisson.
    En 1980, producido el golpe narco-militar en Bolivia conducido por Luis García Meza y organizado por la dictadura argentina —el brigadier Omar Graffigna estuvo personalmente en un aeropuerto militar de La Paz la noche de la sublevación—, hubo allí una reunión peculiar entre Luis Arce Gómez —hoy preso por narcotráfico en los Estados Unidos—, su primo Roberto Suárez, llamado entonces “el barón de la droga”, Delle Chiae y el teniente coronel argentino Hugo Miori Pereyra, delegado de Suárez Mason. En ese cónclave se llegó a un acuerdo para aceitar el mecanismo de tráfico de drogas en América Central y del Sur, de modo de financiar grupos paramilitares. Además, claro está, de llenar los bolsillos de quienes sellaron el pacto.


Represión y narcotráfico

    El coronel argentino José Osvaldo Ribeiro, (a) “Balita”, estuvo a cargo durante los años ‘80 del destacamento argentino en Centroamérica. El teniente coronel Miori sirvió de “mensajero” y a él se asignó un papel importante en la coordinación del tráfico de drogas por El Salvador, donde instaló redes que perduran hasta la actualidad. La cocaína se transportaba a bases de la Fuerza Aérea salvadoreña y desde ellas se la enviaba a los Estados Unidos. En su momento, parte de esa droga financió los escuadrones de la muerte de D’Aubisson.
    Pues bien: todas esas operaciones estuvieron supervisadas por el coronel North y por Battaglia Ponte.
    Uno de los contactos de North y Battaglia Ponte era el teniente coronel argentino Santiago Hoya, (a) “Santiago Villegas”. Hoya y Ribeiro fueron participantes activos de las operaciones (organizadas por North con la colaboración de Battaglia) que luego derivaron en el escándalo Irán-contras. Ribeiro, además, tuvo responsabilidad en varias desapariciones de personas en cuanto él mismo era pieza operacional del Plan Cóndor.
    En esa época, Battaglia y Ribeiro también fueron instructores de los servicios de inteligencia paraguayos, chilenos y uruguayos. En tiempos de la guerra subversiva contra el gobierno sandinista en Nicaragua, Ribeiro, desde una habitación del Honduras Maya Hotel, en Tegucigalpa, coordinaba operaciones con ex miembros de la Guardia Nacional somocista. El argentino Hoya fue jefe de operaciones de aquel plan sedicioso y organizó el centro de entrenamiento Sagittarius, en las afueras de Tegucigalpa, y el campo de concentración llamado “La Quinta”.
    Battaglia Ponte —a esta altura conviene recordar que tiene hoy en sus manos buena parte del negocio de la seguridad privada en la Argentina— también intervino, por cuenta de la CIA, en las negociaciones que culminaron con la creación de una dirección “contra” colegiada, y en la organización de la “Legión Setiembre”, constituida por ex guardias somocistas. Así pudo ponerse en marcha la Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN).
    Según una investigación del San José Mercury News, las actividades del FDN se financiaron en gran parte con el tráfico de cocaína. El nicaragüense Danilo Blandón, ex agente especial de la DEA, admitió ante el Congreso norteamericano que entre 1981 y 1988 se transportaron más de 100 kilos semanales de droga desde bases aéreas salvadoreñas hacia territorio de los Estados Unidos.


De ayer a hoy

    Toda esa estructura se mantuvo mucho tiempo, y se mantiene todavía hoy.
    Resulta interesante recordar que, una vez estallado el alzamiento campesino en Chiapas, marchó a asesorar a los militares mexicanos el represor argentino Juan Martín Ciga Correa, (a) “Mayor Santamaría”, otro viejo conocido de Battaglia. Las autoridades argentinas tenían orden de arresto contra Ciga Correa por el asesinato en Buenos Aires, en 1974, del general Carlos Prats González, ex comandante del Ejército chileno.
    Además, Battaglia Ponte, al igual que North, tiene vínculos aceitados con la secta Moon, organización mafiosa, financiera y traficante de armas a la cual pertenece la familia Bush. Esa secta financió buena parte de las actividades de Battaglia en los años ‘80. Y, si se tiene en cuenta la fuerte presencia actual de los Moon en Corrientes y en toda la zona de la triple frontera, caen por sí incógnitas inquietantes.
    Tal es la calidad de la inteligencia y la seguridad privada que ha hecho pie en la Argentina, de donde, en verdad, nunca se habían ido.

Alejandro Guerrero
Prensa Obrera