El Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, el estadounidense James Anaya, acaba de publicar un informe revelador de la exclusión social, inseguridad jurídica, usurpación de tierras y la miseria que viven los pueblos autóctonos en Argentina, documento que refleja la misión de visita que realizara al país a fines de 2011, cuya presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas está programada para el próximo 18 de septiembre 2012 en Ginebra.

Compuesto por 47 Estados elegidos anualmente mediante el voto secreto de la Asamblea General de la ONU, del que Argentina hoy es observador, el citado Consejo tiene previsto llevar a cabo ese mismo día un debate sobre el acceso a la justicia de los pueblos indígenas en el mundo, con la intervención de panelistas de Malasia, Australia, Rusia, México y Kenya, e incluso votar luego una resolución para promover y reforzar el respeto de los derechos de esos pueblos, hacia el cierre de la sesión, entre el 26 y 28 de septiembre de 2012.

Por cierto, el tema de los pueblos indígenas figura en la agenda del Examen Periódico Universal (EPU), al que se va a someter Argentina el 22 de octubre venidero también en Ginebra, un mecanismo de control integral sobre el conjunto de los derechos humanos, en el que son invitados a formular recomendaciones los 193 Estados constitutivos de Naciones Unidas, y las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), con la asistencia de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, la sudafricana Navi Pillay, reunión que aguarda la presencia de representantes de la sociedad civil y periodistas procedentes de Argentina para dar cuenta de las deliberaciones.

Los Relatores Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU son expertos independientes designados por consenso, de alta capacidad técnica y estatura moral, que bregan con autonomía de su nacionalidad y de acuerdo a la libertad de conciencia individual. No cobran sueldo por el trabajo al servicio de Naciones Unidas, que solo les cubre los viáticos para asumir el mandato, cuya duración es de tres años, renovable por otros tres años una sola vez. La Relatoría a cargo de Anaya se ocupa de defender los derechos de 370 millones de indígenas dispersos por el planeta; el 5% de la población del globo, que significan el 90% de la pluralidad cultural, y sus tierras el 80% de la biodiversidad.

Las conclusiones de la visita del relator Anaya a la Argentina muestran una desprotección, discriminación y represión crónica para con sus 2 millones de indígenas, aunque las cifras oficiales alcanzan a 600.329, el 1,7% de la población actual. Se trata de una heterogeneidad de 30 pueblos oriundos de superficies que en el presente se extienden en ciertas provincias del norte y del sur, quienes todavía sufren las secuelas del exterminio que padecieran durante la colonización del siglo XIX. Sus exponentes más numerosos son los mapuches en Patagonia, y los kolla, tobas y wichí en las provincias de Jujuy, Salta, Chaco, Formosa y Santa Fe.

Las dificultades para reivindicar sus originarias "tierras y recursos naturales y de otros derechos, como la revitalización de sus culturales, costumbres y lenguajes", se suma a la "desventaja que sufren los pueblos indígenas en diversos ámbitos, la falta de una adecuada protección de sus derechos sobre sus tierras tradicionales, y el continuo desarrollo de patrones de marginalización y de discriminación hacia ellos", detalla el informe de Anaya, cuyo enlace para su consulta electrónica se ofrece al pie de esta nota.

Anaya, un catedrático norteamericano de ascendencia indígena, resalta el conflicto, aún sin solución en Argentina, que "deriva de la desposesión histórica de grandes extensiones ... por estancieros y por la presencia de empresas agropecuarias, petroleras y mineras que operan en tierras reclamadas por comunidades indígenas", cuya su casi totalidad no ha conseguido "un reconocimiento legal de sus tierras acorde a sus formas de uso y ocupación tradicional".

Tras recoger alrededor de 170 testimonios y concretar sus propias investigaciones en 10 de las 23 provincias del país y en la Capital Federal, la ciudad autónoma de Buenos Aires, Anaya constata que Argentina carece de "un procedimiento para la titulación de tierras indígenas". Tampoco dispone de "un programa de relevamiento ... (para resolver) los casos en los que una comunidad afirme un derecho de restitución de tierras de las que hayan sido desposeídas recientemente o donde existan reclamos por reconocimientos de territorios superpuestos entre comunidades y propietarios privados", con el agravante que no hay un plan para reparar el expolio de tierras acontecido "generaciones atrás", encontrándose ahora sus descendientes "dispersos en zonas urbanas".

La "promoción de proyectos de industrias extractivas y agropecuarias" en torno a tierras ligadas consuetudinariamente a los indígenas, los "vacios y perplejidades en cuanto al deslinde de competencias sobre la explotación y administración de recursos naturales", agregado al "avance de la frontera agrícola" y los desalojos y emigración forzada a las grandes urbes que ese fenómeno trae aparejado, junto al desmonte de "cientos de miles de hectáreas de bosques" y la propagación o abandono de factorías mineras y petroleras contaminantes para el ser humano y que dañan la ecología, han cercenado los derechos de los pueblos indígenas, reconocidos en la Declaración Universal que le consagrara la ONU en 2007, ratificada por la Argentina, resume Anaya.

Tales "actividades" han "severamente limitado" el disfrute de los pueblos indígenas del "acceso y la disponibilidad de los animales de caza y pesca, plantas y miel de recolección, materiales para la construcción de viviendas", y "de los sitios de importancia cultural y espiritual, como cementerios". Se añaden sus repercusiones negativas para la alimentación y la subsistencia de las comunidades, con estragos en la salud por el "uso de agro-tóxicos para la fumigación de cultivos".

La Argentina asimismo ratificó, en el año 2000, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece los principios de consulta y búsqueda del consentimiento de las poblaciones indígenas para con los proyectos energéticos, agrícolas y mineros en sus territorios, pero los sucesivos gobiernos la acatan deficitariamente, o la ignoran. "No existe ley o política alguna, tanto a nivel federal como provincial, que regule un procedimiento de consulta", ni "procesos que "cumplan con los estándares internacionales", deplora Anaya. Subraya que los indígenas "no participan directamente de los beneficios económicos derivados de esos proyectos", y que las instancias gubernamentales, y las empresas, han llegado a otorgar "personería jurídica a comunidades indígenas ficticias", en desconocimiento "de las autoridades tradicionales reconocidas con el objeto de dirigir los arreglos y negociaciones a través de ellas".

"La superposición de parques nacionales y áreas protegidas sobre áreas habitadas o utilizadas por pueblos indígenas", engendran "desafíos continuos para el acceso de los pueblos indígenas a las tierras y recursos naturales dentro" de esas regiones, sostiene Anaya. La denominación "de sitios de Patrimonio de la Humanidad en tierras ocupadas por pueblos indígenas, como la Quebrada de Humahuaca", proclamada en el 2003 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), "produjo un gran aumento del turismo y el valor económico de las tierras que usan y ocupan pueblos indígenas en la zona". Sin embargo, a "raíz de ello, la provincia ha entregado títulos de tierras a extranjeros inversionistas, ocasionando, según la información obtenida, el despojo de tierras de las comunidades indígenas aledañas y la reducción de sus recursos de agua", consigna Anaya.

La gran cantidad de desalojos de comunidades por decisiones de los tribunales que han favorecido "los derechos de propiedad privada de individuos o de empresas por encima de las formas colectivas de propiedad indígena", a veces menospreciando el reconocimiento de comunidades inscriptas en el registro del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), autoridad estatal en la materia, ponen en evidencia, siempre en línea con las observaciones de Anaya, "que la mayoría de los tribunales provinciales desconocen o no consideran debidamente la legislación nacional e internacional sobre pueblos indígenas", haciendo así alusión a la Ley 26160 de 2006, y su prórroga, la Ley 26554, referencias para gestionar y arbitrar potenciales litigios, a la Declaración Universal de la ONU y al Convenio 169 de la OIT. Esa "vulnerabilidad frente a los desalojos o los proyectos que los afectan" ha detonado la protesta indígena, dando curso a la movilización que ha sido criminalizada por las fuerzas de seguridad del Estado, "generando momentos de violencia y hasta han ocasionado la pérdida de la vida de miembros de pueblos indígenas", y desencadenando procesamientos de "muchos individuos indígenas" por "supuestos" delitos. Anaya critica "un uso desproporcionado de la fuera por parte de la policía y que estos hechos han permanecido impunes mientras miembros comunitarios han sido imputados por sus actos de protesta".

Las condiciones sociales y económicas de extrema pobreza que se vienen de abreviar, son a su vez la causa de desniveles significativos "en comparación con los sectores no indígenas". Esto se verifica en la precariedad de la salud por la persistencia de la desnutrición, por la escasez de viviendas, en dificultades para procurarse agua potable y alimentación, y en la educación de los indígenas. Los ejemplos son más flagrantes en las mujeres y niñas, manifiesta Anaya: faltan escuelas, particularmente en la enseñanza secundaria y en las comunidades rurales.

No obstante, las normas nacionales vigentes les reconocen a los pueblos originarios el derecho a la educación bilingüe e intercultural aborigen, la "alfabetización; recuperación y fortalecimiento del conocimiento ancestral en comunidades indígenas, y apoyo para estudiantes indígenas en los niveles superiores". De allí que para Anaya, con esta base legal, la penuria no encaje con la calificación sobresaliente de la Argentina, catalogada por Naciones Unidas "entre los países de muy alto desarrollo humano".

Con la noble intención de sacar a los indígenas de la postración y ofrecerles un futuro de igualdad de posibilidades y alternativas como a los demás habitantes del mapa nacional, Anaya eleva al gobierno que preside Cristina Fernández de Kirchner, 34 recomendaciones, sobre las que podrán pronunciarse los diplomáticos argentinos el 18 de septiembre 2012 durante el "dialogo interactivo" que su informe va a suscitar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Ante todo, resulta evidente para este Relator que la Argentina debe regularizar el marco legal e institucional, y adaptarlo a las exigencias internacionales de los instrumentos vinculantes adoptados. Aporta la prueba que Argentina debe colmar las diferencias que se dan en virtud de "la jurisdicción concurrente entre el Gobierno federal y las provincias". Y a su entender se impone actualizar los Códigos (Civil, Penal y Minero), acondicionar la "coherencia y uniformidad de las disposiciones legislativas", y atribuir los presupuestos necesarios a tal efecto.

Al tiempo, el relator Anaya le pide a la Argentina "elaborar" reglas de consulta con los pueblos indígenas en lo concerniente a sus derechos reconocidos, para "obtener su consentimiento libre, previo e informado" sobre todos los proyectos relacionados con sus tierras. En ese contexto aconseja se hagan los estudios pertinentes de "demarcación y reconocimiento legal de territorios", y de influencia en el medio ambiente, gozo de recursos naturales como el agua, derecho a la alimentación, personería y seguridad jurídicas, y garantizar un "estatus de ciudadanía" para los pueblos afincados "en zonas fronterizas de Argentina", como el nivacle, vecino al Paraguay, que viene clamando tener documentos de identidad argentinos. Sugiere que se prevean "medidas adecuadas de mitigación de impactos, reparación y justa compensación a las comunidades indígenas afectadas por los daños ambientales y a la salud ocasionados por los proyectos que actual o anteriormente han operado en o cerca de territorios habitados por pueblos indígenas".

Anaya le solicita a la Argentina "investigar las alegaciones de serias irregularidades en los procedimientos relacionados con proyectos agropecuarios y extractivos existentes, con el fin de desarrollar nuevos procesos de consulta, si estos fueran considerados necesarios". Una metodología equivalente de consulta es imprescindible para "revisar" las políticas de crear parques nacionales y aéreas protegidas de modo que "no perjudiquen los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y recursos naturales dentro de esas aéreas", y que les fuera posible aprovechar de los beneficios turísticos y de otra índole "que pudieran ofrecer estos sitios".

La Argentina es invitada a "eliminar las barreras que limitan el acceso a la educación" y abolir "los problemas estructurales que enfrentan las mujeres y niñas indígenas" en ese aspecto, y "asegurar que las niñas indígenas que se encuentran estudiando en las escuelas albergues en áreas urbanas no enfrenten condiciones que las dejan vulnerables a la discriminación y el maltrato".

Si bien es satisfactorio el nivel de accesibilidad a los servicios gratuitos de salud del Estado, el Relator hace paralelamente la petición "de ampliar las horas de atención, el número de profesionales que atienden a los pacientes, y la cantidad de medicamentos disponibles en los centros de salud especialmente en las áreas rurales", donde deben reunirse las condiciones de no discriminación, y asegurar que los pueblos indígenas "puedan comunicarse y comprender a los funcionarios del sistema de salud".

Para Anaya la Argentina debería aspirar a que los pueblos autóctonos "promuevan el manejo propio de sus recursos naturales y la auto-suficiencia económica de sus comunidades". Para conquistar ese objetivo, la ONU insta al Estado a "eliminar los impedimentos que puedan enfrentar los pueblos indígenas en el acceso a la justicia", y a suspender "todos los actos procesales o administrativos de desalojo de comunidades indígenas hasta que se realice el proceso de relevamiento técnico-jurídico de las tierras ocupadas por los pueblos indígenas". No habría mejor camino en ese sentido que "revisar la política penal aplicada en los últimos años", y "adoptar medidas para prevenir, investigar y sancionar los actos de violencia, las amenazas e intimidaciones contra los miembros de pueblos indígenas", al unísono para "funcionarios" y "particulares".

La mejor salvaguarda, finaliza el mandatario de la ONU, que no se repitan injusticias y violencia, sería que el gobierno argentino no caiga en la tentación de criminalizar las luchas sociales. Le encomienda organizar un método con criterios legales que habiliten a los pueblos originarios una vía pacífica para "reivindicar los derechos a las tierras tradicionales indígenas por la pérdida de sus tierras". Se establecería en esa dirección un ambiente no propicio al "enfrentamiento en el que algunos miembros de pueblos indígenas se habrían sentido sin opciones adecuadas y, por ende, habrían optado por la protesta social que en algunos casos implicaría la comisión de actos contrarios al orden público".

Juan Gasparini