En las últimas horas, se conoció un informe elaborado por la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa donde se mide la transparencia de los Poderes Legislativos de la Argentina, Chile, Colombia, México y Perú. Allí quedan claros los puntos flacos del ámbito legislativo argentino: falta de acceso a la información pública, falta de transparencia del presupuesto del Congreso y la carencia de un vínculo abierto con la ciudadanía.

El estudio compara los niveles de transparencia y acceso a la información en los diferentes Parlamentos para establecer estándares mínimos de apertura en el quehacer político, administrativo y legislativo de las instituciones. En la Argentina, la implementación del estudio fue realizada por la Fundación Directorio Legislativo, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), y Poder Ciudadano.

La investigación profundiza en cuatro grandes dimensiones de los Poderes Legislativos:

-La normatividad: leyes y normas que regulan las prácticas institucionales.

-La labor legislativa: transparencia y publicidad de los actos legislativos.

-El presupuesto y la gestión administrativa: acceso a información sobre cómo se manejan los recursos

-La participación y atención ciudadana.

En la categoría de normatividad, la Argentina obtuvo un puntaje de 6,5 sobre un máximo de 17, detrás de Perú (13), México (12), Chile (10,5) y Colombia (9,5). Si bien el marco normativo que fija las atribuciones del Congreso argentino es exhaustivo y público, la falta de una ley que regule el acceso a la información pública en el ámbito del Poder Legislativo da lugar a una “arbitraria disparidad de criterios” para facilitar la información cuando es requerida.

“Nuestro país tampoco tiene una ley que regule el lobbying o cabildeo, hecho que incentiva la generación de intereses extraparlamentarios”, explicó Sandra Elena, Directora del Programa de Justicia de CIPPEC.

En lo que respecta a la labor legislativa, en la Argentina el acceso a las sesiones del Pleno y de comisiones está restringido y no es público el dato de la asistencia de los senadores a las sesiones. Además, existe un rezago normativo en la publicación de las asesorías que prestan servicios a los legisladores.

“La información sobre los viajes de trabajo de los legisladores tampoco se publica en las Cámaras, y en la práctica se desconoce si los funcionarios rinden cuentas”, indicó María Barón, Directora Ejecutiva de la Fundación Directorio Legislativo.

Así, la Argentina obtuvo en la categoría de labor legislativa una calificación de 44,5 sobre un total de 73 puntos, apenas más que México (44), y detrás de Colombia (50,5), Chile (48) y Perú (46,5).

Según revela la ONG Poder Ciudadano, el diseñó se hizo sobre la base de un formulario con 193 preguntas que permitió realizar un mapeo del estado de la transparencia legislativa. Entre otras conclusiones, el índice señala que todos los países analizados están lejos del nivel óptimo de transparencia.

José María González