Hace diez años, la Argentina aún intentaba escapar a los coletazos de una de las crisis más fuertes de su historia. Un año antes, Fernando De La Rúa vivía el comienzo de sus peores días como Presidente de la Nación, los cuales culminarían en su estrepitosa caída.

Luego, llegaría el gobierno “de facto” de Eduardo Duhalde y una historia increíble que involucra al grupo Clarín y al ex ministro de Economía Remes Lenicov, en el marco de la sanción de las Leyes de Quiebras y Bienes Culturales.

Todo ello fue contado en el libro “Historia Secreta: Devaluación y Pesificación” del periodista Alejandro Rodríguez Diez, quien analizó el contexto político de esos días y hasta dedicó todo un capítulo a la llamada “Ley Clarín”. Gracias al sitio DsD, damos a conocer el capítulo I, titulado “Y el Clarín estridente sonó” donde el autor narra el lobby y negociación realizados por el Grupo durante los meses de enero a abril de 2002 para afrontar su difícil situación financiera mediante las normas mencionadas.

El texto se inscribe durante la administración Duhalde y la gestión en el ministerio de Economía de Remes Lenicov. Para ello el autor entrevistó a numerosos protagonistas de aquella historia. Rodríguez Diez reflexiona sobre la necesidad de “Blanquear la acción de los grandes medios en las decisiones políticas o económicas que llevan adelante los distintos gobiernos, es un punto que la dirigencia política nunca pudo poner como ítem del debate político en tren de intentar hacer de Argentina un país lo más serio posible”. El autor rescata la posición que tuvo en el Congreso de la Nación, la diputada Elisa Carrió; analiza cuál fue el comportamiento mediático de otros medios de comunicación, como Ambito Financiero y BAE o de periodistas como Marcelo Bonelli. El pasaje es el siguiente:

Desconocido por el gran público, hubo un acontecimiento en los primeros días del gobierno de Duhalde, que condicionó durante dos meses las posibilidades de que Argentina llegara a un acuerdo con el FMI, con los perjuicios que esto tuvo para la economía del país. Se trató de un acuerdo secreto entre el gobierno y el Grupo Clarín que derivó en la modificación de la ley de quiebras.

El 3 de enero, dos días después de que el Congreso nominara a Duhalde para hacerse cargo de conducir el país, hubo una reunión reservada entre el propio presidente, Remes Lenicov, el director general de Clarín, Hector Magnetto y el político-empresario peronista Alberto Pierri. La presencia de este último —en principio absurda—, se explica en que el hombre de La Matanza se fue alejando poco a poco de la política activa para recostarse en sus propios medios de comunicación (Canal 26, FM Eenergy y la empresa de TV por cable Telecentro), y convertirse en un empresario del sector, ya que también su papelera abastece al mercado periodístico.

En medio del epicentro de la crisis, con el humo de los gases lacrimógenos todavía flotando en las calles de Buenos Aires, con el default nacional y popular declarado por Rodríguez Saá al mundo y con los asesinados del 20 de diciembre recién enterrados, el nuevo poder que se constituía creía imprescindible una reunión con un jerarca de los medios y un puntero de La Matanza devenido en hombre de negocios.

Pierri fue el organizador del encuentro y una vez sentados a la mesa los participantes, planteó la necesidad de que el gobierno implementara políticas que beneficien a las industrias nacionales, que con una devaluación inminente quedarían desprotegidas. Magnetto, a quien pocos le conocen la cara y mucho menos las ideas, pero es quien verdaderamente maneja el Grupo, señaló que había que pensar en algo para ayudar a los medios nacionales y que, si esto se hacía, el gobierno podría contar con un importante apoyo por parte del holding. Agregó, como una posibilidad en ese sentido, modificar la ley de quiebras, pero diplomáticamente no abundó en mayores detalles.

Esa modificación, básicamente, planteaba dejar fuera de la ley el mecanismo llamado cram down, por el cual un acreedor extranjero ante el incumplimiento de un deudor, puede quedarse con la empresa como parte de pago. El Grupo Clarín, con una deuda en el exterior que según reconocen ellos es de 930 millones (hay estimaciones que dicen que la cifra sería mayor), presentía que sus acreedores querían quedarse de un manotazo con el holding mediático más grande de la Argentina. Según el Banco Central argentino, AGEA S.A. (Nombre de la Sociedad de Clarín) está número 30 en el ranking de las empresas endeudadas en el sistema financiero local (a diciembre del 2001) con 95 millones de dólares de deuda, seguida en el número 37 por su competencia, La Nación S.A. con 85 millones de dólares de deuda. Esta es la deuda tomada hasta el 31 de diciembre del 2001, es decir, antes de la devaluación.

Domingo Cavallo, quien fuera ministro de Economía sobre el final del gobierno de De la Rúa, asegura que en su gestión ya se le había otorgado un beneficio a Clarín, que fue disponer una exención impositiva a las acciones preferidas de la empresa. “Así y todo siguieron apostando al default”, asegura.

Días después de la reunión de Duhalde y Remes con Magnetto, el Congreso recibió el proyecto de modificación de la ley de quiebras con la exclusión del mecanismo de cram down, tal como había pedido Clarín. El texto fue acompañado con una nota de puño y letra del Jefe de Gabinete, Capitanich, pidiendo “su urgente tratamiento y aprobación”. Mediante una fuerte presión sobre el Congreso por parte del gobierno, la ley se sancionó el 30 de enero, con algunas modificaciones que se incluyeron en el Senado, que llevaron a un banquero a reflexionar: “Cada artículo que le agregaron tiene el apellido de un empresario”.

El equipo económico sentía que el ala política del gobierno les había “ganado de mano” al mandar sin consultarles la ley al Congreso, aunque la presencia de Remes en la reunión con Magnetto permite dudar de esa sensación.

Esa norma puso los pelos de punta al FMI, a los países del G7 y a los bancos locales, ya que al remover del texto el cram down, estos sectores decían que significaba “el fin del crédito para la Argentina”. En las reuniones de Remes con el FMI, el discurso de los funcionarios del organismo era que no debía haber privilegios para nadie y que una buena ley de quiebras (con el cram down incluído) facilitaría cambios de propiedad de empresas, lo cual ayudaría a la Argentina a salir más rápido de la crisis.

Enterado el secretario de Finanzas, Lisandro Barry, del envío de la ley, corrió hasta el despacho de Remes a plantear su abierta oposición y a advertir de los inconvenientes que se podrían generar con el FMI y los países del G7. Al entrar a la oficina, el ministro se encontraba con el secretario de Hacienda, Oscar Lamberto, que fue testigo involuntario de un diálogo revelador.

—Jorge, este proyecto es una locura, no vamos a poder acordar nunca con el Fondo—, exclamó Barry.

—Quedate tranquilo, eso ya está definido— respondió Remes

—¿Definido por quién?—

—Por el presidente— fue la respuesta final del ministro.

Esa ley de quiebras, según los que vieron el texto original, había sido redactada por hombres del Grupo Clarín y quien actuó como nexo entre la empresa y el gobierno fue el ex ministro menemista José Luis Manzano. “Chupete”, como se lo apodó en el ambiente político, tenía una llegada directa a los oídos de Duhalde y para Clarín también era de confianza.

Manzano había sido ministro del Interior del gobierno de Menem y debió abandonar el cargo en medio de acusaciones de corrupción que tuvieron una amplia repercusión mediática. Quizá el entonces joven dirigente peronista haya pensado “los medios me destruyeron, con los medios he de volver” y decidió comenzar un proceso de compra de empresas periodísticas hasta convertirse en un poderoso referente del sector. Por ende, su lobby abarcaba además de Clarín, a La Nación —también con una importante deuda en el exterior—, y a sus propios medios (una lista interminable en la que se pueden nombrar por ejemplo al Diario Uno de Mendoza, al diario La Capital de Rosario, las radios La Red y Rivadavia).

Durante el período de tiempo en el cual el gobierno en forma monolítica apoyó la “Ley Clarín” —como se la llamaba en el Congreso—, la gestión de Duhalde y las medidas económicas gozaron de un tratamiento favorable en los medios del grupo, además de la minimización de las protestas sociales por la situación agónica que se vivía. Esto último quedó claro cuando un importante grupo de ahorristas y manifestantes espontáneos realizaron un ruidoso cacerolazo en Plaza de Mayo, que no fue emitido por los canales de noticias (TN pertenece a Clarín). Sólo el periodista de espectáculos Jorge Rial decidió ponerlo al aire y vanagloriarse de ser el único medio presente en el reclamo.

Remes, obviamente al tanto del acuerdo entre el gobierno y Clarín, comenzó a hartarse de recibir reprimendas en el exterior que trababan el acuerdo con el FMI y, de a poco, empezó a trabajar para la modificación de la ley y restituir el cram down lo antes posible. Esta decisión se la comunicó a Manzano un hombre de confianza de Remes y le pidió que busquen otro mecanismo para aliviar su deuda porque con la ley de quiebras no llegarían a su objetivo. “Es esto o nada. Mejor dicho, es esto o la guerra” le respondió Chupete luego de consultar con sus representados.

La vigencia de la ley de quiebras postergó el acuerdo de Argentina con el Fondo y caldeó los ánimos de los intereses económicos internacionales, que pidieron hasta el cansancio su derogación antes de iniciar cualquier conversación. Para rellenar el paquete de pedidos, también incluyeron la derogación de la ley de subversión económica —por la que habían comenzado a tener problemas judiciales algunos banqueros—, y la exigencia de un pacto entre el Ejecutivo y las provincias. Pero el corazón del reclamo de las finanzas internacionales era el pedido de eliminar las modificaciones hechas a quiebras.

El equipo económico intentó por todos los medios convencer a Duhalde de la necesidad de modificar la norma, para iniciar de una vez un diálogo con los organismos internacionales sin que ese tema fuera el excluyente, pero el presidente se mostraba ambiguo en sus opiniones. “Es que Clarín estaba intransigente, no veía otra forma de resolver su situación que no fuera a través de la ley de quiebras”, señaló un vocero que en aquella época ocupaba un despacho de la Rosada.

Con el paso de los días, los jerarcas del mayor diario argentino comenzaron a percibir, —a través de la propia información que publicaban sobre las quejas del FMI—, que peligraba la vigencia por mucho más tiempo de la ley de quiebras y lentamente abandonaron su intransigencia en los reclamos al gobierno. Sin embargo, recién el 17 de abril —dos meses y medio después de la sanción a pedido de Clarín—, el gobierno enviaría el proyecto al Congreso para derogar el estorbo al acuerdo con el Fondo. En la carta por la que Duhalde le pide a los legisladores que dejen sin efecto la norma, se pudo leer un párrafo que demuestra el cambio de postura oficial: “En el proyecto que se eleva (...) se reincorpora el importante instituto del cram down (...) alternativa importante para el recupero de empresas en crisis”.

De la mano de Alfonsín

Con la iniciativa de la ley de quiebras bombardeada, Clarín no se quedó quieto. Fue así como para fines de febrero, el máximo líder del Partido Radical y casi único aliado del gobierno, Raúl Alfonsín pidió una reunión con Duhalde. El pedido, como todo lo que pedía el ex presidente, fue concedido y quedaron en encontrarse en Olivos. Allí el presidente y su ministro de Economía recibieron a Alfonsín, quien llegó acompañado por su amigo Mario El Ruso Brodershon.

En el encuentro, el viejo caudillo radical anticipó que llevaba un pedido de “empresas periodísticas nacionales” y propuso que el gobierno les otorgara un seguro de cambio, o en su defecto, que usaran 800 millones de dólares de reservas del Banco Central para cederles un préstamo con el cual los diarios pudieran comprar su deuda en el exterior y convertirse en deudores del Estado, con la tranquilidad que eso llevaría a sus balances financieros. Duhalde lo escuchó atentamente y quedó en estudiarlo, y si era factible, promoverlo.

Al otro día, Remes le entregó unos papeles a Barry que contenían la propuesta elevada por Alfonsín y le pidió que lo estudie rápido “porque me están apretando por todos lados”. El secretario de Finanzas no necesitó estudiarlo. Terminó de leerlo, caminó hacia la oficina de su jefe y fue contundente: “Esto es un despropósito, un escándalo”. Remes aceptó sus críticas y se las transmitió a Duhalde.

Luego de esa negativa, en la calle Piedras (sede de Clarín) identificaron claramente que en el Palacio de Hacienda estaba la principal traba para sus intenciones. Y no tardaron en reaccionar. Tanto, que fue el propio Magnetto, el que le habría transmitido al ministro de Economía, con palabras más frecuentes en los cánticos de las hinchadas de fútbol que entre los de ejecutivos de empresas, que su desatención a la situación del “gran diario argentino” le provocaría un importante disgusto. “Ya vas a ver”, terminó diciendo.

Así fue como el 14 de abril Clarín “fusilaba” al equipo con una táctica particular. Al no poder hacerlo desde la tapa, ya que estarían atacando al gobierno de Duhalde, lo hicieron desde el Suplemento Económico, cuya portada decía en letras tipo catástrofe “Una devaluación sin plan” y una enorme foto del ministro. Una semana después caería Remes.

Mientras todo esto ocurría sin que el gran público estuviera al tanto, Manzano bregaba en los despachos oficiales por una solución urgente para la industria periodística.

Ante los demoledores ataques de Clarín, el sábado 6 de abril se armó una reunión en la casa de la directora de Prensa del ministerio de Economía, Silvia Mercado, para analizar el brete en el que estaban metidos y cómo hacer para atenuar la embestida. Además de la anfitriona, participaron de la reunión el entonces vocero presidencial Eduardo Amadeo y el asesor comunicacional de Economía, Héctor Stuppenengo. Allí, entre mates y facturas, se debatió una estrategia para intentar esquivar las balas y se decidió comenzar a informar sobre las medidas económicas a través del diario Ambito Financiero.

Amadeo partió al encuentro del jefe de la SIDE, Carlos “Gringo” Soria —que estaba acompañado por el que luego sería el vocero de Duhalde, Luis Verdi—, para contarle la estrategia y pedirle encarecidamente controlar las filtraciones de información hacia el diario de Noble. Stuppenengo, por su parte, se fue a ver al director de Ambito Financiero, Roberto García, para anunciarle que sus periodistas serían beneficiarios de primicias sobre medidas económicas, a cambio de un buen trato hacia el equipo.

Así, el diario de Julio Ramos comenzó a tener las decisiones del Palacio de Hacienda antes que los demás matutinos, lo que incrementó la ira de Clarín que se empezó a reflejar en los comentarios económicos que el periodista Marcelo Bonelli realizaba en el noticiero “Telenoche”. “Era terrible, Ambito sacaba la información a la mañana y a la noche Bonelli nos destrozaba diciendo que las medidas perjudicaban a la gente. Además teníamos a los menemistas en contra, con lo cual eran palos por derecha y por izquierda”, recuerda un ex funcionario de Economía. Con la mención a “los menemistas” la fuente se refiere al grupo mediático de Daniel Hadad (que incluye la emisora más escuchada en la ciudad de Buenos Aires, Radio 10), vinculado con el ex presidente Carlos Menem y con los sectores que más críticos fueron con el abandono de la convertibilidad.

Paralelamente a estos entretelones, en Clarín se prosiguió con la búsqueda de algún mecanismo que evitara quedar a la intemperie de sus acreedores. Entonces se lo volvió a ver a Manzano por los despachos oficiales con una nueva iniciativa: la ley de “bienes culturales”.

Este nuevo instrumento, también diseñado por Clarín pero con fuerte apoyo esta vez de La Nación, proponía a grandes rasgos que ninguna empresa extranjera podría quedarse con más del 30% de una firma argentina siempre que esta se dedicara a la producción de “bienes culturales”, como ser los medios de comunicación nacionales. Una ley que no por ser mucho más racional que los intentos anteriores, dejaba de ser un privilegio excesivo. Los antecedentes para esta nueva iniciativa se basaban en una norma similar sancionada por el parlamento brasileño, a pedido de otro de los grandes magnates de los medios de Latinoamérica, el legendario y fallecido Roberto Marinho, dueño del poderoso grupo “O Globo”

Para que la ley de bienes culturales no quedara fuera de contexto y reafirmar esa sensación de ser un medio argentino 100%, Clarín comenzó a diseñar una estrategia comunicacional destinada a resaltar los valores típicos de nuestro pueblo. Así organizó un “Campeonato Nacional de Truco”, editó libros de literatura gauchesca opcionales con la compra del diario, planificó recorridos por las “Rutas Argentinas” y llegó al paroxismo un domingo en que junto con el ejemplar se regalaba a los lectores un paquete de yerba Taragüí.

Manzano había convencido esta vez a su amigo Duhalde de la conveniencia de que se aprobara la norma, y por primera vez, el equipo económico, que tenía reparos, decidió disimular su posición para no entorpecer el avance del proyecto, que no fue aprobado hasta los primeros días en que el gobierno de Néstor Kirchner se hizo cargo del Ejecutivo.

Advertencia de Carrió

En la sesión en donde se debatió la ley cuyo nombre fue: "Preservación del patrimonio antropológico, histórico, artístico y cultural, de empresas dedicadas a la ciencia, tecnología e investigación avanzada, de industrias destinadas a la defensa nacional y del espectro radioeléctrico y los medios de comunicación", la diputada Carrió pronunció un discurso en el que no utilizó ningún eufemismo para describir la situación:

"Señor presidente: el año pasado votamos por unanimidad la modificación de la ley de quiebras. Luego de eso vino una exigencia del Fondo Monetario Internacional para que se incorporara el cram—down, mediante la modificación de la modificación que habíamos hecho a la ley de quiebras. De modo que el texto del que estamos hablando constituía precisamente la exigencia del Fondo Monetario Internacional, contradictoria con lo que la Cámara había votado unos meses antes.

Lo que se está haciendo acá tiene nombre y apellido, y nosotros lo queremos decir muy claramente. Se trata precisamente de respetar la dignidad nacional de los señores diputados nacionales y el interés nacional de todas las empresas nacionales, no sólo de "Clarín" y "La Nación".

Un Parlamento que hace dos días dijo que iba a cambiar no puede dictar una ley que otorgue un privilegio a empresas con nombre y apellido en desmedro de las restantes empresas nacionales. Esto último nos torna indignos a nosotros y nos hace dictar una ley claramente inconstitucional por ser violatoria del artículo 16 de la Constitución Nacional.

¿Cuál es la razón para excluir del cram?down a "La Nación" y a "Clarín" y no al sector agropecuario o al metalúrgico, cuando además el cram?down no es salvataje en la Argentina sino el medio para que los bancos se apoderen de las empresas argentinas? Esto es así porque cuando votamos esa ley no se puso ninguna condición en el sentido de que se mantuviera la empresa, con lo cual podrán desguasarla para hacer más monopólico el mercado argentino. Entonces, digamos la verdad.

Propongo que en vez de sancionar leyes inconstitucionales y tener personas allí controlando qué diputados votan y cuáles no, deroguemos el artículo del cram?down para todas las empresas. Porque nosotros estuvimos en contra de este instituto, y si hoy lo derogamos para todas las empresas nosotros votaremos afirmativamente. No estamos votando para los grupos, sino para el interés nacional de todas las empresas argentinas. Pero no podemos hacer esto que estamos haciendo.

Por último, ¿de qué interés nacional estamos hablando? ¿Los negocios de un grupo periodístico responden al interés nacional? ¿Cuándo esos grupos defendieron el interés nacional, si defienden sus propios intereses empresarios? El presidente electo dice que algunos diarios no responden al interés nacional, ¿de qué interés nacional estamos hablando?

Señalo esto porque realmente me resulta muy dolorosa nuestra propia indignidad. Entonces proponemos claramente el rechazo a este artículo y que esta Cámara derogue el artículo 48, con lo cual solucionaremos el problema a todos los empresarios nacionales, no a dos o tres de ellos.

Por eso no dimos quórum, no porque no queremos estar aquí sino para que esto no se haga en nuestro nombre, con nuestra complicidad. Esta es la verdad, lo sabemos todos, cada uno de los que estamos sentados en estas bancas.

Les pido que reflexionen. Si igualmente pueden estar beneficiadas estas empresas y beneficiar al resto de las empresas nacionales. ¿Cómo vamos a poder explicar esto a través de la historia? Es vergonzoso y yo denuncio en esta Cámara el lobby escandaloso, de carniceros, que se ha hecho durante muchos meses a cada uno de los diputados y bloques de esta Cámara. Lo denuncié con la ley de salud reproductiva, cuando sectores de la Iglesia hacían el mismo lobby. Sería injusta si ahora no denuncio en esta Cámara de Diputados el lobby escandaloso y vergonzoso, con empleados de empresas circulando por cada uno de los despachos y llamando a cada uno de los lugares para presionar.

Defendamos a todas las empresas. Porque es cierto que las empresas periodísticas nacionales deben ser defendidas, pero no pueden ser defendidas sólo ellas a costa del resto de las empresas nacionales."

A principios de abril, un diputado duhaldista comentó que "Clarín le bajó el pulgar a Remes". Los embates del diario contra el equipo económico eran difíciles de esquivar. Lo más duro, recuerdan los ocupantes del Palacio de Hacienda, fue el mencionado suplemento económico, pero las hostilidades fueron multimediáticas.

Una alta fuente del Grupo Clarín consultada, se negó a hacer consideraciones sobre esta historia y simplemente se remitió a una serie de comunicados emitidos durante los primeros días del gobierno peronista, en los que el diario fijaba su posición ante las medidas de Duhalde. Allí, Clarín asegura que ni la devaluación los benefició (porque la mayor parte de su deuda es externa y tanto el diario como la publicidad la cobran en pesos), ni la pesificación asimétrica, ya que su deuda en el sistema financiero local es el 10% del total. Ambas cosas son absolutamente ciertas. De lo que ningún comunicado habla, sin embargo, es de la ley de quiebras y de su sustituta de "bienes culturales", que fue el principal beneficio que Clarín obtuvo en medio de la crisis más profunda que vivió la Argentina en sus últimos años.

Los medios y los lobbys

"Es necesario, simplemente, crear un quinto poder que nos permita oponer una fuerza cívica ciudadana a la nueva coalición dominante. Un quinto poder cuya función sería denunciar el superpoder de los medios de comunicación, de los grandes grupos mediáticos, cómplices y difusores de la globalización liberal. Esos medios de comunicación que, en determinadas circunstancias, no sólo dejan de defender a los ciudadanos, sino que a veces actúan en contra del pueblo en su conjunto". Estas palabras pertenecen al director de Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, y constituyen un epílogo adecuado para los hechos relatados.

Desde hace unos años a esta parte, el holding de medios de comunicación Grupo Clarín, ha sido un protagonista fundamental de las grandes decisiones tomadas por los distintos gobiernos democráticos que se sucedieron desde 1983. Aunque el aumento de su poder de fuego se dio a principios de los 90, cuando, mediante la compra de medios radiales y televisivos, se convirtió en un gigante de la comunicación.

Blanquear la acción de los grandes medios en las decisiones políticas o económicas que llevan adelante los distintos gobiernos, es un punto que la dirigencia política nunca pudo poner como ítem del debate político en tren de intentar hacer de Argentina un país lo más serio posible. En este sentido, y como se narró, se destacó la actitud de la diputada del ARI, Elisa Carrió, quien alzó su voz y le puso nombre y apellido al tratamiento de una ley que beneficiaba abiertamente al Grupo Clarín.

Esta historia no conocida públicamente hasta este momento, además demuestra las relaciones entre la política y los medios de comunicación de la Argentina, y el poder que estos tienen para pugnar por una realidad y a la vez ocultarla.

La información sobre el accionar de los grupos de medios es muy restringida en la Argentina y las negociaciones de éstos con los gobiernos se practican en un extremo secreto. Lo cual no sería diferente a lo que ocurre con cualquier otro grupo de interés, aunque por su deber de informar a la sociedad, se supone que también deberían incluir entre las noticias que difunden, sus intenciones. Más aún cuando ellas son parte central de la agenda de discusión política.

Lo más curioso del fenómeno es que tanto en los ambientes políticos, como en los empresariales y periodísticos, se conocen con certeza el peso de los grupos mediáticos y las decisiones que intentan arrancarles a los presidentes de turno. Pero un pacto no escrito, impide la publicación masiva de esa información.

Sólo el diario menemista Ámbito Financiero, suele alertar cuando hay alguna avanzada del Grupo Clarín sobre decisiones trascendentes para la política y la economía del país. Pero su repercusión suele ser escasa, porque allí se filtra la clásica falacia de desprestigiar al acusador para ignorar la acusación. Es decir, se vinculan las denuncias de Ámbito con un despecho de su director Julio Ramos, que en el reparto que Menem hizo de los medios estatales en los inicios de su gestión, no pudo alzarse con ninguno, a la inversa del Grupo Clarín. Entonces, ese dato cierto impide que la información que el diario difunde se analice en profundidad.

Y al final, llegó el final

"Negro, me voy". Remes le anunciaba la renuncia al presidente encargado de la transición. "Ahora es el momento de sacarse de encima a estos tipos que laburan para los bancos", le susurraban al oído del presidente sus íntimos. "Tenés que llegar hasta el 2003" le pedía Reutemann. "Antes de sentarnos a hablar traigan un plan sustentable" le exigían los del FMI. Todos esos mensajes cruzaban por la cabeza de Duhalde sin el tiempo necesario para poder ser interpretados políticamente.

Finalizaba el mes de abril. Atrás quedaban los días más difíciles por los que pasó la crisis argentina, en donde la palabra "futuro" tomaba un carácter dubitativo. Atrás quedaba también la implosión de la convertibilidad, la devaluación del peso y la pesificación asimétrica de la economía, con sus consecuencias. Atrás quedaba un brutal salto en el empobrecimiento de la sociedad y una millonaria transferencia de ingresos entre sectores económicos del país. Atrás quedaba el trabajo sucio, previo a un saneamiento de las más básicas variables económicas que se dio luego. Atrás quedaba una frase de Duhalde que seguramente entrará en el anecdotario político argentino, cuando en medio de un feriado bancario y, cual estadista a cargo de la situación dijo: "Mañana abrimos los bancos y que sea lo que Dios quiera".