Sigue sin comprenderse adecuadamente la auténtica cuestión de fondo en Tucumán.
Excede largamente la circunstancial consagración de un candidato.
Se está inaugurando un método de altísimo riesgo que debe ser cortado de raíz, para que no siente precedentes. La jugada realizada entre "Cambiemos" y Clarín es muchísimo más riesgosa para el país, que los gobernadores delincuentes del kirchnerismo.
Porque pone en tela de juicio, directamente, a la democracia misma.
Porque pone en duda la utilidad práctica de acudir a votar a nuestros representantes.
Vale decir: Prepara el terreno para que, si alguna instancia judicial tomara medidas realmente antidemocráticas, haya una importante cantidad de gente dispuesta a avalarlas. Y eso aquí, allá, y en cualquier otra parte, se llama golpe.
Los Alperovich y todos los delincuentes que se le parecen deben pagar en la justicia la consecuencia de sus delitos. La justicia debe estar para mandarlos presos a causa de su corrupción, la justicia electoral debe dirimir cuestiones de su ámbito, pero ninguna justicia debe arrogarse el derecho de decidir que lo que un ciudadano votó, no debe ser validado.
La larga lista de irregularidades de la elección Tucumana fue eso. Pero nada más que eso.
Está fehacientemente comprobado que la quema de 42 urnas fue realizada por militantes y candidatos de "Cambiemos", del FPV, y hasta del Partido Obrero. Fueron 42, de las 3474 habilitadas en la provincia.
Lules, Monteros, La Cocha, y Cruz Alta, fueron los 4 distritos tucumanos donde se registraron estas irregularidades. Muy pocos medios han informado que, en esos 4 distritos, ganó por grandes diferencias el oficialismo. No hace falta ser muy lúcido para entender que se quemaron muchísimos más votos oficialistas, que opositores.
El problema que suscitó estas irregularidades no fue otro que el sistema de acoples, que hizo que hubiera 1 candidato por cada 43 votantes, y mesas con hasta 20 fiscales. Era sencillo advertir que no se trataría de elecciones calmas, cuando uno de cada 43 votantes tenía intereses personales en juego. Y eso fue lo que utilizó "Cambiemos", para comenzar a batir el parche del fraude una semana antes de que se vote.
Aquí no aplica el remanido argumento de que "si hubo una sola irregularidad, hay que votar de nuevo". Es absurdo y es infantil. Porque en toda elección existen irregularidades, en toda elección se impugnan y se anulan mesas, se violan urnas, se cambian telegramas, y nadie se rasga las vestiduras ni pide elecciones nuevas.
Exactamente el mismo caso del clientelismo. Son cuestiones que uno naturalmente quisiera que no acontezcan, porque van directamente sobre la dignidad de las personas. Pero están ahí, las hacen absolutamente todos, son consecuencias del país que construimos, (o que destruimos), en estos 30 años de democracia, pero la realidad es que cuando el ciudadano está dentro del cuarto oscuro, hace absolutamente lo que quiere.
Cualquier fuerza que sepa que va a perder una elección, si tiene el suficiente financiamiento y apoyo mediático, comete desmanes durante y después de la elección, exacerba a los votantes del derrotado, y anula, desde una oficina, lo que votó la ciudadanía en las urnas. Inadmisible.
En un país donde la justicia es la más endeble de las instituciones, estamos judicializando nada menos que a la propia democracia.
En un país donde apelaciones, cautelares, jueces comprados, jueces vendidos, jueces amenazados, y jueces con el culo sucio son moneda corriente y cotidiana, lo único que medianamente garantiza que el pueblo pueda ejercer la democracia es, justamente, el respeto a ultranza por el voto popular.
La elección se debe fiscalizar como corresponde, y una vez que el pueblo se expresó, debe respetarse ese voto.
Pongamos un caso hipotético que bien pudo ocurrir en la Capital Federal.
Imagine usted que el Candidato Lousteau hubiera realizado una campaña sucia, pagando para que se cometan desmanes. Realmente cree que hubiera resultado tan difícil?
Cometiendo desmanes en el sur de la ciudad, soliviantando a los postergados vecinos de Soldati, repartiendo dinero en las 56 villas miseria de la Capital Federal para asegurarse irregularidades durante y luego de los comicios, robando urnas de la EMEM 6 de Retiro, y metiéndose con ellas en la Villa 31, para quemarlas. Denunciando alteración de resultados mediante acceso a las máquinas de voto electrónico, y utilizando en su favor al conglomerado de medios K.
Suponga que Lousteau hubiera judicializado la elección que perdió por apenas 50.000 votos, en un distrito donde votaron 1.7 millones de personas, casi el doble que en Tucumán.
Suponga que un juez hubiera dictaminado que había que votar de nuevo, y usted debía ir a sufragar nuevamente, pero teniendo adecuada y convenientemente instalado que PRO le hizo trampa.
Cómo haría Larreta para volver a ganar en esa segunda elección? No podría. Gana el denunciante. Gana la supuesta víctima. Vale decir: con una operación bastante sencilla, el dinero necesario, y el apoyo mediático indispensable, a Larreta le robaban la elección.
No existe el argumento de que "si no hubo fraude, que se vote de nuevo, total van a ganar igual". Es una falacia. El sólo hecho de anular y hacer votar de nuevo pesa tanto o más que cualquier otro argumento electoral.
Pongamos otro caso aún más cerrado. ¿Qué hubiera pasado si, en Santa fe, el candidato peronista Omar Perotti hubiera judicializado la elección, donde salió tercero a tan sólo 25000 votos de Miguel Lifschitz? 25.000 votos sobre un universo cercano a los 2 millones de votantes, en una provincia que tiene terribles problemas de inseguridad, narcotráfico, y donde absolutamente nadie puede ser considerado 100% confiable.
Si no entendemos que el eje, y lo más sagrado del sistema democrático, es el respeto por el voto popular, gane quien gane, entonces no votemos más, y que los cargos a ocupar en cada distrito las decida Clarín, con la firma de algún juez amigo, de los que tantos tiene, y las anuncie oficialmente Jorge Lanata, imitando a Tibisay Lucena, la venezolana que entra a las 2 de la mañana con un papel en la mano, y anuncia pomposamente "ganamos nosotros".
Está muy claro que la Corte Suprema de Tucumán debe revocar el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, y declarar válidas las elecciones realizadas.
Si esto no ocurre, entonces sí que estamos en alto riesgo de que la elección nacional de octubre se termine judicializando.
Hace pocos días leímos un sugestivo análisis de Joaquín Morales Solá en La Nación, explicando que, a causa de la judicialización de elecciones, existe la posibilidad de que el 10 de diciembre, a CFK no le reemplace ni Mauricio macri ni Daniel Scioli, sino Gerardo Zamora, en carácter de presidente provisional, y sin que nadie pueda afirmar por cuánto tiempo, ni para terminar haciendo qué cosa.
No suena disparatado: Si la elección del 28 de Octubre se detuviera en la justicia, y debiera ser recontada, perfectamente puede llegarse a la fecha del eventual ballotage del 22 de Noviembre sin haber terminado, y sin saber si hay, o no hay un presidente.
Y si el ballotage mismo debiera ser recontado, desde el 23 de Noviembre, no hay modo de tener las certificaciones adecuadas antes del 10 de diciembre, cuando CFK se debe ir inexorablemente, (y gracias a Dios), a su casa.
No es de extrañarse que, ante la situación preelectoral imperante (Scioli ganando en primera vuelta por muy pocos votos, Macri sin haber conseguido un solo voto nuevo luego de PASO, y perdiendo casi todo el aporte de Ernesto Sanz, y Massa como ancla para ambos pero sin chances de ganar), este sea el camino que algunos vengan transitando para poder barajar, y dar de nuevo, con elecciones nacionales anuladas, y nuevos comicios con nuevos candidatos en 2016.
Y esto puede ser fogoneado absolutamente por cualquiera. Tanto opositores cuanto oficialistas, porque todos están haciendo un genuino papelón electoral, con 9 millones de personas que se quedaron en su casa y no se interesaron por salir para votar a los impresentables candidatos que les ofrecen. Oficialistas y opositores tienen que esconder a sus candidatos, porque tanto a los kirchneristas cuanto a los macristas la corrupción, lisa y llanamente, les chorrea de los bolsillos.
Todo es posible en esta Argentina donde cada día deben ocultarse, en propia defensa, más cuestiones.
Pero cuando la gente vota, y en una oficina se decide que eso no valió, todo lo que venga detrás es de altísimo riesgo.