Estupor e indignación generalizada causó la muerte de Ludmila, la beba de cuatro meses que fuera internada el 1º de septiembre pasado en el Hospital Italiano de Córdoba, como consecuencia de la brutal golpiza a la que fue sometida por sus padres.

    El estado de la pequeña era irreversible y los médicos en todo momento pidieron autorización judicial a la jueza de la causa para desconectar el respirador artificial que la asistía. Este fue el detonante que indignó a los vecinos, ya que había existido una denuncia anterior de la abuela materna por maltratos que la niña había sufrido y que le provocaron en ese momento la fractura en un bracito. Fue cuando la beba tenía dos meses de edad.

    La petición de desconexión para la respiración asistida de la niña desencadenó un debate de índole legal, ético y moral y demostró la esquiva actitud de la justicia.

    En ese momento la magistrada que entendía en la causa se excuso diciendo que "yo no soy médica, soy abogada… que se restituya a la pequeña a sus padres en base a los informes médicos del hospital y a los resultados de las pericias del forense judicial…"

    Así es como la Legislatura cordobesa evaluó la posibilidad de pedir un jury de enjuiciamiento a la jueza –Dra. Amalia García de Fabre- quién pidió en las últimas horas apartarse de la instrucción de la causa, alegando “violencia moral", siendo reemplazada por la jueza de menores Dra. Azucena Sánchez de Kolodny.

    Como consecuencia de la muerte de la beba, se habría realizado un cambio de carátula de “lesiones gravísimas” a "homicidio agravado por el vinculo", motivo por el cual los padres de Ludmila se encuentran detenidos a disposición  del fiscal Marcelo Hidalgo, quien investiga todo el proceso.

    Todo ello resulta incomprensible, ya que no se puede entender el accionar de la justicia y de la originaria jueza de la causa, que permitió la restitución de la beba a sus padres. No fue suficiente la existencia de un primer acto de violencia, había que esperar que volvieran a golpear a la beba para tomar la debida intervención judicial y que los culpables (padres) terminaran respondiendo por un homicidio que no tiene justificación alguna.

    Seguramente a nivel psicológico y psiquiatrico los especialistas encontrarán ciertas respuestas frente al interrogante del porqué golpear y matar a un niño sin importar la edad, tal vez como ensañamiento y resentimiento por un pasado de golpes, frustaciones y violencia familiar, con patologías que no admiten explicación alguna y que se pueden trasmitir.

    Sólo resta esperar que la justicia condene a esta pareja que no puede ser declarada ininputable porque comprendían la criminalidad del acto y la intención de golpear. Esperemos que nada quede a mitad de camino y que los "operadores jurídicos" que están trabajando al servicio de la comunidad puedan investigar y llegar a la sentencia definitiva, mas allá de que los culpable se amparen en la "emoción violenta".
    Esperemos que dejen de existir otras Ludmilas y que la frase tan invocada hasta el hartazgo “los niños son los primeros, los niños son los privilegiados” no quede en un dogma que sólo se invoca como argumento frente a la explotación, al trafico de niños y al trabajo infantil; pues si bien es cierto que existe la Convención de los derechos del niño y adolescentes, en la practica todo resulta diferente.
    Ojalá que el abrazo simbólico que se realizó en el Congreso –el miércoles 14 de setiembre– con la participación de organizaciones como las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, UNICEF Argentina y otros, solicitando el urgente tratamiento y posterior sanción de la ley de Protección de la Infancia -que ya tiene media sanción- permita proteger a nuestros niños que se encuentran indefensos, y necesitan crecer sanos y sin miedos, con el amor de un padre y una madre que los ame y no los lastime.

Graciela Catalán Álvarez