Va de suyo que cuando asume un nuevo gobierno se rodea de gente de su confianza. Es indudable que para algunos sectores del oficialismo de turno eso muchas veces excede la pura necesidad de contar con colaboradores confiables.

Obviamente el límite lo ha de poner la estricta necesidad de la designación del allegado o pariente, satisfaciendo la manda constitucional contenida en el art. 16 que exige como único requisito la idoneidad para ejercer cargos públicos, base del principio fundamental de la igualdad ante la ley.

Pero en la práctica, y muy especialmente en este gobierno cleptómano ingresado al poder el nefasto 25 de mayo de 2003, el nepotismo se convirtió en moneda corriente, llegando al extremo de la desfachatez el diputado Carlos Kunkel que tiene registrados 19 familiares en distintas áreas del estado y entes ligados, de los 26 integrantes del clan familiar.

Menos mal que no continuó con otras parejas procreando hijos porque de lo contrario no les dejaría lugar a sus compañeros de ruta.

La información propalada por el diario Perfil, criticada pero nunca desmentida por el diputado K, puso de manifiesto la cantidad inusitada de familiares de Carlos Kunkel conchabados a expensas del Estado Nacional, directa o indirectamente en distintos entes y empresas del Estado o con participación estatal.

Por mi parte, dada mi experiencia personal y profesional, habiendo sido Secretario de la Comisión de Seguimiento de la Actividad Legislativa del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, además de candidato a legislador, diputado y senador, ya en el año 2004 presenté —como iniciativa particular— distintos proyectos de leyes ante el H. Congreso Nacional y en la Legislatura porteña. Entre ello promoví la creación del Registro Único de empleados y funcionarios públicos, tanto como para saber quién es quién en el ámbito funcional dependiente y soportado por el erario.

Cabe señalar que ningún legislador o asesor tomó en cuenta dicha iniciativa, por mera conveniencia.

Si bien todos los gobiernos, tanto a nivel nacional como provincial y comunal, designa en sus respectivas plantillas de personal a sus colaboradores, amigos y familiares, asegurándoles un futuro promisorio a expensas de los dineros públicos, el kirchnerismo ha hecho tal abuso que llama la atención de propios y ajenos, siendo el paradigma del caradurismo extremo el diputado Kunkel que sin negar la información de Perfil se limito a criticar a su director Jorge Fontevecchia, quien sí fue perseguido durante el Proceso militar.

Mi propuesta sobre la creación de este instrumento de interés para cualquier gobernante que desee consultar sobre la idoneidad de las personas que pasaron o permanecen en el ámbito estatal, estriba en el derecho a la información por parte de la ciudadanía que con sus impuestos los mantiene. Con dicho Registro podría verificarse la evolución del empleado o funcionario, que seguramente de acuerdo a sus méritos habría de avanzar en su carrera, o bien conocer a todos aquellos que debieron abandonar sus cargos por muestras de falta de idoneidad o hechos de corrupción, evitando así el involuntario error de elegir para un cargo público a quien no lo merece por orden de méritos.

El RUEYFP también evitaría el constante reciclado de funcionarios ineptos y/o corruptos eyectados de sus cargos, como fuera el caso de la hoy condenada ex Ministro de Economía Felisa Miceli, por el affaire de la bolsa con dinero hallada en su baño, que fuera “premiada” con un empleo en la Fundación Madres de Plaza de Mayo S.A., dirigida por la incalificable HP de Bonfini, después de su indecorosa “renuncia” a su cargo oficial.

Asimismo el RUEYFP, debida y constantemente actualizado, impediría que se designase por decreto presidencial a un muerto, como aconteciera con un hombre que falleció en febrero de 2012 y fue designado entre los integrantes del Consejo Federal de Comunicación. Se trata de Adalberto Felipe Bóccoli, ex directivo de de la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones y de la Confederación Cooperativa de la República Argentina. Bóccoli falleció en febrero del año pasado. Sin embargo a través del decreto nro.1559/2012, publicado el 5 de setiembre de 2012 en el Boletín Oficial , que lleva la firma de la presidente Cristina Fernández de Kirchner y del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, fue designado para ocupar ese cargo público.

La semana pasada fue Diego Bossio, titular de ANSES, quien designó a su esposa en otro cargo a expensas del estado, y sería interminable el listado de “asesores” con que cuentan demás funcionarios y legisladores oficialistas y opositores que, por aquello de “entre bueyes no hay cornadas” guardan obligado silencio cómplice.

Si de verdad queremos transparentar y dotar de eficiencia al estado, deberíamos contar con este nuevo dossier.

Enrique Piragini