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Desde que llegó a la primera magistratura, Cristina Kirchner disfrutó de un raro privilegio: jamás fue investigada judicialmente por delito alguno. Esa “suerte” parece haber terminado este lunes, cuando quedó formalmente imputada en una causa penal que el fiscal Carlos Stornelli inició por irregularidades en las restricciones para la compra de dólares y en el uso de las reservas del Banco Central para financiar el Gobierno y pagar la deuda externa.
El requerimiento de instrucción, que publicó hoy diario Clarín, está caratulado “Marco del Pont Mercedes y otros sobre defraudación contra la administración pública”. En el siguiente párrafo, titulado “condiciones personales de los otros imputados” señala que denuncia a la presidenta del BCRA, Mercedes Marcó del Pont, al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, al secretario de Comercio, Guillermo Moreno y “a la presidenta de la Nación, dra. Cristina Fernández de Kirchner”.
La denuncia fue presentada en su momento por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió ante la jueza federal María Servini de Cubría. “Recientemente, Servini preguntó a Stornelli, tal como establece los artículos 180 y 188 del Código Procesal Penal de la Nación, si la denuncia ameritaba que se impulsara una causa penal y el fiscal contestó que sí y escribió los nombres de los sospechosos”, según publica Clarín.
Stornelli quiere determinar si las resoluciones de Marcó del Pont y el decreto de necesidad y urgencia 298/03 de Cristina, entre otros DNU, constituyeron “actos perjudiciales” contra el valor del peso argentino. Puntualmente, el fiscal quiere confirmar si Marcó del Pont acató automáticamente el DNU 298/2010 y transfirió 6 mil millones de dólares al Tesoro a pesar de que luego “la Cámara de Diputados lo declaró nulo”.
En el mismo escrito, Carrió apuntó contra el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, por una serie de restricciones a la compra-venta de dólares que limitaron “de manera arbitraria, irrazonable e ilegal el acceso al mercado cambiario”. Esas restricciones son “una discriminación arbitraria y manifiesta” en perjuicio de los argentinos y a favor de los tenedores del bono BODEN 2012, según la legisladora.
Tribuna de Periodistas intentó hablar con Carrió, pero una de sus asistentes aseguró que aún no hará declaraciones públicas. “Más tarde a lo mejor sí”, advirtió.
José María González