Volvió a pronunciarse su palabra y el país se tensó con la sola posibilidad de su regreso. Y no sólo porque nadie quiere volver a un pasado que todos quieren olvidar, que liquidó salarios, ahorros, inversiones y pulverizó bienes. Hay conciencia de que su vuelta haría perder lo poco o mucho que se consiguió en la recuperación económica del país en los últimos años.

La historia no ayuda. Para terminar con la inflación de los 80, se aplicó el cepo de la convertibilidad monetaria de los 90. Calmó la fiebre y se vivió una sensación de alivio por unos pocos años. Pero algunas extremidades del cuerpo del país comenzaron a tener síntomas de una incipiente gangrena bajo el diagnóstico de recesión, deflación y alta desocupación. Entonces, vino la amputación sin anestesia con la devaluación; volvió la inflación y la mitad de la población quedó en la pobreza.

Así, la Argentina parece no conocer los términos medios. Del extremo inflacionario a la deflación, y de ésta, se teme y con fundamentos, se podría desembocar en una nueva etapa inflacionaria si gana la puja sectorial.

El presidente Néstor Kirchner embistió contra el aumento de Shell a pesar de que su participación en el mercado de combustibles carece de importancia como para disparar los índices inflacionarios. El primer grito desde la Casa Rosada fue claro: “No voy a permitir un rebrote inflacionario”, bramó Kirchner dejando en claro que el mensaje era un tiro por elevación a las grandes empresas formadoras de precios y a las de servicios públicos.

Angustia contenida

Ya se sufre de inflación, aunque acotada. De hecho, desde 2002 el costo de vida trepó un 59 por ciento y el mayorista 120 por ciento. El año pasado la inflación fue del 6 por ciento y este año se duplicará. La tendencia es para preocuparse y ocuparse, tomando las medidas preventivas antes de que se escape de las manos. Pero, por ahora, no hay lugar para la angustia, según reconocen analistas de todos los colores e ideologías.

En términos económicos una inflación se desborda si se cumplen algunos de estos tres requisitos: 1) Cuando la demanda supera la oferta. La gente quiere comprar más alimentos, ropa, zapatos, electrodomésticos, cemento, autos, pero como no hay suficientes en el mercado suben sus precios hasta que se termina la producción o se frena la compra. Así se producen sucesivos aumentos que terminan contagiando a toda la economía; 2) Aumentos imparables de los costos de producción. Se producen por subas permanentes de salarios, insumos, encarecimiento del crédito, por poner algunos, y que son trasladados automáticamente a los precios finales; y 3) Desequilibrios macroeconómicos. Fuertes déficits fiscales, emisión monetaria desmedida y escalada del dólar.

En el primer caso, todavía la producción argentina tiene capacidad ociosa, se puede aumentar la producción porque hay máquinas sin trabajar. Existe la capacidad de satisfacer la demanda de un mercado que mejoró su poder adquisitivo aunque sólo en determinados sectores, ya que todavía hay millones de argentinos que están fuera del circuito de consumo y por lo tanto no presionan sobre la demanda.

En cuanto a los costos, si bien los salarios se reacomodaron, siguen estando por debajo de los niveles de 2001 y la alta desocupación sirve de variable de ajuste. En relación con los insumos industriales, es verdad que algunos aumentaron por cambios en los precios internacionales. El mejor ejemplo es el del petróleo. Pero, al mismo tiempo, los servicios públicos en la Argentina siguen siendo de los más baratos del mundo, medidos en dólares, al igual que la fuerza laboral. Además, los aumentos de los costos de producción ya registrados fueron asimilados por el mercado sin que éstos se trasladen a la inflación. Allí está como muestra la diferencia entre el costo de vida y los precios mayoristas.

Por último, la situación fiscal y monetaria está bajo control, con un superávit fiscal récord y un dólar que se mantiene en un promedio de tres pesos. Es más, el Banco Central ya absorbió del sistema 2.800 millones de pesos restringiendo así la oferta monetaria. “Quedan algunos problemas puntuales que deben atenderse, pero no hay situaciones que se puedan comparar al pasado inflacionario. Hay que atender los problemas entre la demanda y la oferta en sectores como los de refinación de combustibles, metales básicos, construcción. Creo que es una situación manejable. Las peores hipótesis que se están manejando sobre la inflación para este año indican un desvío moderado respecto de las pautas oficiales. El ajuste del precio de la nafta de Shell no es importante. Creo que tenemos que tener cuidado de no entrar en una actitud paranoica. Es un tema para ocuparse pero no para ponerse nervioso”, explicó el economista Aldo Ferrer, director de la petrolera estatal Enarsa.

Economía recaliente

El ministro de Economía, Roberto Lavagna, tuvo que reconocer que este año la inflación alcanzará al 10,5 por ciento. Cálculos privados indican que el acumulado entre enero y marzo llegará al 3,5 por ciento y que esta tendencia daría un 15 por ciento hacia fin de año. Entonces, ¿por qué sube la inflación? Una primera aproximación indica que por cuestiones coyunturales, como consecuencia directa de la reactivación económica y el calentamiento de algunos sectores productivos que en sus niveles de producción se acercan a los de 1998.

Pero también es el resultado de que muchas empresas formadoras de precios ajustan sus márgenes de rentabilidad, quieren recuperar el tiempo perdido y aprovechan el buen momento para subir sus precios confiadas en que el consumidor de clase media lo tomará como algo previsible. No es este el caso de los combustibles, cuyos precios han tenido variaciones mínimas.

Para Manuel Solanet, de la consultora INFUPA, se está a tiempo de controlar este pico inflacionario. Se arriesga a decir que “hasta se podría mantener el objetivo de un dígito”, si se toman ciertas medidas. “Creo que son varios los factores que inciden en la suba de estos meses. Hubo una política de expansión monetaria a fin del año pasado, se aumentaron salarios sin su contrapartida de crecimiento productivo y existe un cuello de botella en el sector industrial y de servicios. Entonces por aumento de la demanda suben los precios.”

El diputado y economista Claudio Lozano es un crítico por izquierda del actual modelo, porque cree que mantiene el mismo sistema injusto de distribución de la riqueza. Sin embargo, tampoco ve para este año una inflación desbordada y lo explica rebatiendo los argumentos de Solanet.

“Cualquiera que quiera encontrar presión de la demanda en el contexto de un mercado interno construido sobre la mitad de la población en situación de pobreza y con un poder adquisitivo que está por debajo de 2001, francamente es un verdadero disparate. El dólar está estable y en baja, no hay allí razones monetarias. Y en términos salariales está claro que el excedente que las empresas obtienen por trabajador ha crecido en los últimos dos años respecto de lo que implicó la evolución de la masa salarial pagada. Es decir, la masa salarial creció por debajo de los precios y la actividad. La mayor productividad de las empresas fue apropiada, dominantemente, por el beneficio empresarial. Tenemos que el salario y el empleo aumentaron por debajo de la rentabilidad empresaria y de sus costos. Por lo tanto, en la realidad no hay una apreciación salarial. El margen bruto de explotación por obrero es mayor hoy que en 2001”, aseguró Lozano.

El economista sostiene que el Estado evidencia serios problemas para regular los comportamientos del mercado, que alinea precios en función de los valores internacionales. Y pone como ejemplo a las carnes. “Aquí hay un doble problema: la reducción del stock ganadero y la mayor perspectiva de exportación, porque la Argentina volvió a ser un país libre de aftosa. En ese marco, si no se tiene una política de abastecimiento del mercado local respecto del internacional, efectivamente habrá aumentos de precios. Es un problema de regulación del mercado del mismo modo que ocurre en el sector energético.”

En este tema, Lozano agrega que se da una situación de crecimiento del precio internacional del petróleo, pero al mismo tiempo el costo local de producción por barril es muy bajo en comparación con el resto del mundo. “Lo que se comprueba es la capacidad de las principales empresas para fijar precios con independencia de su estructura de costos. Y, además, definen cuánto se abastece al mercado interno y cuánto se coloca en el exterior. Y esto es lo que determina el reacomodamiento de precios que estamos viviendo. Todo esto plantea que la salida de la experiencia neoliberal y conservadora no sirvió para un cambio de esquema, sigue existiendo un alto grado de concentración en la economía argentina. Entonces no tiene sentido que haya precios libres en un mercado donde no hay competencia.”

La voz del consumidor

Mientras políticos y economistas explican la vida desde los números y las estadísticas, la realidad cotidiana para la gente es completamente distinta. Los índices de desocupación y de la inflación, por poner dos ejemplos dados por el INDEC, tienen poca relación con lo que viven todos los días millones de consumidores y empleados en negro, subocupados y desempleados que buscan salir de su situación.

El costo de vida oficial no es el mismo que siente el bolsillo de la gente. “Los datos del INDEC no son reales para quien compra todos los días. Hay que redefinir el componente de la canasta del INDEC y, además, se debería hacer un costo de vida en base a cada provincia, porque el poder adquisitivo en el interior es mucho más bajo que en Buenos Aires. Por ejemplo, en Corrientes el kilo de azúcar se paga $1,55 y en la Capital está a $1,30. Pero el poder adquisitivo de Corrientes es mucho menor que aquí. Por otra parte, cuando el INDEC hace el índice general pone en el listado desde un kilo de carne hasta un auto cero kilómetro. Y la gente compra carne todos los días cuando puede, y no un auto”, explicó Sandra González de la Asociación de Defensa del Consumidor y Usuario de la Argentina (ADECUA).

Agrega que la suba de la inflación familiar se debe al aumento de productos e insumos que son importantes, especialmente para los sectores medios. Se refiere, por ejemplo, a los gastos en seguridad, educación complementaria, transporte y medicina prepaga. “Hay tres millones de personas que se atienden a través de la medicina privada. Si esa gente no pudiera pagar, el Estado no estaría en condiciones de darle cobertura”, afirmó González.

Desde 2001 la cuota de la prepaga subió un 45 por ciento, el aceite de maíz, el 270 por ciento; los duraznos en lata, 173 por ciento; y el arroz blanco, 136 por ciento, por citar algunos ejemplos. Según la información que recibe a diario ADECUA, se están registrando importantes aumentos en los alimentos como la carne, el pescado, pollo, huevos, yerba, bebidas, leche y sus derivados, además de artículos de limpieza y perfumería.

Precisamente, sobre varios de estos productos es que durante esta semana se concentró el Gobierno en lograr ciertos acuerdos de precios. El primer objetivo fue la cadena de comercialización de la carne, con la cual se acordó bajas en los precios de los cortes más populares, que se compensarían con alzas en los de mayor precio. Le seguiría la cadena del pollo y del pescado.

Mientras tanto, en marzo la “canasta escolar” no dejó de subir. Los útiles lo hicieron en más del 10 por ciento y la indumentaria para el colegio un 25 por ciento. “Hay un fuerte impacto por el aumento de alquileres y expensas”, insistió González. “Le estamos pidiendo al Estado que haga un estudio a fondo de las cadenas de costos y los precios finales. Tiene herramientas como para hacerlo, porque es indispensable saber quién es el formador de precios en la cadena. Por ejemplo, la ley de Defensa de la Competencia. En la Argentina hay empresas de alimentos que son monopólicas. Sabemos que hay comerciantes que hacen un gran esfuerzo manteniendo un margen de ganancia digno para seguir vendiendo. Pero hay otros que dependen del lugar donde estén para remarcar sus precios. El Gobierno podría aplicar la Ley de Emergencia Económica, que le da grandes facultades para prohibir cualquier tipo de abuso. Pero no lo quiere hacer.”

Impuestos y controles

González no es partidaria de aplicar precios máximos para contener estos incrementos. Su organización ha llevado al Gobierno la propuesta de bajar el IVA de la canasta básica de alimentos, del 21 al 10,5 por ciento. “Pero tiene que hacerse con la participación y responsabilidad de las empresas. Habría que exhibir el doble precio, el que estaba y el nuevo con el IVA rebajado. Es un disparate que la yerba y la leche paguen IVA”, se quejó.

Según Lozano, el problema es que también existe una distribución desigual cada vez que sube la inflación. La canasta de alimentos, que es la que se toma como referencia para analizar la evolución de la línea de indigencia, ha crecido un 2,5 por ciento en los últimos dos meses y eso impacta en que con cada punto hay 180 mil nuevos pobres.

Cree también que el Gobierno tiene herramientas para evitar los abusos con los precios, que se podría poner en funcionamiento la legislación antimonopolios y establecer mecanismos regulatorios para los distintos mercados.

“La posibilidad de regular el comportamiento de estas empresas supone tener un importante poder político institucional y de presión social porque no se trata de una discusión menor. Hoy tenemos una situación concreta. El grueso de la cúpula empresarial más importante de la Argentina está en manos extranjeras por lo cual lo que primero se nota cuando se observa el núcleo más dinámico de la economía argentina es que la burguesía nacional no existe.”

Desde un pensamiento ortodoxo, Solanet aconseja evitar la expansión monetaria, pero sin resignar el objetivo cambiario de mantener la paridad con el dólar. “Que se haga con moderación para que no impacte sobre las tasas de interés”, sostuvo. También considera que los aumentos salariales deben hacerse a partir de negociaciones descentralizadas y atados al aumento de la productividad, para que no generen una suba en los costos. Y para el largo plazo, sugiere que el Gobierno ayude, facilite el camino, para que el sector privado haga inversiones que permitan aumentar la oferta de bienes en el mercado.

El debate se instaló y es saludable, porque reconoce que la inflación es un problema de toda la sociedad. Antes, era la coartada fácil para que los demás pagaran los negocios de la incompetencia económica y política. La Argentina pasa por un proceso de transición entre dos modelos económicos y financieros muy distintos, y llevará años compensar los desequilibrios producidos al salir de un sistema fijo de paridad fija, como el de la convertibilidad a otro que requiere de flexibilidad basada en la moneda propia.

Eso sí, conviene no olvidar que el principio de todo proceso inflacionario, incluso hasta la misma hiperinflación, ha sido siempre una sumatoria progresiva de pequeños porcentajes que en su comienzo parecieron inofensivos. De todos depende que la historia no vuelva a repetirse.