Hace exactamente un año, el viernes 16 de julio de 2004, la alianza entre la corporación política y mediática generaba uno de los episodios más rocambolescos de la última década. Mediante una hábil puesta en escena, se lograba obturar el tratamiento sobre tablas del polémico Código de Convivencia porteño mediante la utilización de la sempiterna mano de obra lumpen muy ocupada. Pero como no podía ser de otra manera, se detuvo a 15 vendedores ambulantes con procedimientos similares a los de décadas pasadas, dejando en libe rtad de acción a los no tan misteriosos encapuchados que perpetraron el ataque a la Legislatura porteña. Como se dijo anteriormente, esto fue la excusa ideal para defenestrar al binomio Béliz-Quantín y devolver la crucial área de Seguridad al Ministerio del Interior. Semejante a las acciones punitivas del 26 de junio de 2002, integrantes de fuerzas de estatales de seguridad se mimetizaron de piqueteros y en acción conjunta con los citados arriba, protagonizaron estos incidentes difundidos en vivo durante más de tres horas.
   Aunque investigaciones casi al unísono de este suceso, realizadas por este sitio y por la agencia La Vaca.org determinaron que entre los supuestos revoltosos había integrantes de la barra brava de Boca Júnior, como Santiago El Gitano Lancry, quien ese día cuidaba la puerta de Perú 180, la jueza Silvia Ramond que lleva adelante la causa 25023 desestimó esta evidencia. En el mismo sentido, la Sala V de la Cámara del Crimen les negó tajantemente la excarcelación a los 15 detenidos el 9 de junio pasado, mientras que el oficialismo y la prensa adicta les sigue negando el carácter de presos políticos. Paradójicamente, hablamos de la misma justicia que le otorgó a Omar Chabán su excarcelación.


Bendita injusticia

   “Los 15 que quedaron detenidos -Eduardo Ruiz, Jorge Nievas, Eduardo Suriano, Fabián Scaramella, Pablo Amitrano, María del Carmen Infrán Ferreira, Héctor Gómez, Marcela Managua, César Gerez, Carlos Santamaría, Horacio Ojeda, Aníbal Fortuny Calderón, Margarita Meira, Adolfo Sánchez, y Antonio Medina- fueron procesados el 2 de agosto por la jueza Silvia Ramond, quien evaluó que el “ataque” a la Legislatura puso en peligro la “seguridad del Estado”. Los acusó de privación ilegítima de la libe rtad calificada, por haber impedido la salida y entrada de personas del edifico legislativo durante cinco horas (¡!), de coacción (amenazas) agravada, por haber impedido la realización de la sesión, y de daño calificado, por ser la Legislatura un edificio público. Ahora, casi un año más tarde, el fiscal Claudio Soca, coincidiendo en un todo con la jueza Ramond, requirió la elevación de la causa a juicio oral y público. Es decir que para él hay mérito suficiente para el juzgamiento de los 15. La requisitoria elaborada por Soca, a la que Contracultural tuvo acceso, está infestada de meras suposiciones, llamativas inexactitudes, y flagrantes contradicciones. 


LA REQUISITORIA

   Todo el documento de Soca sufre de carencia absoluta de pruebas concretas. Su acusación se basa en los testimonios de los policías que efectuaron las detenciones –entre ellos el subcomisario Ernesto Weber, quien fuera parte del operativo de represión el 20 de diciembre de 2001 en el que fueron muertos varios manifestantes- y en los videos aportados por la Federal. La mayoría de los procesados admite haber ido a la Legislatura a manifestarse, pero niegan ser las personas señaladas en los videos arrojando palos y piedras. Pero hay dos de ellos que sólo pasaban por el lugar casualmente y cayeron en las redadas, llamativamente efectuadas entre dos y cuatro horas después de los hechos; incluso hubo quienes fueron detenidos a las 19.30, seis horas después de haberse producido los sucesos más graves. Y aquí la primera de una extensa serie de contradicciones de Soca: el jefe del operativo de “seguridad” ese día, comisario Lompizano, declara en el expediente que después de los primeros “incidentes” se solicitaron refuerzos, entre los cuales arribó personal de las brigadas (van de civil) de once (¡!) comisarías con la misión de individualizar y apresar a los “revoltosos”. Fueron estos los policías que efectuaron las detenciones; es curioso: ¿cómo supieron a quién debían detener si llegaron a “la escena del crimen” cuando ya casi no pasaba nada?
    Cuando se les preguntó por qué no habían hecho las detenciones in fraganti contestaron que fue porque los “revoltosos” estaban “en el medio de la muchedumbre” y “para evitar males mayores” (¿?). El fiscal no le presta atención a los numerosos testimonios de conocidos de los detenidos que aseguran que estos no cometieron desmanes. Los descarta por ser “subjetivos” y considera, en cambio, que los de los policías fueron “objetivos” en sus declaraciones. Para mayor irregularidad, el fiscal consigna el testimonio de un supuesto testigo que identifica como Federico Calabró pero no dice quién es y por qué fue llamado a declarar; el “testigo” afirma haber identificado a uno de los 15 desde su casa viendo un noticiero en la tele (¿?). Otro testimonio acusatorio en el que se basa el fiscal es el del inefable de Estrada; el santo varón declara que a las 13 horas llamó a sesión, y que “simultáneamente, los manifestantes que estaban en el exterior comenzaron a provocar desmanes y daños al edificio, intentando también ingresar en el mismo”; destacó que “resultaba evidente que tales grupos se encontraban preparados para actuar con violencia”, y que el “ataque (sic) duró alrededor de 5 horas, causando heridos entre el personal de seguridad y policial”, que se vivieron “momentos muy difíciles”. Por último aparece la parte fundamental de su testimonio, que le sirve al fiscal para acusar a los 15 de coacción agravada: según de Estrada “tiempo después de iniciado el ataque (sic) y habiendo conversado con varios diputados (a los que no identifica), decidió suspender la sesión debido a que en esas condiciones era imposible llevarla a cabo”. Esta versión de los hechos es contrarrestada por el testimonio de varios diputados que aseguran que la sesión no comenzó porque no hubo consenso político entre los bloques sobre lo que se iba a votar, y no por lo que estaría pasando afuera del edificio. Los propios informes policiales ratifican esta postura cuando señalan que a las 15.30 horas ya estaba todo bajo control. Sin embargo el fiscal desoye las declaraciones de los diputados y se queda con la de de Estrada. Por último, la acusación de privación ilegítima de la libe rtad: hay aquí testimonios contrapuestos. El energúmeno de Enríquez y algún empleado de la Legislatura dicen que no pudieron entrar por impedírselos los manifestantes. De hecho, Enríquez fue reconocido por algunos de ellos y tuvo que poner rápidamente los pies en polvorosa para resguardar su integridad física. Pero otros empleados y diputados de los bloques de izquierda –y esta condición se ocupa de remarcarla bien el fiscal en el texto-  sostienen que entraron y salieron sin problemas del edificio durante toda la tarde, y que en todo caso fue de Estrada el que ordenó que nadie podía salir ni entrar. Soca también descarta estos testimonios y le cree solamente a de Estrada; con lo cual establece su endeble acusación contra  los 15 por privación de la libe rtad calificada a los ocupantes del edificio. Como se puede apreciar, las imputaciones efectuadas de coacción y privación de la libe rtad son a todas luces tendenciosas y arbitrarias. Lo grave es que son ellas las que los llevaron a la cárcel a los 15, porque aunque, en el peor de los casos, hubiesen cometido el delito de daño estarían libres. La Justicia tuvo que fabricarles los otros delitos para poder mantenerlos presos y llevarlos a juicio oral. Lo cierto es que hoy, a un año de aquellos sucesos los 15 procesados están presos y las reformas al Código fueron sancionadas; con lo cual la Federal es dueña y señora de la calle y recauda a gusto, los vendedores ambulantes subsisten como pueden, y ahora sí, con la protesta social cada vez más criminalizada, la ciudad está en orden. Macri debe estar contento” , según la óptica del sitio Revista Contrakultural.
   Si bien ha transcurrido un año de estos sucesos, gran parte de la prensa sigue sosteniendo la ridícula postura del incendio al centenario edificio de la Legislatura como si se tratara del intento de toma del Palacio de Invierno. Cabe recordar que muchos analistas delirantes, llegaron a plantear que los supuestos atacantes eran algo así como integrantes de los soviets o las camisas pardas. Nada de eso ocurrió, sólo que este episodio represivo demostró a las claras los alcances de la doctrina Fernández de criminalización de la protesta social, abriéndose una bisagra que concluirá a fin de año cuando los detenidos sean llevados a juicio oral. Si las cosas se mantienen como hasta ahora, es dable inferir cuál será el resultado del mismo. Porque la cuerda, como se sabe, siempre se tensa por el lado más delgado.

Fernando Paolella