Según un informe elaborado por el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana dependiente de la Fundación Mediterránea, se ha advertido para los tres primeros trimestres de este año, una importante desaceleración del volumen de fondos compensados mediante cheques. Al respecto, el informe detalla que, mientras en 2011 crecían al 35 % interanual, en 2012 lo hacen al 10 %.
El año con mayor índice de cheques rechazados fue el 2002, cuando en 12 meses se superó lo ocurrido en lo que va del corriente.
La interpretación que hace el IERAL, es que “detrás de esta merma se esconde una caída en el nivel de actividad y un posible aumento de la informalidad en las transacciones”.
Este escenario, motivó que muchos bancos comenzaran a reforzar su Área de Cobranzas con más personal. Éste, básicamente estaría abocado a comunicarse con sus clientes en la medida en que la fecha de vencimiento de pagos se va aproximando, y ante la falta del mismo, quince días después, en lugar de los treinta que solían esperar. Cumplido el mes, ya intiman por escrito para que quede constancia de que el banco comunicó debidamente la situación.
El punto es que las empresas de cobranzas observaron que la cadena de pagos ha empezado a superar los 30 días, llegando en muchos casos a los 45 o más.
Es que, los costos que el sector empresario no puede trasladar a los precios, los traduce a rentabilidad decreciente, y consecuentemente, demora el cumplimiento de sus obligaciones, induciendo a las entidades financieras a tomar mayores recaudos en el otorgamiento de créditos, aunque no presenten problemas de liquidez.
En el mercado financiero ya circula el rumor de que si el porcentaje de morosidad en los créditos superara el 2 %, los bancos podrían subir la tasa de interés de algunos préstamos sin garantía, como por ejemplo los personales.
Además, se sigue muy de cerca el comportamiento de la variable “empleo”, ya que la realidad evidencia que la mitad de los puestos de trabajo que mantienen los datos de desempleo maquillados, han sido los contratos en el Estado.
Si el empleo decrece, arrastraría toda la cadena de pagos.
A todo esto hay que sumarle la fuerte presión que desde hace varios meses vienen soportando los contribuyentes por parte de los fiscos nacional, provincial y municipal, carentes de recursos suficientes como para poder financiar el gasto público, las trabas a las importaciones, el cepo cambiario, y otras tantas políticas concordantes con la destrucción de vastos sectores de la actividad económica local.
Extraña manera de profundizar un modelo tan nacional (y popular, claro), ¿no?
Nidia Osimani
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