"Tomo este último hecho como una intimidación", repitió María Eugenia Vidal a quienes la contactaron en las últimas horas para solidarizarse por el hallazgo de un cartucho de escopeta en su chalet de la localidad de Castelar, donde ya no vive.

La mandataria distingue este hecho de otros que a su juicio podrían haber sido promovidos por jóvenes o desequilibrados como las amenazas de bomba recibidas en reparticiones oficiales.

Para Vidal, el cartucho de escopeta se asocia con la detección de policías revisando su despacho en junio; la violación de la residencia de su mano derecha, Federico Salvai, o las pedradas sufridas en el acto junto a Mauricio Macri en Mar del Plata.

Como dijo en la entrevista que dio este martes a CNN, detrás de las amenazas estarían la anunciada reforma del sistema penitenciario bonaerense, la separación de 1.750 policías, las denuncias por estafas en la obra social IOMA y más de cuarenta casinos clandestinos cerrados en ocho meses.

El rol de la política

La ex ministra de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires suele destacar el diálogo que entabló con otras fuerzas políticas incluso el Frente para la Victoria tanto en el territorio como en la Legislatura, pero cree que hay un sector del kirchnerismo "fanatizado y antidemocrático" que busca crear un clima de agitación social.

Entre estos últimos estarían el líder de Quebracho, Fernando Esteche, y el presidente del PJ bonaerense, Fernando Espinoza, quienes hablaron públicamente de la posibilidad de que el Gobierno de Cambiemos no llegue al final de su mandato.

Vidal ve zonas de agitación en La Matanza, Avellaneda (gobernada por el kirchnerista Jorge Ferraresi) y Moreno (partido conducido por el camporista Walter Festa).

Cerca suyo advierten que el clima de paz social es una de las prioridades del gobierno provincial de cara a fin de año, cuando los conflictos sociales suelen hacer eclosión en el Conurbano.

Mientras tanto, busca pisar firme en torno a La Bonaerense, una fuerza que Eduardo Duhalde definió como "la mejor policía del mundo" y que pocos años más tarde era rebautizada como "maldita policía" tras el asesinato de José Luis Cabezas.

En la Gobernación aseguran que dan entidad a todas las denuncias, públicas y anónimas, entre las que sobresale la que formuló Elisa Carrió, posible candidata del oficialismo el año próximo en Buenos Aires, contra el jefe de la fuerza, Pablo Bressi, por su presunta vinculación con el narcotráfico.

Después de someter la acusación a una investigación interna, la Gobernadora decidió ratificar a Bressi, aunque ahora volvió a ponerlo bajo la lupa luego de que dos de sus exparejas lo denunciaran por presunta violencia de género.

Encomendó una investigación a Daniela Reich, la subsecretaria de Género y Diversidad Sexual de la provincia, y espera los resultados.

Carrió apuntó al esquema de recaudación ilegal de la policía provincial, que según afirmó, se mantiene intacto pese a los esfuerzos de la nueva administración.

En el gobierno provincial sostienen que si las denuncias son constatadas actuarán en consecuencia como ocurrió con jefes policiales de Lanús, también apuntados por la diputada chaqueña, que fueron desplazados.

En ese distrito, además, el Gobierno nacional se apresta a desplegar fuerzas federales.

Vidal espera un rol más activo de sectores de la Justicia en el saneamiento de estructuras corruptas de la provincia, sobre todo para que los policías desplazados también vayan presos en caso de comprobarse que cometieron ilícitos.

Suele remarcar como ejemplo de esa parsimonia judicial que los nueve acusados por la triple fuga los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci "están libres", pese a que fueron señalados por el director del penal de General Alvear. La política también mete una cuña en los tribunales.

El juez federal marplatense Alfredo López acusó de hacerse los distraídos a tres fiscales que deberían haber intervenido en la investigación por la agresión a Macri y Vidal ocurrido en esa ciudad el 12 de agosto. Los acusó de estar alineados con el kirchnerismo.

En respuesta, uno de los apuntados el fiscal general federal Daniel Adler lo acusó de hacer inteligencia contra manifestantes.

En medio de esos tironeos se encuentra la situación de la procuradora bonaerense, María del Carmen Falbo, quien inició los trámites para su jubilación pero luego aclaró que lo hizo para quedar a resguardo de cualquier reforma previsional. Para Vidal el rol del procurador es clave y no confía en Falbo.