Alberto Daniel Descalzo fue elegido concejal en 1987 por el justicialismo e integró en esa ocasión la lista encabezada por Juan Carlos Rousselot como intendente. Dos años más tarde, en el año 1989 Rousselot fue destituido por firmar el convenio para la instalación del servicio de cloacas con  Sideco Americana, léase Mauricio Macri (1) y un sector de concejales del justicialismo unido a concejales de la Junta Coordinadora Nacional (luego denominada Corriente de Opinión, liderado por Margarita Stolbizer), por mayoría de votos reemplazó al presidente del Concejo Deliberante, Raúl Zeballos, colocando en su lugar a Alberto Descalzo.
    A mediados del año 1989 el intendente era Joaquín Ignacio Arias quien tenía una relación excelente con Descalzo.
    Descalzo tuvo activa participación en las sucesivas destituciones de Juan Carlos Rousselot, que regresó a Morón cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue ampliada. Esa llamada Corte de los Milagros, le dio la razón a Rousselot para que volviera a hacerse cargo del gobierno municipal, pero cada vez que llegaba era nuevamente destituido. La vez que más estuvo en el poder fueron 5 días.
    En ese marco, Descalzo se hizo fuerte en la zona oeste.


Una de piratas

    Descalzo lleva 10 años en el poder y tiene mandato hasta el 2007. Fue secretario de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires en la gestión de Carlos Rukauf, pero los acontecimientos que llevaron a la caida de De la Rúa, hicieron que sólo durara una semana en su cargo. 
    Los Concejos Deliberantes de la Provincia de Buenos Aires, por una ley provincial votada en la etapa que Eduardo Duhalde era gobernador, se manejan con el 3% del Presupuesto Municipal. Eso determina que en Morón, que cuenta con un presupuesto anual de 125 millones de pesos, sus concejales ganen un sueldo mayor que los de Ituzaingó, que manejan 40 millones al año.
    Frente a la "limitación" del dinero, los legisladores han inventado algunos artilugios, como el de ingresar familiares o amigos a la función pública, que prestan su nombre y ceden la "parte del león" de sus sueldos al bolsillo de los concejales que los nombraron. La organización de esta "trampita" fue a instancias del intendente Descalzo y va a terminar en un Juicio Oral y Público.
    Todo comenzó en una reunión que se realizó en la presidencia del Concejo Deliberante de Ituzaingó. Estaban presentes el presidente del deliberativo, Juan Carlos Romieux y los concejales: Marta Pérez (segunda y actual esposa del intendente Alberto Descalzo), Esteban Cometa, Beatriz Martínez, Alberto Fusca (ex Frepaso), Hugo Hadad (primo de Daniel Hadad). También Eduardo Pasetti (actual presidente del bloque justicialista), Silvia Gómez, Manuel Gómez, Walter Elías, Argentina Carrión, Andrés Pereyra, María Virginia Zorrilla, Enrique Pries (entró por el radicalismo y se pasó al justicialismo) y Claudio Righes (caso similar al de Pries). Ambos terminaron su mandato pero cumplen funciones en el gobierno de Descalzo.
    A poco de comenzado el encuentro se sumó el intendente Descalzo, quien les ofreció que nombraran a dos asesores de confianza cada uno, so pretexto de que los nombramientos eran necesarios porque "los sueldos de los concejales son una vergüenza". Todos hicieron caso, pero alguien se excedió. Y es que, si multiplicamos el número de quince concejales por dos asesores suman treinta ñoquis, pero se detectaron 78.
    A eso hay que sumarle una serie de irregularidades llamativas e insólitas:
    -En la sección archivo, que se encuentra ubicada en el subsuelo del edificio municipal (que tiene 40 metros cuadrados de superficie) trabajaban 43 personas (2).
    -En el listado de empleados se encuentran algunas personas cuyas edades van de los 64 a los 78 años, entre ellas la suegra del intendente (3).
    -En el mismo listado aparecen dos concejales con mandato cumplido: Claudio Pontoriero y Samuel García.
    Parte de estas irregularidades fueron denunciadas por el senador provincial Ricardo Vallarino en el año 2003, con el patrocinio del abogado Sebastián Sanguinetti. Este último es concejal  de la agrupación Nuevo Gobierno.


Ñoquis a la bonaerense

    Hubo dos presentaciones en la justicia: en la primera se denunciaron a 35 ñoquis y en la segunda se agregaron 43 más. En uno de los listados presentados existen personas que viven en Ituzaingó, pero hay de Morón, Malvinas Argentinas, La Matanza, Merlo y Moreno.
    En el mismo momento en el que se realizó la denuncia, los concejales involucrados se reunieron en la calle Juncal 520, la oficina del diputado provincial Horacio Ramiro González, donde se encontraba el intendente Descalzo, quien les dijo: “considero que el Fiscal no tiene animosidad contra nosotros y que si somos prolijos y no salimos a quemar la relación con él, eso nos va a beneficiar”.
    En esa reunión les pidió que no nombraran abogados en forma individual. El defensor común propuesto era el Dr. Alfredo Fernández, juez de Faltas del distrito.
    La actitud del Fiscal Alejandro Jons les complicó la estrategia y cada uno intentó salvarse por su cuenta con presentaciones en algunos casos espontáneas, como por ejemplo la del concejal Walter Elías y la del concejal Andrés Pereyra. Este último se quebró y luego se desdijo, pero ya era tarde. Gracias a su declaración se conocieron detalles que se sospechaban, pero que todos ocultaban.
    Pereyra declaró el 5 de mayo de 2004 y ese mismo día el fiscal Jons citó a 14 concejales, algunos en actividad y otros con mandato cumplido. En una sesión del deliberativo, Marta Pérez mujer de Descalzo, le gritaría a Pereyra: “negro traidor”.
    Descalzó trató por todos los medios de despegarse. Presentó un escrito ante la justicia  presentándose como particular damnificado, lo cual fue rechazado por el fiscal. Buscó presentarse como ajeno a la maniobra, con el argumento de que no sabía nada y que lo habían perjudicado, pero el argumento cayó cuando se supo que quien firma los nombramientos es el propio intendente, es decir, él mismo.
    Los concejales y ex concejales que están procesados son 14 en total, mientras que Descalzo está imputado como autor responsable de los delitos de "fraude contra la administración pública, administración fraudulenta y nombramientos excesivos en forma reiterada".
    En ese contexto, con enorme impaciencia, el Intendente espera su juicio oral. Sabe que no tiene muchas chances de salir indemne...

Roberto Cuzzani

(1) En aquellos años, Ituzaingó y Hurlingham pertenecían a Morón. La división se realizó en 1995.

(2) A estas hay que agregarles dos asignadas: Norma Rivero, DNI 3.898.829, legajo 676 y Agustina Furquín, DNI 5.400.214, legajo 2.197.

(3) La ley 11757 llamada "estatuto del Empleado Municipal", en el artículo 3 inciso B, establece como limitación al ingreso o admisión de agentes municipales la edad de 50 años, con una excepción para los agentes de 60 años. En todos los casos ninguna persona mayor de 60 años podrá ser admitida como empleado del Estado municipal.