Es el relato neomarxista "soft", que seduce por igual a estudiantes de Derecho, a letrados "progres" y a anarquistas oxidados, que todavía creen que la vida real es una canción de Joaquín Sabina, con insultos a la policía incluidos.

Es el discurso que ha invertido el paradigma milenario del Derecho Penal. El que sostiene que el criminal es la víctima de un sistema capitalista o neoliberal que lo excluyó y que la víctima es, en realidad, el victimario.

Es la perorata preferida de una secta, en la cual sus integrantes aseguran que el delito es una “creación política”. Que el proceso penal es una farsa de los poderosos, quienes le quitaron a los particulares el “conflicto” y la posibilidad de resolverlo entre ellos. Que  la cárcel “no sirve para nada”. Que el Estado no está “legitimado” para imponer penas. Que la pena es otro “hecho político” para llenar de pobres e indigentes las “agencias” policiales y penitenciarias, para “saciar” las ansiedades de las clases dominantes frente a la “sensación de inseguridad”…

Por supuesto, los abolicionistas se consideran una raza superior, con una inteligencia de otro planeta, muy lejos de nosotros, los dinosaurios, los que no entendemos nada, los "fachos".

Que el abolicionismo y los abolicionistas han hecho un daño inconmensurable al Derecho Penal Argentino y a la Administración de Justicia Penal, no es ninguna novedad. Por el contrario, es un tema demasiado trillado.

Pero muy poco se ha dicho o escrito sobre la nefasta influencia de esta supuesta corriente doctrinaria en la prevención delictual, resorte exclusivo del Poder Ejecutivo.

En medio de la inaudita ola de inseguridad que nos azota, dónde no sólo el delito aumenta en cantidad, sino que -además- se incrementa la violencia en casi todas las formas de comisión criminal, y el negocio de la droga y el consumo masivo de estupefacientes inciden en forma directísima en ambas variables, los gobernantes y los aspirantes a serlo buscan desesperadamente las respuestas a las desesperadas demandas de la comunidad (o "de la gente", como indican que debe decirse los modernos manuales de marketing político).

"Más policías en las calles"; "camaritas, botones de pánico y alarmas"; "policías municipales, locales, comunales, barriales, deportivas", etcétera, parecieran ser las palabras mágicas con las que los dirigentes se ilusionan para construir las soluciones a aquellas demandas "de la gente".

Pero, con la sola presencia no alcanza. El delincuente no se intimida con la existencia de la Policía en las veredas. Ni con las cámaras. Ni con los patrulleros multicolores o con los jovencitos y jovencitas con sus impecables uniformes almidonados, caminando sin rumbo fijo por calles y avenidas... Por el contrario, los desafían constantemente. Es el ADN del criminal.

La prevención delictual es presencia policial, sí. Pero también es conocimiento, información, análisis. Es táctica y estrategia. Es adelantamiento a la conducta del ilegal.

Sin embargo, nada de esto sucede con la policía actual...

Desde hace años, diversos fallos judiciales, con la excusa de la existencia -real y concreta- de múltiples actos de corrupción y/o de abuso policial, han neutralizado -o directamente, eliminado- normas contravencionales, facultades policiales preventoras en conductas o sospechas de conducta pre-delictuales (vgr. merodeo, omisión de identificación, vagancia, etc.), eliminación de los álbumes de "modus operandi",  satanización del denominado "instinto policial"  o de la llamada "actitud sospechosa", etcétera.

Abolir es la cuestión

Con los rótulos de “policización”, “policialización”, estigmatización, militarización policial, derecho penal del enemigo, entre otros términos y frases que adornan cursos, conferencias, libros y revistas de los gurúes abolicionistas, distintos fallos judiciales hicieron posible que la fuerza policial se fuera quedando Noticia en desarrollo —exclusivamente— con la presencia, las camaritas y los patrulleros con calcos símil autos del TC 2000... Es decir, estar ahí, en la calle, con la esperanza de atrapar al delincuente in fraganti...

Obviamente, esto no es prevención. El criminal podrá ser aprehendido instantes después de haber cometido el delito... Pero ya habrá robado, violado o asesinado. La policía, en este caso, habrá llegado cinco segundos tarde. Pero tarde al fin.

Mirar para el costado

Mientras los fallos abolicionistas se dedicaban a destruir la prevención delictual, durante muchos años los poderes ejecutivos (nacional y provinciales) "acataban respetuosamente" las decisiones de la Justicia... ¿Por qué? Presumo que por tres razones:

La primera, era la excusa perfecta para deslindar responsabilidades, argumentando respecto de los delincuentes, "la policía los atrapa, el poder judicial los libera"...

La segunda, constituía una oportunidad inmejorable para sostener el discurso progre-abolicionista, profundizar el "relato" y ganar más adeptos. El desprecio a la Policía y a todo lo que tenga uniforme con gorra, vende bien.

La tercera, todavía no había nacido el "partido judicial", y no había necesidad de recurrir las decisiones jurisdiccionales hasta las últimas instancias procesales, presionar a los jueces o amenazarlos con juicios políticos.

En tanto, los delincuentes siguen ahí, tranquilos,  en las calles de un país que se acostumbró a vivir al margen de la ley.

Marcelo  Carlos  Romero
Fiscal del Ministerio Público
Especial para Tribuna de Periodistas