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La Inspección General de Justicia está en pleno conocimiento de la existencia de sociedades conformadas por personas fallecidas, muchas de ellas en calidad de miembros de directorio o consejo de administración, funciones para las cuales se requiere de manera casi constante sus firmas.
Otras inclusive, hasta presentaron trámites a nombre de individuos cuyo deceso se produjo alrededor de 20 años atrás.
En ocasiones, no se dio cuenta a la IGJ de tal suceso y se continuó la operatoria normal del ente sin designar reemplazante.
En otras en cambio, el fallecido tuvo calidad de tal, previo a que la sociedad se inscribiera en dicho organismo con su propia firma.
Asimismo, pudo detectarse que un mismo difunto cumplía funciones en varias empresas de manera simultánea.
La mayoría de las veces se constató que el fallecido era presidente, práctica con la que suelen ocultarse pagos indebidos o evadir impuestos, cuando posteriormente se cambian autoridades y desaparecen del Boletín Oficial.
Conforme surge del Registro Nacional de Sociedades, existen actualmente más de 24 mil sociedades activas en las que los muertos, firmaron diferentes tipos de documentos que permitieron la continuidad habitual de las empresas.
Entre sociedades comerciales y asociaciones civiles, la cantidad de casos análogos supera el medio millar.
Pero lo más curioso de todo no es lo descripto, sino que al parecer, para los propios organismos oficiales encargados del contralor, la cuestión carece de relevancia. Tanto es así, que aún contando con las evidencias, solo alguna que otra vez, se materializó alguna tímida denuncia judicial, que por supuesto, nunca dejó de ser eso.
Nidia Osimani
Seguir a @nidiaosimani